´Ley podrá ser discutida´

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, afirmó ayer que el proyecto de ley 438, que busca modificar nueve artículos del Código Judicial para atacar la corrupción y agilizar los procesos en ese órgano del Estado, “no está escrito en piedra” y, por tanto, podrá ser debatido y eventualmente modificado. Moncada hizo esta afirmación en una reunión ayer con periodistas y directivos de La Prensa, en la que también estuvo el vicepresidente de la Corte, Harry Díaz. Según Moncada, se trata de una iniciativa que no tiene pretensiones políticas ni personales y que lo que busca es atender un viejo reclamo de la sociedad, que percibe, y no se equivoca –reconocieron– que la corrupción impera en el Órgano Judicial. “No tenemos ningún apuro. Que se discuta, porque no hacerlo, no sancionarlo sería hacerle el juego a los muchos intereses que hay en el sistema”, dijo Díaz. Ambos magistrados dijeron que el escenario para la discusión y posibles cambios al proyecto será la Comisión de Gobierno de la Asamblea, a la que invitaron a la sociedad civil, a los gremios de abogados y a todo aquel que lo desee a presentar sus puntos de vista y aportes para mejorar el texto. Añadieron que, incluso, están dispuestos a discutir el tema de la carrera judicial, incluido en dos proyectos de ley introducidos en la Asamblea en 2009 y 2011, aunque aclararon que su iniciativa no riñe con estos. Argumentos Moncada insistió en que el espíritu del proyecto de ley es combatir la corrupción y agilizar los procesos en la Corte y que, contrario a lo dicho por los magistrados Harley Mitchell, Oydén Ortega, Víctor Benavides y Jerónimo Mejía –quienes objetaron el proyecto– este debía ser presentado por la Sala Cuarta de la Corte, y no desde el pleno, dijo, citando el numeral 6 del artículo 100 del Código Judicial. Añadió que es falso que en directivas anteriores las iniciativas legislativas fueran aprobadas por el pleno, como lo dijo la exmagistrada Esmeralda de Troitiño; lo que ocurría es que algunos presidentes notificaban al pleno sobre la presentación de alguna iniciativa, avalada por la Sala Cuarta, explicó. Para respaldar su argumento, presentó una certificación, firmada por el secretario general de la Corte, Carlos Cuestas, según la cual, en el bienio 2008-2009, cuando de Troitiño fue vicepresidenta y Mitchell presidente de la Corte, las iniciativas legislativas fueron presentadas por este último desde la Sala Cuarta. Moncada y Díaz también salieron al paso a las críticas según las cuales, el proyecto ataca la independencia de los jueces y la estabilidad de la carrera judicial. “Lo que no permitiremos es que, basados en esos principios, se pretenda seguir amparando a los corruptos”, dijeron. Aclararon que el pleno de la Corte no nombrará a los jueces y magistrados, pues ello se seguirá haciendo según el Código Judicial. Precisaron, así mismo, que el proyecto no elimina la figura del voto salvado; lo que hace es obligar que los salvamentos de voto sean presentados en el término de cinco días para no retrasar el proceso, mismo espíritu de la reforma al artículo 109 delCódigo Judicial, que fija plazos para la presentación y aprobación de los fallos. “Es absurdo que los nueve magistrados tengan que firmar el fallo cuando ya hay una mayoría. El no firmar los fallos retrasa los procesos”, acotaron. En cuanto a la reforma del artículo 280 del Código Judicial, que da al pleno la facultad para sancionar a jueces y magistrados de tribunales superiores, explicaron que en esos procesos igual se tendrán que presentar pruebas contra los acusados e, incluso, un informe de auditoría. Allanamientos En el tema de la reforma al artículo 2178 del Código Judicial, que elimina la flagrancia como requisito para que las autoridades de la policía puedan ordenar y realizar allanamientos, precisaron que esa facultad ya está en el Decreto 5 de 1938; que lo que se quiere es darle rango de ley y poner fin a una tendencia en la Corte ligada a procesos por narcotráfico, según la cual, estos no proceden cuando los corregidores, que son autoridades de policía, realizan las diligencias preliminares sin tener la competencia para ello. Dijeron que la flagrancia limita los procedimientos y no es necesaria, ya que el artículo 20 del decreto plantea las 12 condiciones que deben existir para que la autoridad de policía autorice y realice el allanamiento. En cuanto a la contradicción que, según juristas, plantea la reforma a este artículo con el Código Procesal Penal, que otorga la facultad de ordenar los allanamientos a los jueces, puntualizaron que la nueva disposición no se aplicaría en las provincias donde está vigente el código e impera el sistema penal acusatorio. Se les preguntó si el hecho de dar esta facultad a los corregidores no contradice el Pacto de Estado por la Justicia, que plantea sustituir esa figura por la de los jueces de paz, aseguraron que no, que lo que se busca es corregir el problema ahora y si en un futuro se instauran las nuevas figuras, se les trasladarán las competencias. “No podemos soltar a narcotraficantes porque hayan sido capturados por un corregidor”, dijo Díaz. Política En cuanto a las voces que afirman que la Corte se ha dividido en dos bancadas: una de oposición y otra –la de ellos– de gobierno, ambos coincidieron al asegurar que no existe tal politización y que apostar por ella “es el peor servicio que se le puede hacer al país”. “Yo no tengo que responderle a nadie. No tengo deberes con ningún partido político y hasta donde sé, ninguno de los magistrados está inscrito en alguno de esos colectivos”, afirmó Díaz. En este tema, Moncada prefirió guardar silencio.

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