VENEZUELA

Ley del odio lesiona libertades

La Relatoría de Libertad de Expresión, oenegés venezolanas y la SIP advierten del peligro que representa para la libertad de expresión y de prensa.

MUD deja reunión en ‘suspenso’

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Momento en que los constituyentes oficialistas celebran la aprobación de la ley contra el odio. Tomada de @ANC_ve Momento en que los constituyentes oficialistas celebran la aprobación de la ley contra el odio. Tomada de @ANC_ve
Momento en que los constituyentes oficialistas celebran la aprobación de la ley contra el odio. Tomada de @ANC_ve

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno de Venezuela a derogar la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el pasado miércoles, por considerar que lesiona el derecho a la libertad de expresión.

A través de un pronunciamiento divulgado por el relator Edison Lanza, la Relatoría –órgano autónomo de la OEA– expresó al gobierno que es necesario que “rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión”, al tiempo que lo llamó a efectuar una “discusión abierta y participativa” sobre el tema “a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos”.

La ley contra el odio, propuesta por el presidente Nicolás Maduro tras multitudinarias protestas que tuvieron lugar entre abril y la primera semana de agosto –con saldo de más de un centenar de muertos–, fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano oficialista que rige el país con poderes ilimitados desde el 5 de agosto, a pesar de que su convocatoria fue denunciada como inconstitucional.

En su declaración, la Relatoría manifestó su “grave preocupación” por la norma, y recordó que fue adoptada “a través de un trámite expedito” y “sancionada sin intervención” de la Asamblea Nacional. Además, señaló que “establece sanciones penales exorbitantes [incluido el cierre de medios] y facultades para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales” sobre libertad de expresión.

Para la Relatoría, estas restricciones podrían “generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”. También calificó como “alarmantes” la penalización de expresiones de interés público con “figuras vagas y sanciones exorbitantes”, así como “la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios” y “la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios e imponer contenidos”.

“Las excesivas penas vacían la propuesta de carácter jurídico al convertirla en un dispositivo de criminalización contra expresiones incómodas para el poder”.

Foro por la Vida Extracto del comunicado

La Relatoría ya condenó en septiembre el cierre de unos 50 medios de comunicación y urgió al gobierno a garantizar su operación sin distinción de línea editorial.

En términos similares se expresaron 32 organizaciones no gubernamentales de Venezuela que suscribieron un comunicado conjunto.

Las oenegés, encabezadas por Foro por la Vida, aseguran que la ley contra el odio es ilegítima por su forma, fondo y origen, al carecer de legitimidad el organismo que la emitió. “La carencia de legitimidad de la ANC implica que ninguna de sus acciones tiene implicaciones jurídicas auténticas al desbordar y contravenir, desde su origen, los principios y procedimientos contemplados en la Constitución en garantía de los derechos fundamentales”, se lee.

En el documento, que suscriben entre otras, Transparencia Venezuela, Un Mundo sin Mordaza, la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y Provea, se exige la no aplicación de la ley por “contravenir las exigencias mínimas de forma y fondo en materia de derechos humanos, en especial la libertad de expresión, el derecho a la asociación y la participación política”.

El grupo advierte que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos no prescriben, al igual que la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten actos violatorios de los derechos constitucionales.

“(...) La pretendida legislación descansa en la teoría del ‘expansionismo penal’, según la cual la cárcel es la solución de los conflictos”, aseguran, y agregan que “toda regulación del discurso, que en este caso se traduce en una restricción del derecho a la libertad de expresión, debe cumplir con tres condiciones: legalidad, legitimidad y proporcionalidad de la posible sanción en relación al presunto daño que se pueda generar”, y que esta ley no cumple con ninguna de estas características, por lo que “cualquier discurso podría ser calificado como ‘odio’, aplicándose arbitrariamente para encarcelar a personas hasta por 20 años”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó la norma, que consideró“una nueva coartada del régimen para acabar con la debilitada libertad de expresión”, al condenar con hasta 20 años la “incitación al odio”, condición que, alega, se puede atribuir a personas que en la vía pública protestan contra el gobierno o que expresan críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.

A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que la ley “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión”. El régimen “sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo”, agregó.

(Con información de AFP)

MUD deja reunión en ‘suspenso’

El bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejó “en suspenso” una reunión prevista para el próximo miércoles en República Dominicana, con el fin de retomar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, la MUD anunció que el oficialismo no ha dado “el visto bueno” para que los facilitadores internacionales acompañen la reunión, en alusión a los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua.

“Recibimos con preocupación que los representantes del gobierno, hasta el momento, no hayan confirmado su presencia en la reunión por el acompañamiento de los cancilleres”, añade el texto, que también afirma que la MUD está “preparada para un proceso serio con la participación de los países amigos de Venezuela” y es el gobierno quien debe cumplir con los compromisos adquiridos.

La MUD dijo que retoma la negociación de cara a unas elecciones presidenciales limpias, que se traduzcan en un cambio político democrático.

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