'FINCAS SACA PRESOS'

Juzgados validan excarcelaciones con falsos documentos

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Falsifican firmas de Anati para excarcelaciones

El exdirector de Avalúos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Franklin Jiménez denunció que falsificaron su firma y sellos de la entidad para tramitar excarcelaciones en los juzgados.

Meses antes de fallecer, Jiménez indicó que la Anati debía denunciar el hecho, ya que “el lucro detrás de esto debe ser importante”.

Mientras, Luis Noriega, apoderado de las fincas, confirmó que son los juzgados los que validan los documentos presentados. Dijo que era mensajero, pero que decidió “independizarse” para cobrar en efectivo y en cheque por las excarcelaciones.

Red de fincas ‘sacapresos’ falsificó firmas y sellos de tres entidades

La falsificación de firmas de servidores públicos y sellos de entidades, así como el uso ilegal de papelería oficial del Estado, son algunos de los presuntos delitos que habría cometido una red de particulares y funcionarios que durante años utilizó fincas sobrevaloradas para excarcelar a reos acusados de diversos hechos.

Entre las firmas alteradas, sin levantar sospechas de las autoridades, estuvo la del director de Información Catastral y Avalúo de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Jiménez, hoy fallecido.

Franklin Jiménez (q.e.p.d.). Ereida Prieto-Barreiro - Expandir Imagen
Franklin Jiménez (q.e.p.d.). Ereida Prieto-Barreiro - LP

Antes de su deceso, La Prensa solicitó información a Jiménez –en abril del año pasado– sobre las certificaciones de fincas que habría enviado a varios juzgados, entre ellos, al Undécimo de lo Penal. Entre las propiedades contempladas en la consulta, hay 16 hectáreas en Juan Julio, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, a nombre de Dimas Arcia.

Al observar la nota remitida al Juzgado Undécimo en enero de hace un año, Jiménez se mostró sorprendido. Indicó que no se trataba de su firma y que el documento no se encontraba dentro de los archivos de la entidad. (Ver facsímil).

facsímil Expandir Imagen
facsímil

“Voy a interponer las denuncias correspondientes porque, al final, es mi nombre el que están utilizando para excarcelar a personas”, afirmó Jiménez, quien insistentemente dijo: “yo no firmé estos documentos. Se parece la firma, pero no es mía”.

La trampa

La red criminal tomó cuatro fincas con valores catastrales entre los 24 y 84 dólares, segregándolas en 90 lotes. En total, las cuatro fincas pasaron de un valor catastral de 222 dólares, a más de 7 millones de dólares, poco tiempo después de haberlas adquirido Dimas Arcia en 2006.

En diciembre pasado, la Fiscalía de Descarga allanó la vivienda de Luis Noriega –uno de los apoderados de los terrenos de Arcia– y encontraron seis computadoras, seis celulares, papelería oficial y certificaciones de Anati y la DGI, entre otros documentos, como giros de pago a funcionarios del Registro Público.

Ello confirmaría las declaraciones de Jiménez, quien aseguró que las autoridades podían revisar los libros de registros de Anati para certificar que no se había emitido ningún avalúo a las fincas de Arcia ni a otros inmuebles registrados a nombre de siete sociedades anónimas.

Pero esta no era lo única irregularidad. El entonces directivo de Anati aseguró que el sello de la entidad también estaba “alterado”. Al compararlo con el que utiliza la institución, corroboró detalles evidentes que no coincidían con los oficiales.

Fincas en Juan Julio. Expandir Imagen
Fincas en Juan Julio. Infografía

Entonces, ¿cómo los jueces no se percataron de la irregularidad? Jiménez confirmó que remitió sendas notas a varios juzgados advirtiendo sobre la verificación que debían hacer ante la Anati para tener “certeza” de los valores de las fincas que aceptaban en los procesos judiciales. Sin embargo, nunca fue consultado, dijo.

Jiménez entregó a este medio copias de notas enviadas en 2015 a la Secretaría General del Órgano Judicial y al Juzgado Duodécimo Civil, en los que se observan los requisitos que deben cumplir las certificaciones de avalúos, que tienen una vigencia de un año.

