PROCESO

Juez rechaza recursos a Francolini y a Chanis

Riccardo Francolini y Ricardo Chanis son procesados por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business.

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Riccardo Francolini y Ricardo Chanis. Riccardo Francolini y Ricardo Chanis.
Riccardo Francolini y Ricardo Chanis. LA PRENSA/Archivo

El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), y de Ricardo Chanis, exdirectivo de esa organización, en la investigación que lleva la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada por transacciones para la compra del grupo Editora Panamá América S.A. (Epasa), supuestamente con fondos públicos, caso conocido como New Business.

En un fallo emitido el 29 de noviembre pasado, la jueza decimoctava Baloisa Marquínez rechazó el recurso presentado por la defensa de Francolini, en la que alegó supuesta violación del debido proceso por parte de la fiscalía, debido a que le formuló cargos cuando tenía fuero electoral.

Según la defensa, Francolini tenía dicho fuero al ser candidato a convencional de Cambio Democrático (CD) por el corregimiento de Juan Díaz en las elecciones celebradas el 15 de octubre pasado.

De acuerdo con el abogado de Francolini, para el 4 de septiembre de 2017, cuando la fiscalía le formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero, su cliente ya gozaba de fuero electoral desde el 22 de agosto pasado.

También Francolini, a través de su abogado, señaló que la investigación se inició el 6 de marzo de 2017, por lo que habrían culminado los cuatro meses de la etapa sumarial y la fiscalía se habría excedido en el tiempo establecido por el Código Judicial para para culminar la investigación.

No obstante, en su fallo la jueza Marquínez deja claro que según información suministrada por el Tribunal Electoral, Francolini obtuvo el fuero electoral el 6 de septiembre de 2017, fecha en que quedó en firme su postulación a convencional.

Por ello, según la juez, la fiscalía no violó el fuero penal electoral al procesado.

En cuanto al argumento de la defensa del vencimiento del término de investigación, la jueza le recordó que el Segundo Tribunal de Justicia, en un fallo del pasado 14 de noviembre, revocó una decisión de ese mismo juzgado y declaró compleja la investigación y le concedió a la fiscalía un término de un año para concluir el proceso.

EL CASO CHANIS

En un fallo del 11 de diciembre, la jueza Marquínez negó un incidente de controversia que pedía la nulidad del caso en cuanto a lo actuado sobre Chanis, quien nunca ha comparecido personalmente, dentro del proceso.

La defensa de Chanis alegó que su cliente no participó de las reuniones en las que la junta directiva de la CA aprobó un préstamo de $4 millones a favor de Henry Mizrachi, también investigado en este caso.

También sostuvo que la actuación de su cliente en este caso se dio por ejercer la profesión de abogado y solo ejecutó actos propios del ejercicio de esta profesión, como lo fue la constitución de la sociedad Tphac, Inc. y la celebración del contrato de compraventa para la compra de Epasa.

Según el abogado de Chanis, la fiscalía violó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque incurrió en un trato cruel e inhumano al vincular a Chanis en la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales sin contar con suficientes elementos jurídicos.

Marquínes indicó que la junta directiva de la CA, de la que Chanis formaba parte, aprobó el 14 de diciembre de 2010, un préstamo de $4 millones a favor de Henry Mizrachi y otro de $3 millones a favor de la sociedad Office Global Corp. como capital de trabajo. La jueza indicó que estos fondos fueron usados presuntamente para la compara del grupo Epasa.

Además, detalló que Chanis sí constituyó la sociedad Tphac, Inc., compradora de las acciones de Epasa, y además que es él quien suscribe el contrato de compraventa de esa empresa.

Así mismo, detalla que las negociaciones para la venta de Epasa las realizaron Henry Mizrachi y Ricardo Chanis como representante de los compradores. A juicio de la jueza, todas estas situaciones revelan la probable vinculación de Chanis con el supuesto ilícito, producto de la investigación de la fiscalía de que la compra del grupo Epasa se hizo con dinero de supuesta procedencia ilícita, que se mezcló con dinero lícito para darle apariencia legítima a dicha transacción.

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