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Juzgado da prórroga para seguir proceso de la Universidad de Panamá

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga investiga posibles irregularidades en el contrato de arrendamiento de 2.9 hectáreas de la UP a Westminster, S.A.

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Fiscalía Anticorrupción de Descarga aún no ha imputado cargos en este proceso. Fiscalía Anticorrupción de Descarga aún no ha imputado cargos en este proceso.
Fiscalía Anticorrupción de Descarga aún no ha imputado cargos en este proceso. Archivo

El Juzgado Tercero Penal otorgó una prórroga de cuatro meses para que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga continúe con la investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Universidad de Panamá (UP).

Se trata del proceso por posibles irregularidades en el contrato de arrendamiento y adendas suscrito en 1997 entre la UP y la Corporación Westminster, S.A., cuyo dueño es Salomón Víctor Hanono Wiznitzer.

La UP le alquiló por 20 años prorrogables una finca de 2.9 hectáreas en Tocumen, en la que se localiza un hangar y estacionamientos con una extensión de 1.9 hectáreas, previamente construido por la suma de $9 mil 750 al mes.

La jueza Jackeline Ospina señala en el fallo, del 19 de mayo de 2017, que accede a la prórroga en vista de que la fiscalía ha dispuesto realizar una serie de diligencias, las cuales “no ha sido posible incorporar” al expediente.

El fallo también detalla que el 5 de abril de 2017 la fiscalía hizo la solicitud. Rolando Milord, apoderado judicial de Corporación Westminster, S.A., presentó un escrito de oposición a esa petición el 27 de abril de 2017, y la jueza la calificó como extemporánea.

La fiscalía sustentó que todavía faltan por hacer diligencias, como inspecciones oculares al lugar de los hechos con peritos y a la UP para obtener los documentos concernientes al contrato. La Contraloría General detectó que la UP tuvo un perjuicio de $1.2 millones, producto del arriendo.

El monto obedece al 50% de descuento del canon que no cobró la UP, un beneficio pactado que no se contempla en la ley de contrataciones públicas, y que el precio por metro cuadrado cobrado es inferior al avalúo efectuado por la Contraloría en 2016.

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