CORRUPCIÓN

Jueza ordena descongelar cuentas a Cristóbal Salerno

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Cristóbal Salerno, dueño de CISA. Cristóbal Salerno, dueño de CISA.
Cristóbal Salerno, dueño de CISA. Archivo

La jueza primera de lo penal, Águeda Rentería, ordenó el descongelamiento de $37.3 millones depositados en cuentas de ahorros, corrientes y plazos fijos de sociedades vinculadas al empresario Cristóbal Salerno.

La decisión forma parte del fallo dictado por Rentería el 14 de este mes y en el que condenó a ocho años de prisión a Luis Enrique Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), por la autoría de delitos de peculado y corrupción en la investigación relacionada con el cobro irregular de impuestos a través de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA).

El dinero estaba aprehendido provisionalmente por orden de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que llevó este proceso.

La jueza alegó que como ya existe una sentencia condenatoria contra Salerno –de 48 meses de prisión– y el decomiso de $20.6 millones –de pena accesoria–, en el contexto de un acuerdo con el Ministerio Público, “no se le puede aplicar nuevamente otra pena accesoria”.

También sustentó el descongelamiento debido a que “las sociedades anónimas cuyas cuentas bancarias se encuentran aprehendidas fueron creadas mucho antes de la vigencia del contrato No. 100 del 25 de enero de 2010”, mediante el cual se autorizó a Cobranzas del Istmo –propiedad de Salerno– para el cobro de impuestos morosos del Estado.

Nedelka Díaz, abogada de Salerno, pidió el descongelamiento con el argumento de que ese dinero era producto de la vida profesional y empresarial de su cliente, quien, de paso, proporcionó datos importantes para la recuperación de más de $6 millones en cuentas a nombre de Cucalón, como parte de su acuerdo de pena con el Ministerio Público.

El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, se opuso a la desaprehensión del dinero, debido a que falta por recuperar dinero del patrimonio estatal.

Al respecto, la jueza precisó que de los $29.5 millones 561 mil que la Contraloría General de la República calculó como la lesión patrimonial al Estado por este caso, hay que restar $20 millones 699 mil que devolvió Salerno, $6 millones 128 mil decomisados a Cucalón y $1 millón 439 mil pendientes de pagos a CISA.

Según la jueza, al acreditar todo este dinero, la lesión patrimonial final al erario suma aproximadamente $1 millón 293 mil.

Indicó que esta afectación no se le puede imputar directamente a Salerno y a sus empresas, “tomando en cuenta que existen dos procesados por los dos delitos imputados, lo que en tal caso tendría que ser dictaminado por los peritos en la materia”.

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