Hallazgos

El grupo, utilizando papelería oficial sustraída de entidades oficiales, habría ingresado a un juzgado de San Miguelito las certificaciones de Anati y del Registro Público, así como de paz y salvo de la DGI, a favor de una de las fincas de Muñoz que era investigada, lo que activó el operativo de allanamiento.

Hojas en blanco con el membrete del Registro Público, de la Dirección General de Ingresos (DGI) y de la Anati fueron presuntamente sustraídas por miembros de la red, que falsificó documentos públicos con la participación de funcionarios.

La papelería oficial –ingresada en varios juzgados del país– certificaría avalúos, así como paz y salvos de fincas propiedad de las sociedades que son investigadas por la Fiscalía de Descarga.

La red también utilizó terrenos –en estado deplorable– a nombre de las sociedades Reforestadora San Cristóbal, Inversiones La Auxiliadora, Ysidro, Inversiones Kristian, Easy Cash, Juan Palito e Ioannis (que cambió de nombre a San Carlos Ecologic), y una finca valorada en $7 millones de Rodrigo Muñoz.

Aunque la finca está en abandono y llena de matorrales, Rodrigo Muñoz reportó mejoras por $7 millones. Archivo Expandir Imagen
Aunque la finca está en abandono y llena de matorrales, Rodrigo Muñoz reportó mejoras por $7 millones. Archivo

Todas estas sociedades comparten los mismos dignatarios, directores, tramitadores ante el Registro Público y apoderados: Noriega, Muñoz y Luminado Flores.

En la indagatoria a Noriega, este afirmó que era apoderado solo de Reforestadora San Cristóbal, y que desconocía la existencia de las otras sociedades. Sin embargo, documentos en el Registro Público revelan su activa participación.

Una fuente vinculada a las investigaciones reveló que no se descarta proceder con una solicitud de revocatoria de las fianzas de excarcelación de las personas beneficiadas con estas fincas, que, como se dijo, fueron presuntamente valoradas de manera fraudulenta.

Noriega, Muñoz y un abogado cuyo nombre no ha sido revelado aún, así como tres funcionarios del Registro Público, están imputados por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, contra la fe pública y contra el patrimonio económico, en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

Todos ellos fueron trasladados a centros penitenciarios, excepto Muñoz, que se encuentra confinado en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Contradictoriamente, durante la indagatoria, Muñoz, aunque aseguró desconocer la existencia de las fincas, afirmó que “ese señor, Luis [Noriega], nunca supe dónde trabajaba y siempre que me llevaba las hojas, me decía que firmara rápido, que la gente estaba de apuro”.

Al ser interrogado sobre cuántas veces firmó papeles entregados por Noriega y si los había leído, dijo no recordarlo, porque Noriega siempre “estaba de apuro”.

Investigación

En el interrogatorio, Muñoz –que labora como conserje en un edificio en vía España– aseguró que no sabía nada de las fincas millonarias que aparecen a su nombre y, por supuesto, de las fianzas de excarcelación.

Se conoció que la Fiscalía de Descarga giró órdenes de detención contra otros funcionarios, abogados y particulares que estarían vinculados a las irregularidades, entre estos últimos, Edwin Guerrero.

En documentaciones del Registro Público se observa que Guerrero tramitó ante esta entidad y fue directivo de las sociedades propietarias de las fincas, entre ellas, la de Reforestadora San Cristóbal, que, de un plumazo, pasó de un valor catastral de $399 a $77.2 millones.

Otra de las personas buscadas es un abogado que trabaja en la Caja de Seguro Social. Una fuente reveló que tiene dos semanas que no se presenta a laborar y que, al ubicar su vivienda, esta ya estaba desocupada.

Ruta del dinero

Ahora, las autoridades están tras la pista del dinero. Se conoció que la Fiscalía de Descarga solicitó una revisión a las cuentas bancarias de los funcionarios del Registro Público aprehendidos, para comprobar su fuente de ingresos.

Entre las cuentas investigadas está la de Samantha Bush –funcionaria del Registro Público–, ya que en el allanamiento a la vivienda de Noriega se hallaron recibos de pago girados a su cuenta.

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