Juzgado notifica a Chichi De Obarrio

Un edicto emplazatorio fue publicado ayer por el juez Leslie Loaiza, en el que además se notifica a otros acusados por el caso de la comida deshidratada.

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Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio tiene orden de detención en su contra. Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio tiene orden de detención en su contra.
Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio tiene orden de detención en su contra.

Debido a que su paradero es desconocido, el Juzgado Decimoquinto Penal fijó un edicto emplazatorio para notificar a Adolfo Chichi De Obarrio, secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, de la audiencia preliminar que se llevará a cabo el 21 de octubre, en el proceso por irregularidades en la compra de comida deshidratada con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El edicto (documento en papel) fue colocado ayer en el juzgado por cinco días hábiles y será publicado, por cinco días consecutivos, en un diario de circulación nacional.

Junto a Chichi De Obarrio están imputados en el caso el empresario Rubén De Ycaza, el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, el exjefe de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, los exministros de Educación y Obras Públicas Lucy Molinar y Federico Suárez, respectivamente, y las exviceministras de Desarrollo Social Marta Susana de Varela y de la Presidencia María Fábrega.

El juez Leslie Loaiza exhortó a la población a brindar información que facilite la ubicación de Chichi De Obarrio.

Además, en el mismo edicto ordenó la notificación de todos los abogados defensores particulares y del resto de los acusados.

Loaiza también designó a nueve defensores de oficio, en caso de que los abogados particulares no asistan a la audiencia.

De Obarrio salió de Panamá el 25 de diciembre pasado, con destino a Estados Unidos, pero en la actualidad su paradero es desconocido.

Su abogada, Edna Ramos, manifestó el domingo último que De Obarrio vendrá a Panamá el 21 de octubre próximo para participar de la audiencia preliminar.

El antiguo secretario privado de Martinelli mantiene una orden de detención, es decir, una vez arribe al país será arrestado.

Además, es el único que no ha hecho frente al proceso. Los otros ocho tienen medidas cautelares de detención preventiva, casa por cárcel y país por cárcel.

En este caso, una auditoría de la Contraloría General de la República concluyó que la lesión patrimonial al Estado, por la compra de comida deshidratada, fue de 44.9 millones de dólares. Ese fue el monto total del contrato otorgado a la empresa Lerkshore International Limited, cuyo representante legal es Rubén De Ycaza.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, pidió el 24 de abril pasado el llamamiento a juicio de los acusados por delitos de peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas.

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