Se introdujeron 17 artículos considerados como ´goles´

Ley de seguridad pública, en un limbo

La norma viola el artículo 49 de la ´Constitución´ que garantiza la libertad, los deberes y derechos de los que gozará toda persona.

Mientras que la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño aseguró que formalmente no se puede evitar la entrada en vigencia de la Ley 56 de mayo de 2011, que regula el funcionamiento de las agencias de seguridad, el excontralor Alvin Weeden dijo que dicha norma puede ser utilizada como instrumento para controlar las actividades de particulares y políticos.

Troitiño aseguró que “técnicamente no existe manera de frenar la entrada en vigencia de la Ley 56 de mayo de 2011 y que esto se hará de hecho”.

Estimó que esto crea una especie de “limbo jurídico, en cuanto al mecanismo legal de la entrada en vigencia de una ley”.

Mientras, Weeden aseguró que la nueva legislación obliga a los conserjes y agentes de seguridad que custodian los edificios a dar un informe a la Dirección Institucional de Asuntos Públicos sobre las personas que entran o salen de los edificios que custodian.

Aseguró que esto sería establecer un sistema de vigilancia sobre figuras públicas de la oposición y particulares que adversan al gobierno, por lo que llamó a la desobediencia civil contra esta legislación.

El exfuncionario aseguró que desconoce cómo los diputados de la Asamblea Nacional, las organizaciones de la sociedad civil y representantes de las agencias de seguridad que participaron de la discusión de la ley permitieron la introducción de artículos que violan la Constitución.

Aseguró que dicha ley viola el artículo 49 de la Carta Política, que establece que “el Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo”.

Planteó que esta violación se produce por que se elimina la libertad del ciudadano de escoger el servicio que más le convenga y se le obliga a contratar forzosamente una agencia de seguridad para servicios de consejería y vigilancia.

En este caso, apuntó que también se obliga a la contratación de agencias de seguridad para la instalación de servicios de vigilancia, hecho que puede obligar al cierre de muchas empresas dedicadas a la instalación de equipos de seguridad.

Por su parte el viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, aceptó que en la Ley 56 de mayo de 2011 se introdujeron 17 “goles” que cambiaron su espíritu.

En declaraciones dadas a Telemetro Canal 13, Garuz confirmó que el cambio a la legislación de las agencias de seguridad se hizo por el gran número de hechos delictivos relacionados con esta actividad.

Dijo que durante las primeras etapas de consultas todo caminó bien y se consensuó la mayoría de los artículos.

Explicó que durante el primer debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales se creó una subcomisión integrada por los diputados Tito Rodríguez, Julio Luque y Yassir Purcait; por parte de las agencias de seguridad estaban Abdiel Lamboglia, Guiseppe Bonaduto, Félix Vega Rubén Rivera y Fernando Roque.

Dijo que a raíz de los cambios introducidos al proyecto, ordenó una investigación a los funcionarios del Ministerio de Seguridad encargados de la reglamentación de la ley, ya que nunca advirtieron modificaciones.

Los cambios en mención fueron introducidos en los artículos 3, 6, 10, 11, 22, 25, 28, 35, 56, 57, 58, 61, 64, 67, 71, 72, 89 de la ley.

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