Juez otorga fianza a red de corrupción en las cárceles

El juzgador estimó que en el caso del delito de estafa investigado, cada uno de los afectados debió presentar una denuncia por separado.

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La red criminal cobraba dinero por libertades y traslados de cárcel a los privados de libertad. La red criminal cobraba dinero por libertades y traslados de cárcel a los privados de libertad.
La red criminal cobraba dinero por libertades y traslados de cárcel a los privados de libertad. Archivo

El Juzgado Primero Penal otorgó fianzas de 25 mil dólares y 30 mil dólares a ocho de los presuntos integrantes de una red de corrupción que operaba dentro del sistema penitenciario, que cobraba a los familiares de los internos por el traslado de cárcel, rebajas de penas, permisos de salida y medidas cautelares, entre otras irregularidades.

En una resolución con fecha del 5 de septiembre de 2016, el juez Rolando Quesada Vallespi otorgó la fianza de excarcelación a los investigados en este proceso por considerar que al expediente no se han incorporado evidencias que indiquen que son personas peligrosas o que puedan perturbar a los testigos o al denunciante del caso.

En su fallo, el juez Quesada Vallespi estimó que en el caso de la supuesta comisión del delito de estafa, cada uno de los afectados debió presentar una denuncia por separado, ya que la investigación está orientada contra una red criminal y se debe individualizar la participación de cada uno de los procesados, a fin de establecer su grado de responsabilidad en la supuesta comisión del ilícito.

También detalló que en este expediente las víctimas de la estafa eran perfectamente conscientes de que los pagos realizados para obtener las rebajas de pena, traslado y libertades eran ilegales, y por consiguiente un ilícito.

La investigación adelantada por la Fiscalía Auxiliar reveló la existencia de una red integrada por particulares, reclusos y funcionarios del sistema penitenciario que ofrecían a familiares de los internos la conmutación de penas de cárcel, falsificación de sentencias, traslados de los privados de libertad a otras cárceles por sumas de dinero que iban desde 5 mil dólares a 70 mil dólares.

Para ello, la red se valió de documentos falsificados que llevaban la firma del exdirector del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón.

En este aspecto las pesquisas evidenciaron que la red criminal operaba en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y el Centro Femenino de Rehabilitación.

En el expediente, la fiscalía logró consignar la declaración de un abogado que aceptó haber sido estafado por la red criminal que le ofreció ciertas facilidades para un cliente que permanecía detenido.

La Fiscalía Auxiliar también investiga si la red criminal alcanzó a facilitar la salida de algún interno con la presentación de documentos falsos.

Tras el descubrimiento de esta red, el Ministerio de Gobierno adelanta una auditoría en las cárceles de todo el país.

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