Llevarán ley antilavado a Gabinete

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene intención de presentar al Consejo de Gabinete la próxima semana el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales.
La inclusión de Panamá en la lista gris está dificultando la relación de los bancos con sus corresponsales y el acceso de empresas al sistema financiero de Estados Unidos. La inclusión de Panamá en la lista gris está dificultando la relación de los bancos con sus corresponsales y el acceso de empresas al sistema financiero de Estados Unidos.

La inclusión de Panamá en la lista gris está dificultando la relación de los bancos con sus corresponsales y el acceso de empresas al sistema financiero de Estados Unidos.

Ley antilavado, clave para cumplir con Gafi Ley antilavado, clave para cumplir con Gafi

Ley antilavado, clave para cumplir con Gafi

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Ley antilavado, clave para cumplir con Gafi

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene intención de presentar al Consejo de Gabinete la próxima semana el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales.

La norma incrementa los controles a varias actividades económicas consideradas de riesgo para el blanqueo y es clave para salir de la lista gris del Gafi.

Ley antilavado, clave para cumplir con Gafi

roberto.gonzalez@prensa.com

Panamá habrá completado un 60% del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para salir de la lista gris cuando apruebe la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, señaló ayer la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

La elaboración del proyecto de ley está en su etapa final. Fue revisado por Gafilat —organismo regional del Gafi— y discutido con los representantes de los gremios empresariales involucrados. Esta semana se remitirá a los gremios la última versión del documento y la próxima semana se presentará al Consejo de Gabinete para su aprobación, explicó la viceministra.

El Gobierno aspira a que la Asamblea Nacional apruebe este proyecto y otros dos que fueron presentados por el Ministerio Público antes de que termine el actual período legislativo para poder presentar los avances en la próxima plenaria del Gafi, que se celebrará en junio.

Esta es, además, la fecha límite para completar un plan que incluye 19 acciones y que fue pactado por la pasada administración con el organismo internacional después de que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) constatara las debilidades de la estructura legal contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La nueva ley antilavado considera a más de 30 sectores económicos como “sujetos obligados”. Esto significa que, en mayor o menor medida, estarán obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) operaciones sospechosas y aquellas en efectivo por encima de cierto monto.

Sectores como bienes raíces, construcción, abogados, contadores, auditores, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, además de empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, entre otros, tendrán mayores controles que en la actualidad y quedarán bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.

los retos

El pasado mes de febrero, se expusieron los avances de Panamá en la plenaria del Gafi en París. El organismo reconoció los esfuerzos, pero advirtió de la necesidad de continuar con la ejecución del plan de acción y concretar las leyes propuestas.

Antonio Adinolfi, director del Departamento de Prevención del Uso de Sistemas Financieros para Fines Ilegales del Departamento del Tesoro de Italia, uno de los países miembro del Gafi, dijo que “los revisores saben que hay un compromiso político muy fuerte para mejorar la propia legislación”, pero se mostró pesimista sobre la posibilidad de que Panamá consiga los objetivos requeridos por el Gafi para la próxima plenaria del organismo en junio. Apuntó que es un requisito indispensable para pasar la prueba del Gafi que Panamá complete su regulación penal respecto al delito de blanqueo de capitales, haciendo referencia, en concreto, a la penalización de la falsificación de monedas y a la erradicación de las acciones al portador, ya que con su uso “es difícil saber la identidad del beneficiario”.

Los esfuerzos del país por salir de la lista gris coinciden con la revelación en el ámbito local de escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios de la pasada administración que refuerzan la tesis del FMI y el Gafi sobre la vulnerabilidad del sistema local al blanqueo de capitales.

(Con información de Victoria Isabel Cardiel C.)

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