ELECCIONES GENERALES DE 2014

Justicia electoral, sin avance

Fiscal Eduardo Peñaloza dice que la Contraloría no atiende su petición de auditar a candidatos que participaron en los comicios de 2014.

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En las elecciones de mayo de 2014 participaron 8 mil 850 candidatos a los distintos cargos de elección popular. En las elecciones de mayo de 2014 participaron 8 mil 850 candidatos a los distintos cargos de elección popular.
En las elecciones de mayo de 2014 participaron 8 mil 850 candidatos a los distintos cargos de elección popular. LA PRENSA/Archivo

Las elecciones de mayo de 2014 todavía están vigentes en los juzgados penales del Tribunal Electoral (TE), instancias en las que se dirimen los casos relacionados con supuestos delitos que se cometieron durante el proceso electoral.

De acuerdo con información del TE, 252 casos correspondientes a denuncias presentadas entre 2014 y 2016 aún están siendo tramitados en los distintos juzgados.

El informe emanado de los juzgados electorales del país da cuenta de faltas prescritas, otras con sobreseimientos y algunas en espera de que los fiscales electorales hagan un pronunciamiento.

Se señala, además, que la mayor cantidad de los expedientes están vinculados a cambios irregulares de residencia electoral, e impugnaciones al padrón.

El Código Electoral plantea en su artículo 422 que la acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera: “1. Para los delitos electorales, a los tres años. 2. Para las faltas electorales, a los dos años. 3. Para las faltas administrativas, al año”.

LOS CASOS EN PANAMÁ

El Juzgado Primero Penal Electoral del Primer Distrito Judicial, a cargo de la jueza Marialina Castro, destaca, por ejemplo, que emitieron 89 autos de prescripción de la acción penal los cuales ingresaron prescritos al juzgado. En ese sentido, detalla que 71 de ellos tienen que ver con cambios de residencia, mientras que los otros 13 están vinculados a impugnaciones al padrón electoral. Mientras que los 5 restantes prescribieron. Tres hacían referencia al supuesto uso de bienes y recursos del Estado para fines políticos, uno tenía conexión con la falsa renuncia a un partido político y otro estaba ligado a una falsa inscripción en una lista de apoyo a un candidato independiente.

Mientras que en el Juzgado Segundo Penal Electoral, a cargo de la jueza María Eugenia de Preciado, tramitaron siete casos que tienen que ver con el proceso de impugnación de elecciones a diputados [1 expediente], representante [4 expedientes] y alcaldes [2 expedientes]. Aquí, la Fiscalía Electoral, según el informe, pidió sobreseimiento en todos los casos.

Por ejemplo, el juzgado tramitó el caso del circuito 5-1, Darién, donde se impugnó la elección del diputado Felipe Vargas Vargas, del Partido Revolucionario Democrático, aunque la fiscalía pidió sobreseimiento la jueza lo remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que se encarga de juzgar a los diputados, según la Constitución.

También detalla que analizan el expediente sobre la impugnación a alcalde suscitado en el circuito 8-5, La Chorrera, Panamá Oeste. La fiscalía también pidió sobreseimiento.

Ambos juzgados comprenden las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Darién y Colón, y las comarcas de Guna Yala, Wargandí, Madugandí y Emberá Wounaan.

TERCER DISTRITO CON MÁS CASOS

La mayoría de las irregularidades que se dieron durante el periodo electoral de 2014 se registraron en el interior del país.

El Juzgado Primero Penal Electoral del tercer distrito judicial, a cargo del juez José Antonio Hernández, que comprende las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, se hizo cargo de los procesos.

Entre 2014 y 2016 en esa zona del país se tramitaron 139 casos con el siguiente resultado: 49 prescribieron, en 42 la Fiscalía Electoral solicitó el sobreseimiento, en 10 el juzgado otorgó prórroga, y 14 expedientes se devolvieron a la fiscalía para que amplíe el sumario.

Mientras que 2 expedientes se encuentran en análisis del juzgado, en 3 hubo condenas, 16 expedientes están en manos de la Fiscalía Electoral, que debe ampliar el caso, y 3 procesos se remitieron a la CSJ.

COCLÉ, VERAGUAS Y LOS SANTOS

En tanto, en el Juzgado Primero Penal Electoral del Segundo Distrito Judicial, a cargo de la jueza Ingrid Murgas Torrazza, que comprende Coclé, Veraguas y Los Santos, se tramitaron 17 casos, que de acuerdo con el informe: “dos han ingresado con llamamiento a juicio y 15 con solicitudes de sobreseimiento definitivos y provisionales, incluso algunos sin cargos formulados”.

Murgas Torrazza explicó que “a la fecha, no se ha archivado ninguno de estos por prescripción penal, sin embargo, vale aclarar que estos expedientes prescriben en los meses de marzo y abril de 2017”. Agrega que en 11 de las 17 investigaciones le pidieron a la Fiscalía Electoral que ampliara el sumario.

El hecho de que los casos derivados de las elecciones generales de mayo de 2014 aún estén siendo tramitados en las esferas de los juzgados penales, es objeto de cuestionamiento por dirigentes de la sociedad civil organizada, ya que si los proceso no se agilizan podrán prescribir.

Al menos, así lo planteó Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, quien dijo que no han visto ningún avance en las investigaciones. “Esperamos que las autoridades correspondientes hagan su trabajo y que las investigaciones que fueron iniciadas en su momento no queden sin resolverse”, dice.

Mientras que Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, señala que “es inaudito” que las fiscalías manden los expedientes, en algunos casos sin sustento. “Ya es hora de que los panameños conozcamos en qué quedaron las investigaciones de las elecciones donde se dijo que se usó mucho recurso del Estado...”.

LA FISCALÍA SE DEFIENDE

Por su parte, la Fiscalía General Electoral, que dirige Eduardo Peñaloza, manifestó a este medio que sus fiscalías han remitido a distintos juzgados electorales los expedientes en los que se vincula a candidatos que participaron en el proceso electoral de mayo de 2014, “una vez agotados todos los términos procesales posibles para su investigación”.

Peñaloza argumenta, además, que en muchas ocasiones “y de manera reiterada” han optado por devolverles los expedientes bajo la fórmula de ampliación, agotamiento y perfeccionamiento del sumario, “medidas que podrían configurar en una peligrosa situación de extralimitación de funciones (...)”.

Advierte, además, que los casos, en su mayoría por el uso ilegítimo de bienes del Estado para fines políticos, dependen “exclusivamente” de los resultados de las auditorías que la Contraloría lleva al respecto, pero que a falta de esos informes se “han imposibilitado el avance y conclusión de las investigaciones”.

Agrega que en cada caso solicitaron a la Contraloría que hiciera una auditoría, pero que no tuvieron éxito.

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