Juez decide que no hubo dolo en bloqueo a Corprensa

Por segunda vez el juez segundo municipal, Leslie Loaiza, concluyó que no hubo delito y ordenó el archivo definitivo del proceso seguido a cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Trading (TCT) por el bloqueo a los periódicos La Prensa y Mi Diario ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.

El 26 de noviembre pasado, Loaiza ordenó el archivo definitivo sin realizar audiencia; sin embargo, los abogados de ambos medios de comunicación apelaron y el Tribunal de Apelaciones y Consultas ordenó celebrar la audiencia preliminar, porque se habían formulado cargos por delitos contra la libertad de prensa a los cinco trabajadores de TCT.

Esta vez Loaiza dictó el fallo de sobreseimiento definitivo el pasado miércoles, 29 días después de celebrar la audiencia preliminar, el 29 de julio pasado.

El bloqueo a la sede de Corporación La Prensa (Corprensa), en la vía 12 de Octubre, duró más de tres horas y afectó la circulación de ambos diarios, porque los vehículos que llevan los periódicos al interior no podían acceder a la sede de los medios de comunicación.

Miembros de la sociedad civil organizada, gremios profesionales, políticos de oposición y personal de Corprensa hicieron una cadena humana, para pasar de mano en mano los bultos con los periódicos hasta colocarlos en los camiones encargados de distribuirlos en las provincias.

No fue hasta la llegada del entonces presidente Ricardo Martinelli que los trabajadores de TCT retiraron los camiones y despejaron la vía.

Loaiza argumentó en el fallo que al momento del bloqueo no hubo dolo ni intimidación.

“Los diarios circularon a nivel nacional y el mismo día destinado a su distribución”, indicó.

“En ningún momento se pudo observar a los empleados de la empresa TCT con armas de fuego, objetos contundentes o que hayan ingresado al interior de Corporación La Prensa, para amenazar o destruir equipos para el tiraje de los diarios”, agregó.

La personera cuarta Municipal, Maribel Concepción, pidió sobreseimiento definitivo en favor de los acusados Juventino Frías, Bacilio Ríos, Ariel Garay, Félix Aguilar y Ceferino Espino.

Según el juez, el llamamiento a juicio en este caso es violatorio del debido proceso, porque la personera Concepción “no acusó a los hoy sindicados”.

Manifestó que no se puede perder de vista que el cierre total de la vía 12 de Octubre “se debió a los cordones de seguridad que aplicaron las unidades de policía por la gran cantidad de personalidades políticas y autoridades del Gobierno Nacional que asistieron al sitio”.

APELACIÓN

Jair Urriola, abogado de Corprensa, indicó que “el tipo penal exige que no haya o que se interrumpa la circulación del medio, y que todos los testigos declararon que por más de tres horas se impidió la circulación, por lo que sí se configuró el delito”.

Agregó que apelaran el fallo, para que “así como nos dieron la oportunidad de ir a audiencia preliminar, podamos ir a un juicio”.

El presidente de La Estrella de Panamá y del Consejo Nacional de Periodismo, Eduardo Quirós –quien fue testigo del bloqueo–, dijo que “el fallo revela que nuestra justicia es deficiente ante un hecho público y notorio. Al final es un acto de impunidad”.

Filemón Medina, secretario del Sindicato de Periodistas, opinó: “Aquí hay afectación de varias formas. Se atenta contra la libertad de prensa, porque le impide [a La Prensa y Mi Diario] cumplir con sus labores de comunicación social y circulación como corresponde”.

Simón Bolívar Alemán, presidente del Fórum de Periodistas, agregó que “es un absurdo lo que ocurre con nuestra justicia, está muy corrompida”.

“Hay influencia muy poderosa de gobiernos anteriores y ya ve usted el resultado, la influencia en nuestros jueces”, advirtió.

En marzo pasado, el entonces juez Alexis Ballesteros denunció que recibió presiones de los magistrados José Ayú Prado, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz para fallar contra La Prensa.