PRESUNTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS

Jueza beneficia a Manuel Morales, directivo de HPC-Contratas

La fianza para no ser detenido concedida al imputado fue apelada por el Ministerio Público ante el Segundo Tribunal Superior Penal.

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El préstamo otorgado por la CA para el centro de convenciones en Amador fue supuestamente usado para tapar un desfalco en FP, según la fiscalía. El préstamo otorgado por la CA para el centro de convenciones en Amador fue supuestamente usado para tapar un desfalco en FP, según la fiscalía.

El préstamo otorgado por la CA para el centro de convenciones en Amador fue supuestamente usado para tapar un desfalco en FP, según la fiscalía. Foto por: Archivo

Manuel Morales Diez Manuel Morales Diez

Manuel Morales Diez

Manuel Morales Diez, directivo de HPC-Contratas-P&V, investigado por presunto peculado agravado en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA), tras la línea de crédito de $9 millones que este banco estatal otorgó a ese consorcio para la fallida construcción del centro de convenciones de Amador, fue beneficiado por el Órgano Judicial con una fianza de $80 mil para no ser detenido como parte del proceso.

Pese a que Morales Diez es requerido internacionalmente a través de una alerta roja de Interpol, la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta –quien asumió el proceso a finales del mes pasado– le concedió la fianza con el argumento de que ha manifestado su interés de comparecer al proceso y que “no hay peligro de que destruya pruebas” de la investigación.

“Debemos indicar que Manuel Morales Diez ha manifestado, por intermedio de su abogada, su interés de participar de forma voluntaria en el proceso. Además, no se observa la posibilidad de destrucción de pruebas que puedan atentar contra la vida o salud de otras personas, contra sí mismo, aunado a que el sumario ha ingresado a este Tribunal para proseguir con la etapa correspondiente”, sostuvo Urieta en su fallo, fechado el 3 de este mes.

Desde finales de 2016, la Fiscalía Primera Anticorrupción –a cargo de este proceso– ordenó la indagatoria de Morales Diez y este no ha comparecido.

Debido a que el expediente está en “etapa de calificación” por el juzgado, “se accederá a lo pedido”, concluyó la jueza.

Otro alegato de Urieta para conceder la fianza es que “dentro de la etapa investigativa se consignó que el dinero objeto de posible lesión patrimonial fue devuelto en su totalidad y con intereses a la Caja de Ahorros”.

Sobre este punto, el Ministerio Público aclaró que que el artículo 344 del Código Penal establece que el reintegro del dinero “representa un atenuante, pero no un eximente de la conducta delictiva”.

Además, Karla Villalaz, gerente de Banca Corporativa y Comercial de la CA, en declaración jurada rendida en octubre pasado ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, reveló que el banco recuperó el préstamo otorgado para la construcción del centro de convenciones a través de “certificados de no objeción” provenientes del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), emitidos a favor del consorcio.

La jueza Urieta dispuso en su fallo que “se prohíbe al imputado Manuel Morales Diez salir del país sin autorización judicial”.

También señaló que queda obligado a indicar un domicilio fijo. Para tal fin, se reporta como su domicilio Punta Pacífica, calle Colón, P.H. Trump, corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá.

El MP informó que la Fiscalía Primera Anticorrupción apeló la fianza concedida por Urieta.

CAMBIO DE POSICIÓN

La decisión de la jueza contrasta con un fallo emitido por la jueza decimotercera penal, Alina Hubiedo, quien perdió la ponencia de este caso, tras ser recusada por el abogado Luis Eduardo Camacho González.

En fallo del 29 de noviembre de 2016, Hubiedo rechazó una solicitud de fianza a favor de Morales Diez, ya que consideró que, como directivo del consorcio HPC-Contratas-P&V, giró instrucciones a la CA para detallar la forma en que se debían hacer varios pagos para la supuesta compra de acero y otros materiales para la construcción del centro de convenciones.

El gerente de crédito de la CA, Voldy Wedemeyer, declaró ante la fiscalía que Morales Diez ordenó confeccionar los cheques de la cuenta HPC-Contratas- P&V a nombre de la sociedad Summer Venture por $7 millones; Ilkeston Associates por $850 mil; y Langton International por $977 mil.

Además, Luis Díaz, oficial del banco, declaró que la confección de los cheques en mención se hizo por instrucciones de Morales Diez.

Hubiedo concluyó que estos hechos acreditan la vinculación de Morales Diez con el hecho punible, por lo que le denegó la fianza de excarcelación.

Por su parte, Cristóbal Salerno le contó a la fiscalía en una declaración jurada que los cheques se los entregó Morales personalmente, indicándole que eran para abonar a una deuda de $5.2 millones contraída por West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific (FP), que en aquella época intentaba tapar un agujero financiero en la casa de valores.

También aportó a la fiscal una volante de depósito en el Banco Universal, con fecha del 4 de enero de 2013, en la que se abrió una cuenta a nombre de Financial Pacific, por la suma de $12.2 millones. La volante tiene la firma de West Valdés y su número de cédula.

En este caso, la fiscalía pidió llamar a juicio a 16 personas por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA.

Entre estos, figura el expresidente de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini –detenido–, así como a sus exdirectivos Ricardo Chanis, Anastasio Ruiz De León, Fernando Correa y Ricardo Arango Pezet.

También solicitó enjuiciar a Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, exgerente y exsubgerente de esa entidad bancaria, respectivamente; al exvicepresidente Felipe "Pipo" Virzi, Tobías Garrido, Jairson Hurtado, Ricardo "Ricky" Calvo (con alerta roja), Claudio Poma Murialdo, Mauricio Ortiz, West Valdés e Iván Clare.

A los exdirectivos de la CA se les acusa porque el préstamo otorgado no cumplió con el manual de procedimiento de esa entidad bancaria y el dinero tuvo un destino diferente para el que fue solicitado.

En el caso de Pipo Virzi, la fiscalía lo señala como la persona que recibió el dinero que ocasionó la lesión patrimonial a la CA; y en el caso de Iván Clare y West Valdés, se les señala debido a que la casa de valores Financial Pacific fue el destino final del dinero del banco.

En este caso, el Juzgado Decimocuarto Penal debe fijar una nueva fecha de audiencia preliminar, luego de que la primera convocatoria a audiencia fue suspendida por el Juzgado Decimotercero Penal, y en la fecha alterna tampoco se pudo efectuar, ya que el proceso cambió de juzgado.

La investigación se inició a raíz de una publicación del diario La Prensa en octubre de 2015, sobre las irregularidades en el préstamo.

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