RECONFIGURACIÓN DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES

Lucha de poder en la Asamblea Nacional llega a la Corte Suprema

El pasado jueves, por mayoría del pleno legislativo, se aprobó desmantelar la Comisión de Credenciales, que lideraba el panameñismo.

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El Partido Revolucionario Democrático (26 diputados) y Cambio Democrático (25) conforman mayoría en el pleno de la Asamblea Nacional. El Partido Revolucionario Democrático (26 diputados) y Cambio Democrático (25) conforman mayoría en el pleno de la Asamblea Nacional.
El Partido Revolucionario Democrático (26 diputados) y Cambio Democrático (25) conforman mayoría en el pleno de la Asamblea Nacional. Archivo

La disputa política que se libra en la Asamblea Nacional a raíz de la disolución de la Comisión de Credenciales llega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La presidenta del poder Legislativo, Yanibel Ábrego, remitió el pasado viernes a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que preside el magistrado Abel Zamorano, la advertencia de ilegalidad. Dicha advertencia ataca la resolución que permitió alterar el orden del día del pleno y desmantelar la instancia que controlaba el oficialista Partido Panameñista.

Juristas y diputados discuten ahora el nuevo escenario. El panameñismo alega que si un magistrado de la CSJ acoge este recurso se suspendería el trámite de la elección de los miembros de la comisión, que se haría a partir de hoy lunes.

En tanto, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Jorge Alberto Álvarez y el jurista Ernesto Cedeño afirman que la única manera de que el proceso se paralice es con un amparo.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden dice que el recurso pone en pausa el proceso de escogencia de los nuevos miembros y la comisión seguiría operando con los diputados que la integraban desde el 17 de julio de 2017. Es decir, con cuatro panameñistas, tres del Partido Revolucionario Democrático y dos de Cambio Democrático.

GUERRA POLÍTICA VA A LA CORTE

La guerra política por el control de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional tiene un nuevo capítulo a partir de hoy. La escogencia de los nuevos integrantes de la instancia, que fue disuelta el pasado jueves con el aval de 45 diputados, pondría el debate en un punto álgido.

La controversia está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tribunal que deberá decidir si acepta o no un recurso que presentó la bancada del Partido Panameñista ante la Secretaría General de la Asamblea.

Se trata de una advertencia de ilegalidad contra la resolución que le permitió al pleno alterar el orden del día, acción que a la postre provocó el debate para desmantelar la comisión.

El pasado viernes, la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, remitió esa acción legal a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte.

Para el oficialista Partido Panameñista, esto representa una oportunidad de que se suspenda el proceso de elección de los nuevos miembros. Se apoyan en el Artículo 73 de la Ley 38 de 2000, que, entre otras cosas, dice: “(...) la autoridad seguirá tramitando el proceso hasta colocarlo en estado de decisión, pero solo proferirá esta, una vez el pleno de la Corte o la Sala Tercera se hayan pronunciado sobre la consulta respectiva”.

“La Corte debe pronunciarse”, dijo, por ejemplo, el diputado Adolfo Beby Valderrama, del panameñismo.

Mientras que el perredista Pedro Miguel González, quien impulsó la estrategia para desmantelar el organismo que presidía el oficialista Luis Eduardo Quirós, afirmó el pasado viernes que el recurso podría dilatar la conformación de la comisión, aunque advirtió de que el pleno tiene la potestad de designar una comisión ad hoc, la cual ejercería sus funciones.

DESDE AFUERA

En la calle, abogados y miembros de la sociedad civil debaten el asunto. El abogado y excontralor de la República Alvin Weeden es de los que considera que la elección de los comisionados queda en pausa desde el momento en que la presidenta de la Asamblea llevó el recurso a la Corte.

“Inmediatamente, se detuvo la elección de los nuevos miembros, de manera que los comisionados existentes quedan en su cargo”, dijo.

En tanto, juristas como el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Jorge Alberto Álvarez y Ernesto Cedeño aseveraron que la única manera de que el proceso se pare es con un amparo de garantías. “Ellos [los diputados] pueden hacer perfectamente la elección. Yo dificulto que la Corte admita esa advertencia, porque estuvo mal formulada. Creo que no le darán cabida, ya que no procede”, explicó Cedeño.

Asimismo, señaló que aunque el panameñismo presente hoy mismo un amparo de garantías, nada frenará el proceso de elegir a los comisionados, ya que la Corte reparte los expedientes los lunes, miércoles y viernes. “El proceso no es tan expedito”, adelantó.

Cedeño hizo la salvedad de que desarticular esa corporación tiene visos de inconstitucionalidad. Recordó que el Artículo 41 del Régimen Interno de la Asamblea Nacional indica que los miembros de las comisiones permanentes durarán un año en sus cargos.

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Guerra política va a la Corte

Álvarez, por su parte, aseguró que las advertencias de ilegalidad no suspenden los actos. Sin embargo, reconoció que si la Corte decide lo contrario, “no habría otra opción”.

“La Corte, en un Estado de derecho, tiene la última palabra. Hay antecedentes en las normas que dicen que el que le da el carácter de suspender un proceso es un amparo de garantías constitucionales, pero si la CSJ decide suspender esto, ni modo”, sustentó el expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

DEFIENDEN PROCESO

Varios de los diputados que votaron a favor de la reorganización de la comisión defienden el proceso para elegir a los nuevos miembros.

Rony Araúz, jefe de bancada del partido Cambio Democrático (CD), afirma que las advertencias de ilegalidad deben ser presentadas antes de que se aplique la norma, y no después, como se hizo específicamente en este caso.

“También es importante señalar que no había un procedimiento administrativo en curso”, manifestó.

En tanto, Javier Patacón Ortega, del Partido Revolucionario Democrático, alegó que, en definitiva, los miembros de la comisión se deben escoger nuevamente. “Ya eso es caso cerrado. La comisión fue disuelta”, advirtió.

Su copartidario Leandro Ávila dijo, en tanto, que el pleno de la Asamblea es “autosuficiente” y lo que este decida es lo que cuenta.

“El pleno puede remover a cualquier comisionado de su cargo o hasta la misma junta directiva. El pleno legislativo es soberano y puede tomar cualquier decisión por mayoría [...] esperemos a ver qué sucede”, añadió.

La nueva comisión estaría integrada por tres diputados perredés, tres de CD, dos panameñistas y uno de las bancadas minoritarias.

LAS AUDITORÍAS

Mientras, el Movimiento Independiente (Movin), a través de un comunicado, hizo un llamado al contralor Federico Humbert para que entregue “cuanto antes” las auditorías relacionadas con el Legislativo.

“De manera que nos dé certeza a los ciudadanos de que las mismas no están siendo utilizadas para negociar con los diputados. De igual manera, exigimos a la presidenta de la Asamblea la publicación, sin excusas, de toda la información relativa a los contratos directos de la Asamblea, en cumplimiento con el fallo de la Corte”, dice el comunicado.

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