41 AÑOS DESPUÉS DEL HOMICIDIO DEL CABO ANDRÉS GARCÍa

Juicio podría suspenderse

La Sala Penal tendría que decidir dos recursos de la defensa de Delgado Diamante antes del pró-ximo jueves 6 de octubre.

Dos nuevos recursos judiciales presentados el 11 de este mes ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, podrían ocasionar la suspensión del juicio por el homicidio del cabo de la Guardia Nacional Andrés García –hace 41 años–, programado para el próximo jueves y en el que figura como único acusado el exministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante.

En efecto, fuentes del Palacio de Justicia Gil Ponce confirmaron a este diario que la defensa de Delgado Diamante apeló este mes, ante la Sala Penal, dos fallos mediante los cuales el Segundo Tribunal Superior de Justicia rechazó la nulidad y prescripción del proceso.

De acuerdo con las fuentes, ambas apelaciones están sustentadas en la postura del magistrado del Segundo Tribunal Luis Mario Carrasco, que el 29 de julio pasado salvó su voto en los fallos suscritos por sus colegas Joaquín Ortega y Wilfredo Sáenz, quienes negaron a Delgado Diamante las solicitudes que había presentado para que se declarara la prescripción y la nulidad del proceso.

Voto Salvado

Al negar la nulidad del proceso, Ortega y Sáenz coincidieron en que en el expediente había “suficientes elementos de convicción que demuestran, sin duda alguna, que Delgado Diamante ejecutó actos encaminados a suprimir la vida de Andrés García, lo que se demuestra en la naturaleza del arma empleada, la herida provocada y los actos cometidos posteriores al ilícito”.

Con respecto a la petición de prescripción, la defensa se basó en que habían transcurrido más de 40 años desde que ocurrió el hecho y que la ley vigente para aquella fecha, el Código Penal de 1922, señalaba que los homicidios prescribían en 15 años.

Sin embargo, los magistrados Ortega y Sáenz indicaron que en 1970, cuando sucedió el crimen, “imperaba un régimen militar que dominaba los distintos poderes del Estado y obstruía la justicia imparcial”, por lo que consideraron “improcedente que hagamos alguna operación aritmética para calcular el tiempo transcurrido del hecho para establecer la extinción de la acción penal”.

Carrasco, por su parte, opinó que el Segundo Tribunal no era competente para pronunciarse sobre la prescripción, debido a que Delgado Diamante no podía ser acusado de homicidio doloso, sino de lesiones personales con resultado de muerte y, por tanto, el proceso debía ir a un juzgado municipal.

Ese último razonamiento también primó en el salvamento de voto de Carrasco, con respecto a la solicitud para que se declarara la nulidad del proceso.

Otro recurso

Además de las dos apelaciones presentadas este mes por la defensa de Delgado Diamante, el pleno de la Corte tiene pendiente resolver una demanda de inconstitucionalidad que alega violaciones al debido proceso por parte del Segundo Tribunal, al emitir el 11 de febrero de 2011 el llamamiento a juicio del exministro.

Este recurso, presentado el 19 de abril pasado, está en el despacho del magistrado Winston Spadafora.

Fuentes consultadas explicaron que si el pleno no falla antes del próximo 6 de octubre, por esta demanda no se suspendería el juicio.

Otros Reveses

Las decisiones tomadas por el Segundo Tribunal, en julio pasado, no fueron las primeras de esa instancia contra solicitudes de prescripción y nulidad presentadas por los abogados de Delgado Diamante.

El 18 de marzo de 2009, con ponencia del magistrado Carrasco, el Segundo Tribunal negó ambos incidentes.

La defensa del exministro argumentó aquella vez que la acción prescribía a los 15 años de cometido el crimen (es decir en 1985), según la norma vigente en la época.

Además, sustentó que la entonces Dirección Nacional de Investigaciones había remitido un expediente a la Fiscalía Auxiliar, y que mientras se desarrollaron las pesquisas Delgado Diamante estuvo cumpliendo funciones administrativas en el cuartel durante un período de ocho meses.

De acuerdo con los abogados, el caso fue cerrado con un sobreseimiento, pero no hay constancia de ese hecho, pues, según alegan, el sumario se perdió en un incendio en la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Las Bóvedas, en 1989.

Por ello argumentaron que juzgar a su cliente por este caso viola la norma que prohíbe procesar a una persona dos veces por un mismo delito.

No obstante, la decisión del Segundo Tribunal fue ratificada por la Sala Penal de la Corte el 29 de octubre de 2010.

En ese dictamen, la Sala Penal determinó que “no hay elementos sólidos” que indiquen que Delgado Diamante fuera procesado penalmente por el homicidio.

El fallo, con ponencia del entonces magistrado José Abel Almengor y avalado por Jerónimo Mejía y Gabriel Fernández (suplente de Aníbal Salas), también consideró que en el caso del cabo no se aplica la prescripción.

“Para nadie es un secreto que a raíz del golpe militar de 1968, el control del poder político pasó a manos de la Fuerza Pública, que ejercía gran influencia sobre las demás estructuras del Estado. Ello pudo, en alguna medida, limitar el ejercicio oportuno de la acción penal contra los miembros de la institución armada, por este y muchos otros casos, resultando en impunidad para los presuntos perpetradores”, destacó la decisión.

