DESARROLLO GOLF CORONADO, S.A. ACUDIRÁ ANTE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Juristas señalan a la Corte por denegación de justicia

Mario Galindo, Alvin Weeden, Iván Robles, Fernando Berguido y Ebrahim Asvat criticaron la actuación de cinco de los miembros del pleno.

Las sentencias dictadas por el pleno la Corte Suprema de Justicia, que no admitieron los amparos de garantías constitucionales ni las advertencias de inconstitucionalidad interpuestas por la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. contra los alcances por $3 millones que le ordenó pagar al fisco la extinta Dirección General de Ingresos (DGI, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos), “suponen un claro caso de denegación de justicia” que dará lugar a que el caso sea presentado ante la justicia internacional.

Así lo advierten en un comunicado público difundido ayer los abogados Mario Galindo, Alvin Weeden, Iván Robles, Fernando Berguido y Ebrahim Asvat, asesores ad honórem de la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. cuyo presidente y representante legal es I. Roberto Eisenmann.

En dicho comunicado público, los juristas recordaron que Desarrollo Golf Coronado, S.A. presentó recursos de reconsideración contra las resoluciones dictadas por la DGI, así como sendas advertencias de inconstitucionalidad, que por obligación legal debían ser remitidas a la Corte dentro de los dos días siguientes a su presentación. Sin embargo, la DGI no las envió y rechazó los recursos de reconsideración, lo que motivó la presentación de los amparos de garantías constitucionales.

Los abogados también citaron que en casos previos, la Corte ha declarado inconstitucional aquellas resoluciones que resuelven una controversia sin que antes se hayan remitido a esa instancia las advertencias de inconstitucionalidad, como lo hizo la DGI con el caso de la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A.

A su juicio, los fallos del pleno, dictados en noviembre de 2012 y avalados por los magistrados Alejandro Moncada, Harry Díaz, Gabriel Fernández, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León “se apoyan en tecnicismos que pretenden ignorar y cohonestar las infracciones en que incurrió la DGI”.

Los cinco juristas también resaltan en el comunicado los votos salvados de los magistrados Harley Mitchell, Víctor Benavides, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, que “ponen de manifiesto, de manera palmaria e irrefutable, todas y cada una de las infracciones de la garantía del debido proceso en que incurrió la DGI al dictar las resoluciones impugnadas por la vía de amparo”.

Precisan que el magistrado Oydén Ortega “indicó que no caben dudas de que [en este caso] se da una evidente vulneración al derecho de defensa del amparista, ya que la DGI no le permitió la práctica de pruebas para sustentar su defensa”.

Benavides, por su parte, “puntualizó las garantías del debido proceso legal a que se refiere el artículo 32 de la Constitución Política, entre ellas, la aportación de pruebas para que las personas puedan defender efectivamente sus derechos, lo que no se le permitió a Desarrollo Golf Coronado, S.A.”.

A su vez, Mitchell “acotó que el acto impugnado sí tiene apariencia de vulnerar un derecho consagrado en la Constitución, por lo que se debió admitir la acción de amparo de garantías constitucionales”.

Mientras que “los magistrados Mejía y Mitchell coincidieron en que las sentencias que decidieron no admitir las advertencias de inconstitucionalidad fueron aprobadas, pese a no discutirse el tema a nivel del pleno de la Corte, lo cual es gravísimo, ya que para adoptar estas decisiones se requiere de una discusión a lo interno del pleno”.

Finalmente, los asesores ad honórem de la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. resaltan que los salvamentos de voto referidos “apuntan a que los amparos debieron ser admitidos para determinar si se configuraban las violaciones denunciadas y que, de igual manera, se les debió dar trámite a las advertencias de inconstitucionalidad”.

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