AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ SOSTIENE QUE LA OCUPACIÓN ES ILEGAL

Juzgado civil frena desalojo en Diablo

Los residentes sostienen que han ocupado los hangares durante más de 40 años y afirman estar dispuestos a dialogar con la ACP.

El Juzgado Primero de lo Civil concedió un amparo de garantías constitucionales a la Asociación de Residentes Propietarios de Hangares de Diablo y denegó una orden de desalojo dictada en su contra por la corregidora de Ancón, Carlota de Arango, el 2 de julio pasado.

La decisión, suscrita por la jueza Marieta Ábrego Santos el 26 de julio pasado, concluye que con la orden de desalojo –previamente solicitada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)– se violó el debido proceso, pues no se dio a los residentes el derecho a defenderse.

Según el fallo, el 1 de julio de 2013 varios de los habitantes de la zona interpusieron un incidente contra la corregidora, argumentando que esta no era competente para dictar la orden de desalojo, y además la recusaron ante la Alcaldía de Panamá.

Sin embargo, y a pesar de que la funcionaria debía notificar a las partes sobre los dos recursos durante un plazo de tres días, obvió dicho trámite con el argumento de que no había sido notificada y al día siguiente, el 2 de julio, celebró la audiencia y dictó al orden de lanzamiento.

Con esa actuación, dice el fallo, la corregidora violó el artículo 704 del Código Judicial, que dice: “todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiera pruebas que practicar, se concederá un término de ocho días”.

De acuerdo con el fallo, al momento de hacerse la audiencia de lanzamiento no se había notificado a las partes de los dos recursos y tampoco se había resuelto la competencia de la corregidora en el proceso.

Dicha actuación constituyó una violación al debido proceso, “ya que de esta forma no se brindan las garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso”.

OTRA SOLUCIÓN

Marck Goldstein, vocero de los residentes de Diablo, informó ayer que están dispuestos a sentarse a conversar con la ACP, para llegar a un acuerdo de indemnización.

Goldstein planteó que con el desalojo se elimina la única salida pública que existe en la zona hacia la costa del Pacífico.

Por su parte, la ACP respondió en un comunicado que mantiene la solicitud para que los ocupantes de las tierras –que tildó de ilegales– se retiren de manera ordenada y remuevan sus bienes y estructuras del área.

“La decisión se fundamenta en que ni la ACP ni ninguna de las autoridades que le precedieron en la administración del área conocida como los hangares de Diablo, en el corregimiento de Ancón, han reconocido título de propiedad sobre mejora alguna de particulares en ese sector”, dice el comunicado.

Por lo tanto, añade, ningún ocupante de la finca No. 196273, propiedad de la ACP, tiene título de propiedad válido sobre mejora alguna dentro del área.

Además, señala que “pese a carecer de títulos de propiedad válidos, la ocupación ilegal del área de los hangares de Diablo degeneró en una actividad económica de subarriendos, arriendo y venta de locales por parte de personas que ocupan el área”.

“Se ha identificado alrededor de 130 construccionesen el sitio, incluyendo residencias, talleres, depósitos y otras estructuras no autorizadas, aunque el área está debidamente señalizada como propiedad de la ACP. La finca corresponde a un globo de terreno debidamente registrado y señalizado ante las autoridades competentes desde el año 2000”, acota.

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