PROPUESTA

Ministerio Público y diputados chocan por debate del proyecto 579

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A la reunión asistieron seis de los nueve diputados que integran la comisión. A la reunión asistieron seis de los nueve diputados que integran la comisión.
A la reunión asistieron seis de los nueve diputados que integran la comisión. Ricardo Iturriaga

El proyecto de ley 579, que busca inhabilitar a aquellas personas que sean condenadas por delitos contra la administración pública, provocó un choque entre diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y el Ministerio Público, luego de que los diputados advirtieron que el tema no fue discutido ayer porque no contaban con la presencia de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación ni del Órgano Judicial.

El perredista Leandro Ávila fue el primero que se opuso a que la propuesta fuera debatida. “Sin el Ministerio Público (MP) no podemos discutir ese proyecto de ley (...)”, manifestó.

Acto seguido, la diputada independiente Ana Matilde Gómez pidió al presidente de la comisión, el panameñista Carlos Santana, que diera la orden para que la secretaría de esa instancia informara si había invitado al MP y demás operadores de justicia, así como a la sociedad civil.

“Me informa la secretaria que fueron invitadas todas las partes”, expresó Santana a los diputados presentes, medios de comunicación y a los proponentes del proyecto, que se encontraban en el salón donde sesionaba la comisión.

“La verdad, no entiendo cuál es la tiradera de pelota del MP y la comisión. Queremos que debatan”.

Juan Diego Vásquez Proponente del proyecto

En ese sentido, Ávila pidió que se volviera a enviar la invitación, propuesta que fue secundada por los demás diputados. Igualmente, solicitó que en la próxima reunión se coloque dentro de la carpeta de los diputados la nota de invitación, “para que nosotros podamos constatarla y así saber quiénes no acudieron al llamado de la Asamblea”, sustentó.

Por su parte, la diputada independiente manifestó: “no podemos seguir postergando un debate que es necesario”.

Santana, en tanto, expresó que este es un proyecto “muy importante” y que el actor principal es la Procuraduría General de la Nación. “Los vamos a volver a citar de manera más formal. La secretaría técnica hizo una invitación, pero muy general. Pero, ahora sí la vamos a hacer directamente, citándolos de una forma más obligada”, añadió.

LA RESPUESTA

Horas más tarde, el MP informó a través de un comunicado que no tuvo conocimiento de la sesión . “Tampoco hemos identificado una invitación para que se asistiera al primer debate, como ha sido informado a través de los medios de comunicación, por lo que se hacen los contactos ante la Presidencia de la Comisión de Gobierno, para obtener mayores detalles de esta reunión, de la cual el Ministerio Público no tenía conocimiento alguno”.

El documento agrega que el MP no es proponente del proyecto, y acotó: “ a nuestro criterio no había razón alguna para que se suspendiera dicho debate”.

Este medio también consultó al Órgano Judicial sobre el particular, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Por su parte, Juan Diego Vásquez, uno de los proponentes de la iniciativa y quien estuvo en la reunión de la comisión, cuestionóla actuación del MP y de los diputados. “La verdad, no entiendo cuál es la tiradera de pelota. Queremos que debatan”.

A su juicio, la comisión debió hacer el debate. “¿Los diputados van a esperar que la procuradora o el Órgano Judicial vengan?, ¿y si nunca vienen?, ¿nunca lo vamos a debatir? Es inexcusable que la Asamblea esquive la discusión”, agregó.

DESCARTAN SUBCOMISIÓN

Ayer, el presidente de la comisión también decidió que el proyecto de ley, que surgió de una iniciativa ciudadana, se discutirá sin ir a una subcomisión, como lo habían propuesto en enero pasado. ¿La razón?, según explicó Santana, es que han trabajado la mayoría de los proyectos anticorrupción de esa instancia mediante subcomisiones. “Si lo hacemos directamente, es mucho más rápido”, agregó.

Esta iniciativa legislativa plantea que los condenados estarán inhabilitados para aspirar a cualquier cargo de elección popular, ejercer funciones públicas y contratar con el Estado. Esto último aplicaría a las personas jurídicas.

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