Cohecho

Lavítola y Capriotti, a juicio por corrupción en Panamá

Existen cuatro operaciones ilícitas que los fiscales ligan al entorno del expresidente Martinelli, a su primo y abogado Frankie Martinelli y a la exministra de Justicia Roxana Méndez por 670 mil dólares.

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Valter Lavítola es descrito como el ‘intermediario de la completa actividad corruptiva entre las empresas privadas y los funcionarios públicos de Panamá’. Archivo Valter Lavítola es descrito como el ‘intermediario de la completa actividad corruptiva entre las empresas privadas y los funcionarios públicos de Panamá’. Archivo
Valter Lavítola es descrito como el ‘intermediario de la completa actividad corruptiva entre las empresas privadas y los funcionarios públicos de Panamá’. Archivo

El juicio por corrupción internacional en Panamá ligado a la frustrada construcción de cuatro cárceles modulares en varias localidades de Panamá por parte del consorcio italiano Svemark comenzará el próximo 2 de octubre.

El juez de las investigaciones preliminares del Tribunal de Nápoles envió a juicio al intermediario Valter Lavítola y al socio de Svemark y jefe de Mauro Velocci, Angelo Capriotti, por haber intentado desviar 20 millones de dólares en coimas a través de sobrecostos en la obra.

El fiscal jefe del Tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, y su adjunto, Henry John Woodcock, cerraron las investigaciones en 2014, pero la lenta burocracia judicial en Italia ha retrasado cuatro años la apertura de juicio oral.

El escrito judicial de final de investigaciones - al que ha tenido acceso La Prensa- describe a Lavítola como el “intermediario de la completa actividad corruptiva entre las empresas privadas y los funcionarios públicos de Panamá”.

Asimismo, detalla las cuatro operaciones ilícitas supuestamente pagadas al entorno del expresidente Ricardo Martinelli, a su primo y abogado Francisco Frankie Martinelli y a la entonces ministra de Justicia, Roxana Méndez, por valor total de 670 mil dólares, a través de cuentas bancarias ligadas a la empresa Devor Diagnostic, con sede fiscal en Miami, propiedad del empresario dominicano y “amigo íntimo” de Martinelli, Rogelio Oruña.

Los fiscales señalan “diversos pasajes en los que las coimas fueron materialmente pagadas a funcionarios públicos panameños”.

La acusación se apoya en varias fuentes de prueba, como interceptaciones telefónicas, documentación contractual, interrogatorios y otros indicios y concluye que, además de ese pago de casi 700 mil dólares, existió una promesa documentada de coima de 20 millones de dólares, así como un helicóptero con internos en piel Hermes, por valor de otros 8 millones que estaba destinado para Martinelli.

Las dádivas estaban dirigidas a “obtener del anterior gobierno de Panamá la adjudicación (por valor de 176 millones de dólares) de la construcción de cuatro cárceles modulares en varias localidades del Estado panameño”, concluyen los investigadores.

De otro lado, detallan que el pago de coimas se estipuló luego de “numerosas reuniones” entre altos funcionarios del anterior Ejecutivo panameño y los empresarios italianos, a través de la intermediación de Lavítola, que culminaron finalmente con la redacción de un “boceto final del contrato en el que fueron predispuestas por parte de Méndez las sumas de dinero indicadas y aprobadas por Martinelli”.

El caso salpica directamente a Martinelli y a otros exfuncionarios del Gobierno de Panamá como parte pasiva de la corrupción. Sin embargo, no podrán ser procesados por este delito, al menos en Italia. La Convención de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), firmada en 1997 en París, por la que se rige Italia, criminaliza solo aquellas personas físicas o jurídicas que protagonicen la llamada corrupción activa en operaciones económicas ilícitas: en este, caso Capriotti y Lavítola.

En cambio, la parte que recibe las coimas o –en lenguaje legal– la corrupción pasiva, en la que han incurrido- según el auto judicial- algunos funcionarios panameños, no podrá ser perseguida por la magistratura italiana.

Panamá solicitó ser parte civil acusatoria en este caso y, de ser ratificado en sede judicial, conferiría al país la facultad de perseguir por la vía judicial la plena indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

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