ENFOQUE

Ley de las APP: ¿Una modificación inútil?

El proyecto de ley 12, en camino de convertirse en norma jurídica, deberá complementarse con la Ley 22 de 2006, que rige las contrataciones públicas, y con el artículo 51 del ‘Código Penal’.

Un régimen jurídico inestable

Temas:

El pleno legislativo aprobó el proyecto de ley 12 en tercer debate durante esta semana. El pleno legislativo aprobó el proyecto de ley 12 en tercer debate durante esta semana.
El pleno legislativo aprobó el proyecto de ley 12 en tercer debate durante esta semana. Archivo

Una revisión de enciclopedias o diccionarios jurídicos encontraría que el término “inhabilitación” se refiere a una pena accesoria por la comisión de un delito. Pero este no es el alcance en materia de contratación pública.

En esta temática, la inhabilitación es usualmente una sanción administrativa de parte del Estado a uno de sus contratistas por razón del incumplimiento contractual en cuanto a la calidad, tiempo de entrega o costo de la obra contratada.

En este contexto, el artículo 67 del proyecto de ley 12 establece una inhabilitación de hasta 10 años para aquellos contratistas de asociaciones público privadas (APP) que hayan incumplido previamente.

Respecto al tema de la incapacidad para contratar con el Estado, esta es el resultado de una condición que puede estar relacionada con la conducta extracontractual de la empresa. Por ejemplo, un contratista puede haber cumplido con una obra, pero es condenado por blanqueo de capitales o por peculado, causando que pierda su capacidad para contratar con el Estado.

Aquí, la regulación de estas situaciones fue propuesta por el diputado Juan Diego Vásquez, para que fuera parte del proyecto de ley 12, pero la mayoría legislativa excluyó este aspecto, y el artículo 67 quedó limitado a la inhabilitación administrativa y a las causales de incapacidad fijadas por la Ley 22 de 2006.

De convertirse en ley tal como está, también sería necesario hacer referencia al artículo 51 del Código Penal, norma que ha sido utilizada como referencia para empresas que han reconocido su corrupción, como Odebrecht.

“Artículo 51. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, aunque no sea beneficiada por él, se le aplicará cualesquiera de las siguientes sanciones:

1. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco años.

2. Multa no inferior a cinco mil balboas (B/.5,000.00) ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial.

3. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales.

4. Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término no superior a cinco años, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores.

5. Disolución de la sociedad.

6. Multa no inferior de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial, en caso de que la persona jurídica sea prestadora del servicio de transporte mediante el cual se introduce la droga al territorio nacional”.

Ahora bien, existe una ambigüedad entre las tres normas (Código Penal, Ley 22 de 2006 y futura ley de las APP). Las sanciones penales solo las contempla el Código Penal. La Constitución Política prohíbe la doble sanción por un mismo hecho.

En materia penal, la ley más favorable al reo es la que se aplica. En tal sentido, las empresas condenadas por actos de corrupción solo tendrían 5 años de incapacidad para contratar con el Estado, y no los 10 años que dice la futura ley de las APP.

Tendríamos la contradicción de que una incapacidad penal por actos de corrupción o peculado sería de 5 años, mientras que una inhabilitación administrativa por entregar tarde una obra podría ser de hasta 10 años.

Este conflicto innecesario de normas se produce por el apuro de aprobar leyes a tambor batiente.

En esta materia, se debieron seguir las recomendaciones del diputado Vásquez. No se le quiso dar el espacio adecuado a su propuesta por razones de ego parlamentario.

Ahora, el entuerto debe esperar a que las reformas de la Ley de Contrataciones Públicas también reformen el Código Penal.

Las leyes deben ser lo más completas posibles y hacer referencia a todo el ordenamiento jurídico. La ley de las APP debió tener su articulado de incapacidades, y esto hubiera enviado un buen mensaje a la ciudadanía y a la comunidad internacional.

Un régimen jurídico inestable

La Ley 22 de 2006, que es la norma de contrataciones públicas vigente, sería la norma supletoria, es decir, complementaria a la legislación de asociaciones público privadas. Esto significa que cualquier vacío en la norma de la APP debe ser complementado con la Ley 22 de 2006 que, a pesar de su importancia, ha sido modificada en más de una decena de ocasiones por los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

18 Sep 2019

Primer premio

1 3 3 9

DCCA

Serie: 21 Folio: 3

2o premio

9886

3er premio

1627

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código