RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Karem Benítez busca ahora su restitución en el cargo

El Colegio Nacional de Abogados coincide con la defensa de la magistrada separada Karem Benítez, acerca de que en su caso se violó el debido proceso.

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La magistrada separada del Tribunal Superior de Herrera y Los Santos Karem Benítez solo subsiste económicamente dictando clases un día a la semana en el Centro Regional de San Miguelito, luego de que fuera separada de su cargo al ser condenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por sustraer expedientes que se instruían en su despacho.

La situación que afronta la exfuncionaria judicial está incluida entre las causales que presentaron sus abogados en el recurso de reconsideración del fallo condenatorio dictado el 6 de diciembre de 2013, en el que se le sentenció a seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un año, pero cuya pena le fue reemplazada por una multa de 5 mil dólares.

El abogado defensor Juan Manuel Castulovich, en dicho recurso, solicita a la Sala Penal que se revoque la condena, se absuelva a Benítez, se deje sin efecto el impedimento para ejercer funciones públicas, se le restituya en su cargo, se le paguen sus vacaciones y salarios caídos, y se le restablezca su cuota mensual de combustible a la que tenía derecho. Benítez fue separada del cargo en mayo de 2013 y su salario era de 6 mil dólares mensuales.

“Durante los seis meses y medio transcurridos desde que se impusieron las medidas cautelares, Benítez, al no devengar salario, ha dejado de recibir los ingresos que necesitaba para cubrir sus compromisos económicos, sus necesidades personales y las de su hija pequeña; le fue cancelada la operación del préstamo hipotecario que adelantaba con la Caja de Ahorros de Las Tablas y la Cooperativa de Ahorros y Crédito del Educador (Coopeduc)”, sostiene el recurso.

Añade que este fallo la imposibilita para ejercer funciones como abogada, que es su profesión, y cargos públicos; solo se le permite dictar clases.

RECONSIDERACIÓN

La defensa legal de Benítez sostiene que el proceso que se le abrió, en mayo de 2013, estuvo viciado desde un principio, por lo cual debe ser declarado nulo por ilegal con base a diligencia practicada por el entonces jefe de seguridad de la presidencia de la Corte Ramiro Jarvis, quien ordenó a su personal, el 30 de abril de 2013, una revisión general de todas las personas que ingresaban a las instalaciones del Tribunal Superior de Azuero, incluyendo jueces y magistrados, sin contar para ello con una orden judicial emitida por autoridad competente.

Otra de las supuestas ilegalidades planteadas en la reconsideración es que la denuncia de este caso se presentó ante el Ministerio Público, por instrucciones del entonces magistrado presidente Alejandro Moncada Luna, el 2 de mayo de 2013, es decir dos días después de que Benítez había devuelto al tribunal la totalidad de los 15 expedientes que había trasladado a su casa, por tanto, sostiene la defensa, en el proceso se produjo la sustracción de materia.

En otra de las causales se asegura que Benítez nunca actuó con dolo al retirar los expedientes del tribunal, sino que la intención fue la de adelantar el trabajo y elaborar los borradores de fallo de estos casos, porque se estaba ante un fin de semana largo por las festividades del Día del Trabajo.

Recalca, en este punto, que la magistrada acusada retornó los 15 expedientes el 30 de abril de 2013 en la tarde, a pesar de que en la mañana de ese día el personal de Jarvis no le permitió entrar a su despacho y que luego, el 7 de agosto, Benítez hizo entrega de los 15 borradores de fallo de los expedientes en los que había trabajado.

La acción de Benítez, de sacar los expedientes fuera de su despacho en esos días de asueto, no afectó ningún término ni gestión judicial, por tanto la administración de justicia no sufrió perjuicio alguno, sustenta el recurso.

De igual forma, se plantea que el fallo condenatorio fue incongruente al interpretar el artículo 484 del Código Judicial que destaca que, “los expedientes y demás piezas procesales solo podrán salir del despacho en los casos en que la ley lo autorice expresamente”.

Así mismo la defensa se mostró contraria a lo señalado, que sostiene que la actuación de Benítez también fue violatoria del artículo 363 del Código Penal que se refiere a la sustracción, destrucción o alteración de documentos bajo custodia de oficinas públicas.

DEBIDO PROCESO

Un informe del Colegio Nacional de Abogados (CNA), del 10 de febrero de 2014, luego de una revisión jurídica de este proceso, concluyó que en este caso se violó el principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución, por considerar como “improcedente” que agentes de seguridad lleven a cabo registros a magistrados y jueces, cuando ingresan a sus despachos judiciales, sin que medie una orden escrita de autoridad competente. “El estado democrático y la independencia judicial se verían gravemente afectados si los magistrados y jueces fueran constantemente revisados corporalmente y allanados en sus despachos o residencias, por agentes de seguridad, sin que haya una orden competente”, advierte el CNA.

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