CAUSA COMPLEJA

MP analiza situación del jefe del Diasp en tráfico de armas

Un juez de garantías declaró complejo el proceso, lo que le otorga a la fiscalía un año de plazo para la investigación, en la que hay ocho funcionarios y un particular procesados.

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El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, a su salida de la audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio. Ricardo Iturriaga El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, a su salida de la audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio. Ricardo Iturriaga
El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, a su salida de la audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio. Ricardo Iturriaga

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada analizará la supuesta participación de Ovidio Fuentes, comisionado de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), en una red dedicada al tráfico internacional de armas de fuego.

El fiscal David Mendoza señaló que la extensión de seis meses dada ayer por el juez de garantías, tras declarar el proceso como causa compleja, será aprovechada para “analizar” la situación de Fuentes.

De acuerdo con el fiscal, uno de los aspectos que no está definido aún es si Fuentes es funcionario o no de la Diasp, una entidad adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.

Explicó que en las primeras diligencias que efectuó la fiscalía en la Diasp se le informó que Fuentes ya no era funcionario de esa entidad. No obstante –según Mendoza–, Fuentes compareció a una audiencia el 6 de este mes y afirmó tener la prerrogativa de servidor público.

Indicó que, en vista de esa situación y para “no poner en riesgo la investigación”, no quiso indagar sobre el supuesto cargo de Fuentes.

En el caso de que Fuentes mantenga el cargo de jefe de la Diasp, por ser un puesto con mando y jurisdicción nacional, tendría que ser procesado por la Procuraduría de la Nación y no por la fiscalía.

Procesados

En este caso ya son investigados los funcionarios de la Diasp Mayka Guerra, Johana Artiaga, Juana Ulloa, Edwin Medina, Esther González, Ibeht Flores y Héctor Cruz. También es investigado el particular Yuki Tom.

La fiscalía indaga la introducción al país, desde Estados Unidos, de un lote de 66 armas de fuego –entre pistolas, revólveres y fusiles de asalto–, que fue vendido a comerciantes de la localidad.

Hasta la fecha, la fiscalía informó que logró recuperar 40 de esas armas. Se trata, entre otras, de lanza granadas y fusiles de asalto AR-15.

Desde 2011 está vigente el decreto del Ejecutivo que prohíbe la importación de armas de fuego. La medida fue prorrogada durante este gobierno.

De acuerdo con las pesquisas, las armas fueron adquiridas a bajos precios, que oscilaron entre $149 y $540, y vendidas en Panamá en $5 mil 500 y $7 mil 500.

Las investigaciones determinaron que Yuki Tom recibía un trato preferencial en la Diasp al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia VIP, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 57 del 27 de mayo de 2011.

La fiscalía también precisó que los funcionarios de la Diasp señalados en la investigación colocaron a las armas un registro de introducción del año 2013, cuando en realidad fueron adquiridas en 2016, indican detalles de la averiguación.

Un año de plazo

Tras haber sido declarada como causa compleja la investigación por el supuesto tráfico de armas, la fiscalía tendrá un año para realizar las pesquisas.

El juez de garantías otorgó seis meses adicionales a los seis meses que inicialmente tenía la fiscalía para instruir el sumario.

Si se agota el tiempo de un año, el fiscal Mendoza explicó que la ley señala que se puede extender el plazo por un periodo similar

“La investigación determinará quién más entra a esta causa”, agregó el fiscal.

A la fiscalía le interesa saber la dinámica exacta de cómo las armas fueron ingresadas al país, además, si hay otros funcionarios involucrados en la posible comisión del ilícito.

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