INVESTIGACIÓN

MEF evalúa evasión fiscal en venta de tierras en Bocas del Toro

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que actuará de forma “contundente” para defender los intereses de la Nación con el pago de impuestos no percibidos en la venta de tierras en Bocas del Toro a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, del político de Costa Rica Antonio Álvarez Desanti.

Para ello, reveló que hace las evaluaciones fiscales correspondientes sobre estas ventas irregulares de fincas que llevaron al Estado a defenderse de una demanda internacional por más de $80 millones interpuesta por Álvarez Desanti.

El MEF adelantó, además, que está “diseñando la estrategia” legal para garantizar que se recuperen estos terrenos en litigio.

Mientras que Álvarez Desanti advirtió que continuará su lucha legal para mantener las fincas que exige sean ubicadas en tierras de la comarca Ngäbe Buglé y en el humedal Damani-Guariviara.

El MEF ‘diseña’ estrategia legal para recuperar tierras en pleito

Para recuperar tierras en Bocas del Toro que están a nombre de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral (Decsa), perteneciente al excandidato presidencial costarricense Antonio Álvarez Desanti, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que interpondrá las acciones legales necesarias que permitan “asegurar y garantizar que el Estado recupere sus derechos”.

La decisión del MEF surge luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, dijo no tener jurisdicción para decidir sobre una demanda de $80 millones en concepto de resarcimiento, interpuesta contra el Estado panameño por Álvarez Desanti, propietario de fincas que adquirió en cuestionados procesos de prescripción adquisitiva entre 2010 y 2011, en Bocas del Toro.

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MEF evalúa evasión fiscal en venta de tierras en Bocas del Toro

El político costarricense exige que las fincas que compró en Bocas del Toro vuelvan a ser ubicadas en el humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé, después de que el Estado panameño se percatara de que Álvarez Desanti compró tierras en zonas alejadas de la ubicación que hoy reclama.

Las dos fincas en reclamo están a 64 kilómetros y 45 kilómetros de distancia cada una de donde el político reclama su ubicación.

Área del río. Expandir Imagen
Área del río. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

El MEF también anunció que verificará si se pagaron los impuestos en la Dirección General de Ingresos por la compraventa de los terrenos, y por un pago de $3.5 millones que habría recibido la abogada Evisilda Martínez por parte del político costarricense para la adquisición de las tierras.

Proceso

Un estudio de campo llevado a cabo por una empresa contratada por el propio Álvarez Desanti durante el proceso de adquisición de las fincas advirtió de que dentro de los límites de estas se encontraba “hasta la iglesia del pueblo...”. Así consta en un informe de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras de 2013, dado a conocer durante el proceso de arbitraje internacional.

En un recorrido de este diario por el lugar, los residentes mostraron su preocupación porque la iglesia –con frente de playa– esté en manos privadas. Las fincas fueron adquiridas tras fallos en acelerados procesos de prescripción adquisitiva promovidos, entre otros, por Evisilda Martínez y su esposo, Francisco Castillo.

Este medio envió correos a Martínez y a Castillo, pero no respondieron.

Recorrido por el lugar Expandir Imagen
Recorrido por el lugar UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Defensa

“Nuestros derechos fueron privados por resoluciones arbitrarias de autoridades panameñas”, arremetió Álvarez Desanti en un comunicado que divulgó en su país, en el que advirtió que seguirá su lucha legal para mantener la titularidad de las fincas.

Desde 2016, las autoridades locales inscribieron marginales en las fincas que adquirió Decsa a fin de evitar que sean vendidas, traspasadas o embargadas.

El político tico insistió en que los vendedores de las fincas fueron los que “no colocaron los precios reales en las escrituras” que aparecen en el Registro Público, pero que él pagó los impuestos correspondientes al fisco.

“Las personas que compraron las propiedades y que luego nos las vendieron habían puesto las escrituras por un valor, no al precio realmente pagado [...] esa es una costumbre que ha estado durante mucho tiempo en nuestros países”, dijo.

Cepo

Recorrido por el lugar. Expandir Imagen
Recorrido por el lugar. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

“No solamente Antonio [Álvarez] Desanti habría incurrido en utilizar abogados y grupos de indígenas para hacer traspasos de tierras ilegales. También estaban funcionarios y hasta diputados metidos en esto, así que vamos a llevarlos al cepo y a otros castigos”, afirmó el secretario general del Congreso Ngäbe y Campesinos, Liborio Miranda.

El cepo es un castigo que utiliza el pueblo ngäbe cuando considera que funcionarios o particulares han cometido actos que riñen con sus costumbres.

Miranda dijo que se sintieron engañados en este proceso de venta de las tierras por indígenas que no son de la zona, pero que “se prestaron para la ilegalidad”, por lo que esperan que las autoridades interpongan, junto con ellos, las acciones penales pertinentes para castigar a los responsables.

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