Los conflictos de interés de ricardo Martinelli

Juan C. Varela evaluará ley del etanol

El presidente electo de Panamá Juan Carlos Varela prometió revisar la norma que hace de uso obligatorio el etanol como aditivo en el combustible.

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Central Azucarero La Victoria pertenece a la familia Martinelli-Virzi. El hoy presidente Ricardo Martinelli presidió el ingenio hasta 2007, cuando su hermano Mario lo relevó. Central Azucarero La Victoria pertenece a la familia Martinelli-Virzi. El hoy presidente Ricardo Martinelli presidió el ingenio hasta 2007, cuando su hermano Mario lo relevó.
Central Azucarero La Victoria pertenece a la familia Martinelli-Virzi. El hoy presidente Ricardo Martinelli presidió el ingenio hasta 2007, cuando su hermano Mario lo relevó.

La polémica Ley 42 de 2011, que obliga el uso de etanol en la gasolina, y que fue el fundamento del nuevo negocio de la familia del presidente Ricardo Martinelli, será revisada por el nuevo gobierno.

“Dentro de los primeros meses de nuestro gobierno este tema será debatido en Gabinete y presentaremos un anteproyecto de reforma de ley” en la Asamblea Nacional, indicó a este medio el presidente electo Juan Carlos Varela.

La norma será objeto de análisis en su totalidad: “precios, porcentajes, importación, y obligatoriedad”, precisó el gobernante entrante.

Adelantó, el hoy también vicepresidente de la República, que solo se debe incorporar al mercado la producción nacional de etanol para así fomentar la agroindustria.

El etanol se vende actualmente a un precio fijo, establecido por la empresa Campos de Pesé, el cual fue aceptado por el Gobierno. El costo es de $1.21 el litro o $4.58 el galón, precio este que es más del doble del precio internacional ($2.08 el galón).

Este precio debe volver a revisarse en septiembre próximo con Campos de Pesé, la única empresa que provee el producto, y que desde abril pasado se consume en todo el país.

En 2016, cuando entre en operación la planta de etanol de la empresa familiar del presidente Martinelli, Central Azucarero La Victoria –que preside su hermano, Mario–, el uso obligatorio del biocombustible como aditivo en la gasolina pasará del 5% al 10%.

Para producir este aditivo, Central Azucarero La Victoria invertirá $28 millones.

Según Varela, “el precio que se paga por litro de etanol en Panamá debe tener como referencia su precio en el mercado internacional, más el incentivo que de manera responsable se decida establecer”.

Han causado polémica aspectos como la obligatoriedad del consumo del biodiésel y el hecho de que esta mezcla incrementa el precio del combustible. Este último punto fue admitido por el propio Martinelli cuando hablaba de las bondades ecológicas y económicas de la nueva industria, pero sin mencionar una palabra sobre el interés de su familia en ser parte de este nuevo negocio que creó, justamente, su gobierno.

En este sentido, un sondeo no científico realizado en la página web de La Prensa del 18 al 22 de junio arrojó que la mayoría de los panameños no está de acuerdo con esta imposición (ver gráfico).

De los 275 votos emitidos, el 88% rechaza la obligatoriedad del consumo del biocombustible.

Martinelli defendió en Twitter el negocio de la empresa en la que tiene participación: “Con la competencia bajan los precios, cualquiera puede montar una planta de etanol, que produce miles de empleos, diario de la opo con martinellifobia”.

Esto lo escribió luego que La Prensa publicara la semana pasada que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le aprobó a la empresa el estudio de impacto ambiental para construir la planta en los terrenos del ingenio La Victoria, en La Raya de Santa María, en Santiago de Veraguas.

Para Mirei Endara, directora designada de la Anam, el uso del etanol debe ser una decisión que “como país tenemos que tomar en conjunto”, puesto que podría compensar el uso de hidrocarburos, pero habría que designar nuevas áreas para cultivar caña de azúcar, que dejarán de ser usadas para otras siembras, dijo en el programa “Radar” de TVN, transmitido el domingo.

Voces de la sociedad civil han pedido al gobierno de Varela revisar y hasta derogar la Ley 42, que desde abril pasado está obligando a los automovilistas a comprar gasolina con 5% de etanol.

El empresario y economista John Bennett dijo que si el negocio es bueno, que se haga, pero sin distorsiones, como los subsidios o la obligatoriedad del consumo, ya que la economía debe ser libre.

Raúl Moreira, expresidente del Colegio de Economistas, criticó que un gobernante cree “un mercado cautivo” y luego se aproveche para recibir beneficios. Esto es “una grave violación al principio de transparencia de gestión pública”, advirtió.

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