audiencia de control

Jueza declara ilegal detención de seis productores agropecuarios

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Familiares y dirigentes de los productores se congregaron afuera del sistema penal acusatorio en Herrera. Familiares y dirigentes de los productores se congregaron afuera del sistema penal acusatorio en Herrera.
Familiares y dirigentes de los productores se congregaron afuera del sistema penal acusatorio en Herrera. Vielka Corro

Una jueza de garantías de Herrera imputó cargos por la supuesta comisión de cuatro delitos a seis productores agropecuarios, sin embargo, declaró ilegal su aprehensión.

Los productores fueron detenidos por su presunta vinculación con la protesta del 18 de diciembre pasado en Divisa, Herrera, que terminó con la agresión a los ministros Eduardo Enrique Carles, de Desarrollo Agropecuario, y Jonattan Del Rosario, de Seguridad Pública.

Los productores imputados son Lionys Peralta, de Llano Abajo de Guararé; Pedro Vidal, de Llano de Piedras de Macaracas; Albert Martínez, de La Limona, Los Santos; Elías Marciaga, de El Guayabito de Los Pozos; José Miguel Chávez, del Mirador Bella Vista de Guararé, y Carlos Avilés, de Atalaya, Veraguas.

La jueza Zeddy Ureña les impuso medidas cautelares de presentación quincenal ante la personería más cercana a sus casas, y de prohibición de salida del país.

“Hacemos un llamado a las autoridades a que retiren las denuncias penales contra los manifestantes, ya que no ayudan a encontrar una salida al conflicto y en su lugar le den una respuesta al sector productivo”.

Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La jueza los acusó de la supuesta comisión de delitos contra la administración de justicia, contra la libertad y contra la vida e integridad personal.

A partir de esta fecha, el Ministerio Público tendrá seis meses para investigar los hechos.

La Red de Derechos Humanos de Panamá y la Asamblea de Acción Ciudadana, que forman parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno para que retiren las denuncias penales contra los manifestantes, ya que no ayudan a encontrar una salida al conflicto, y en su lugar le den una respuesta al sector productivo del país.

La alianza insistió en la promoción y desarrollo de una política alimentaria que garantice la disponibilidad y el acceso a los alimentos e información sobre su origen, respetando lo contemplado en el artículo 110 de la Constitución Política.

“La política alimentaria deberá tener como norte el objetivo de un país con cero hambre. El derecho a la alimentación debe tomar la forma de un derecho exigible por los ciudadanos”, señaló la organización en un comunicado.

También planteó fortalecer integralmente al sector agropecuario, a fin de avanzar a la suficiencia alimentaria. “La promoción y protección de la producción alimentaria nacional debe ser la base de la soberanía alimentaria”, indicó.

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