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Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit

‘No podemos privilegiar el ejercicio de la acción penal sobre el derecho a un proceso penal razonable’, argumentó en su fallo.

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Juez séptimo penal, Felipe Fuentes. Juez séptimo penal, Felipe Fuentes.
Juez séptimo penal, Felipe Fuentes. Archivo

El juez séptimo penal, Felipe Fuentes, señalado por la pérdida de siete cuadernillos del expediente del caso de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), le puso otra traba al caso.

En un fallo del pasado 25 de enero, Fuentes declaró compleja la causa y concedió una prórroga de dos años para investigar, pero advirtió de que esta venció el 14 de diciembre de 2017.

En el documento, Fuentes aseguró que el 14 de junio de 2017 prorrogó por seis meses el plazo para investigar, aunque advirtió que “la fiscalía interpreta que la declaratoria de causa compleja le concede hasta dos años más para seguir investigando, lo cual es incorrecto (...)”.

Sustentó que al plazo de investigación –que está transcurriendo–, se le pueden añadir otros términos hasta completar los dos años de pesquisas, que es el límite máximo para ello.

En este proceso, la Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga a 14 personas, entre ellas, a Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de la extinta casa de valores, así como a personas cercanas al expresidente Ricardo Martinelli. Esto, luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores solicitara que se investigara el supuesto uso de información privilegiada a través de FP (con la cuenta High Spirit), a fin de manipular el mercado de valores para la compraventa de acciones de Minera Petaquilla.

OTRA ESTOCADA AL CASO FP

High Spirit era, supuestamente, la cuenta que tenía el expresidente Ricardo Martinelli en la extinta casa de valores Financial Pacific, para manipular el mercado de valores con las acciones de Minera Petaquilla. Expandir Imagen
High Spirit era, supuestamente, la cuenta que tenía el expresidente Ricardo Martinelli en la extinta casa de valores Financial Pacific, para manipular el mercado de valores con las acciones de Minera Petaquilla. LA PRENSA/Archivo

“El principio de la justicia en tiempos razonables opera a favor de las personas sujetas a la investigación penal, pues de no existir dicho principio, el Estado podría investigar perpetuamente”.

El anterior es uno de los argumentos que expuso el juez séptimo de circuito penal, Felipe Fuentes, en el auto incidental número 6 del pasado 25 de enero, que le puso otro escollo al caso Financial Pacific (FP): lo declaró causa compleja y le dio una prórroga de dos años, pero advirtió de que esta venció el 14 de diciembre de 2017.

Este expediente tiene relación con las supuestas irregularidades cometidas a través de varias sociedades para manipular el mercado de valores con las acciones de la Minera Petaquilla.

El veredicto de Fuentes se dio a conocer a través del edicto número 40, publicado en un mural del juzgado el pasado viernes 26 de enero.

LOS ARGUMENTOS

En el fallo, el juez Fuentes advirtió también de que la declaración de causa compleja de la presente investigación hace que el término se extienda a dos años, incluidas las prórrogas, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 15 de esa misma norma.

Precisa que la culminación de ese plazo coincide con la finalización del término de seis meses de prórroga que le fue otorgado por ese juzgado el 14 de junio de 2017. “No debe confundirse la extensión de un término con su renovación, lo cual al parecer ocurre en esta solicitud, pues con formular la solicitud se deduce que la fiscalía interpreta que la declaratoria de causa compleja le concede hasta dos años más para seguir investigando, lo cual es incorrecto”, sustentó.

También indicó que en esta controversia aparentemente se enfrentarían dos principios procesales: la tutela judicial efectiva y el derecho de ser juzgado en un tiempo razonable, por lo que el juez debe decidir a favor de uno de los dos, y él opinó que la posibilidad que tiene el Estado para investigar un delito o a una persona “tiene su límite en el tiempo con la prescripción de la acción penal”.

LA GÉNESIS DEL CASO

El caso al que se refiere el juez tiene su génesis el 8 de junio de 2015, cuando la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) pidió al Ministerio Público que investigara posibles irregularidades a través de las sociedades High Spirit y Jal Offshore, que habrían violado la ley que regula el mercado de valores al captar del público recursos financieros sin permiso.

Ambas tenían cuentas en FP y recibían fondos de procedencia desconocida, y presuntamente ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals. Las cuentas, dijo la SMV, estarían vinculadas con el expresidente Ricardo Martinelli, sus familiares y amistades cercanas.

El Ministerio Público abrió la investigación el 17 de junio de 2015 y ordenó la indagatoria de West Valdés e Iván Clare, quienes fungieron como directivos de FP.

En ese grupo también se incluyó a Ori Sasson Zbeda, Mariel Rodríguez, Carlos Javier Osorio, Teresa Sánchez de Wald, Aaron Mizrachi, Navin Bhakta, Tse Yum Ling, Gumersindo García, Jesús Valeiro, Miguel Elías Mihalitsianos, Roberto de la Espriella, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio, Teresa Sánchez Herrera y Josué Ansalón Chávez.

En este caso se investiga la supuesta comisión de delitos financieros en la modalidad de blanqueo de capitales, y en este momento está en manos de la fiscal Leyda Sáenz, quien solicitó que el caso se declarara complejo.

PORCELL ADVIRTIÓ

A finales de agosto de 2017, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, advirtió de que cinco casos emblemáticos en los que se investiga supuesta corrupción podrían quedar impunes.

Uno de ellos era, precisamente, el caso relacionado con High Spirit.

La parte de este proceso que involucra al expresidente Martinelli está radicada en la Corte Suprema de Justicia, único ente competente para investigarlo, dada su condición de diputado.

Este expediente es uno de los que extravió el juez Fuentes, hecho que se dio a conocer luego de que el lunes 15 de enero, entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m., un conductor se percató de que documentos en un sobre amarillo habían caído sobre la vía Panamericana, cerca del sector de Loma Cová, Arraiján. Cuando el hombre llegó al trabajo, revisó el sobre y se trataba de documentos oficiales, entre los que estaba el expediente relacionado con la extinta casa de valores.

Al día siguiente (martes 16 de enero), entregó los papeles a la Procuraduría de la Nación, que abrió una investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

La fiscalía anticorrupción que lleva la pesquisa busca determinar cómo estos documentos oficiales se encontraban fuera del tribunal de la causa, en el que “deben permanecer bajo custodia”.

En una carta enviada al presidente de la Corte, José Ayú Prado, Fuentes admitió que tenía en su casa los expedientes relacionados a Financial Pacific, pero añadió que se trató de un “error”.

Contó que el Juzgado Séptimo Penal, que dirige, se mudó el mes pasado a una nueva sede y que, en medio de esa acción, varios documentos oficiales se habrían mezclado con otros personales relacionados con una tesis que adelanta para optar por una maestría en derecho penal de la Universidad de Panamá.

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