Los abogados del militar retirado no quedaron conformes y después que el pasado 11 de febrero el Segundo Tribunal acogió la petición del Ministerio Público para abrir causa criminal a Delgado Diamante, insistieron con la prescripción y la nulidad del proceso, las cuales fueron negadas nuevamente, y ahora están apeladas una vez más.

Seis fiscales

En octubre de 2008, luego de que La Prensa divulgara públicamente este crimen, que estuvo oculto por 39 años, el entonces fiscal superior Ramsés Barrera dio inicio a una investigación de oficio y tomó las primeras declaraciones a los testigos, entre ellos Jean Black, viuda del cabo García.

Luego, en diciembre de 2008, Adolfo Pineda reemplazó en el puesto a Barrera y continuó con las sumarias: hizo la reconstrucción del hecho, en la que participaron Delgado Diamante y varios de sus exsubalternos; y le formuló cargos por homicidio al exministro en enero de 2009, basado en el Código Penal de 1922, vigente para la época del crimen.

Sin embargo, Pineda no ordenó la detención preventiva del acusado y señaló que aplicaba la prescripción de la acción penal, decisión que fue rechazada por el Segundo Tribunal de Justicia en marzo de 2009. Pineda pidió entonces una prórroga para continuar la investigación.

En mayo de 2009, el caso pasó a manos de un nuevo fiscal cuarto superior, Dimas Guevara, aunque por un corto plazo, porque cinco meses después aquel fue reemplazado por Franklin Amaya.

Amaya preparó la vista fiscal y solicitó el encausamiento penal del exministro el 12 de noviembre de 2009, a quien aplicó medidas cautelares de impedimento de salida del país, así como la obligación de notificarse ante la autoridad competente los días 15 y 30 de cada mes.

En febrero de 2010, con la llegada al Ministerio Público de Giuseppe Bonissi, Amaya fue reemplazado en la Fiscalía Cuarta Superior por Dayra Barsallo. Luego, cuando en enero de este año José Ayú Prado asumió el cargo de procurador de la Nación, designó a Maruquel Castroverde como encargada de ese despacho, y ella será quien finalmente represente la vindicta pública en este juicio por homicidio.

Historia de la muerte del cabo Andrés García a manos de su oficial en jefe

Como a las 10:00 a.m. del 8 de febrero de 1970, mientras el país disfrutaba del Carnaval, el cabo Andrés García –un experto tirador apodado El Zorro– se encontraba de turno en el cuartel de la Guardia Nacional en Panamá Viejo.

Luego de sostener una discusión con uno de sus compañeros, salió de esa base militar aparentemente sin permiso oficial, con una bayoneta en la mano.

Un grupo de compañeros trató de disuadirlo, pero García no hizo caso y se dirigió hacia su residencia, ubicada a unas pocas cuadras del cuartel.

Esta situación fue informada de inmediato al entonces subteniente Daniel Delgado Diamante, que estaba al mando de ese regimiento aquel día.

Delgado Diamante, junto con un grupo de agentes, lo persiguió a pie, pero García logró refugiarse dentro de su casa.

Dicen las versiones de la época que el subteniente entró en la casa a puntapiés y le ordenó a su subalterno que regresara al cuartel, pero García no obedeció.

Ante esta situación, Delgado Diamante sacó su pistola y disparó tres veces. Una de las balas hirió a García en la parte superior de la pierna derecha. Delgado Diamante lo dejó en el suelo. Tiempo después, García fue llevado al hospital Santo Tomás, donde murió desangrado a las 5:00 p.m.

Por este caso solo se levantó un informe de los hechos en el Departamento Nacional de Investigaciones (Deni).

José Otero

Espero que la justicia lo condene´: Jean Black

Jean Black, viuda del cabo García, dijo que espera que después de 41 años de impunidad la justicia finalmente pueda sentar en el banquillo de los acusados y condenar al culpable del homicidio de su esposo.

“Tengo tres hijos, todos adultos, que su padre no pudo criar ni ellos pudieron disfrutarlo. La vida ha sido dura con nosotros, pero hemos podido soportar y ahora queremos justicia. Delgado Diamante no puede decir que él es la víctima en esto. Mis hijos y yo somos los que hemos sufrido en carne propia este calvario, y por ello estamos esperando que se haga este juicio”, dijo.

Aseguró que su vida nunca estuvo en peligro como afirma el exministro. “Si era verdad que Andrés me iba a matar, ellos habrían podido dominarlo, porque eran mayoría. Con él venían cinco más detrás. Andrés estaba muy borracho. No había necesidad de patear la puerta y dispararle”, agregó.

Por su parte, Daniel Delgado Diamante dijo que su acción fue, primero, para evitar que el cabo ultimara a su esposa y a su suegra, porque, según asegura, García estaba ebrio. Y luego, “para evitar que dispara contra mí”. Añadió que cuando ingresó a la residencia, García intentó sacar un arma de una gaveta, y por eso hizo dos disparos de advertencia y luego un tercero a la pierna del cabo.

Reiteró que ya ha sido investigado y procesado por este caso, y que si se le vuelve a enjuiciar se estaría incurriendo en una violación a las normas legales.

Carlos Carrillo, abogado del exministro, dijo que no han decidido si van a juicio con jurado de conciencia o en derecho. “Hay que esperar para ver si se resuelven las apelaciones”, explicó.

José Otero

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