CASO LAVA JATO

MP pide al juzgado reabrir investigación de Odebrecht

La reapertura fue solicitada, luego de que el Ministerio Público recibió respuesta una petición de asistencia judicial de las autoridades de Brasil.

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La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, participó en un conversatorio con los periodistas de distintos medios locales. La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, participó en un conversatorio con los periodistas de distintos medios locales.
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, participó en un conversatorio con los periodistas de distintos medios locales. Olmedo Rodríguez Campos

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, anunció que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Janeth Rovetto, “verificará” las últimas revelaciones respecto al caso Lava Jato en Brasil y evaluará si es necesario que el Ministerio Público (MP) pida nuevas asistencias a la justicia brasileña.

Según la jefa del MP, Rovetto analizará si las confesiones de delatores de Odebrecht a los fiscales de Brasil que llevan el caso Lava Jato se anexarán a una investigación que instruyó en Panamá desde 2015, referente a denuncias por supuestas operaciones sospechosas de Odebrecht y cuyo expediente se pidió reabrir.

Explicó que Rovetto pidió al Juzgado Decimosegundo Penal la reapertura de la citada investigación, “porque se dieron unas acumulaciones” y dentro de ese expediente se añadirían las nuevas revelaciones que se han dado en el caso Lava Jato.

Porcell se refería a que las autoridades de Brasil le contestaron, en agosto pasado, una asistencia judicial que el MP había solicitado sobre este caso en enero de 2016.

En su cuenta de Twitter, el MP anunció el 13 de este mes que pidió la reapertura de la investigación sobre Odebrecht al Órgano Judicial.

“Se está planteando que si el Ministerio Público abre o no una investigación; recuerden que las investigaciones están abiertas, el Ministerio Público no tiene que abrir investigación”, explicó.

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MP pide al juzgado reabrir investigación de Odebrecht

LA INVESTIGACIÓN

La fiscal solicitó al Órgano Judicial la reapertura del proceso en agosto pasado.

En este expediente fueron anexadas notas y publicaciones periodísticas remitidas al MP por el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional–, Ramón Ricardo Arias.

En agosto de 2015, Arias envió al fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Oliver Vásquez, un ejemplar del diario La Prensa del 13 de ese mes.

En dicha publicación, se documenta cómo Odebrecht utilizó el centro financiero panameño para lavar millones de dólares, cuyos destinatarios finales eran exejecutivos de la empresa estatal brasileña Petrobras, según fiscales brasileños.

Cuatro meses antes, el 18 de marzo de 2015, Arias envió al Ministerio Público una nota, en la que anexó una publicación de un diario brasileño que reveló que la Fiscalía Antimafia de Italia inició pesquisas contra Odebrecht por supuestos actos de corrupción en la línea 1 del Metro. El caso –que ha tenido muy pocos avances– fue asignado al fiscal Vásquez.

En junio de aquel año, el secretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño, confirmó que la Procuraduría adelantaba pesquisas sobre Odebrecht a partir de la denuncia de Arias.

No obstante, Rodríguez Cedeño aclaró: “Nosotros abrimos una investigación a ver qué surge de ello, pero no es una investigación criminal directamente en contra de una persona jurídica”.

Luego, en este expediente fue anexada la denuncia que interpuso el 18 de septiembre de 2015 el excontralor Alvin Weeden, en la que indicó que la constructora Norberto Odebrecht habría blanqueado unos $50 millones a través de bancos panameños, utilizando una intrincada red de desvío de fondos en operaciones realizadas desde el año 2005.

En su denuncia, Weeden precisó que Odebrecht realizó transferencias de dinero a través de las sociedades Smith & Nash Engineering y Golac, ambas constituidas en Islas Vírgenes; Sherkson y Havinsur, en Uruguay; y Arcadex, en Belice. Todas esas sociedades transfirieron “millones de dólares” a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A., así como a Klienfeld, en Antigua y Barbados; Innovation, también en Antigua y Barbados; y Arcadex, en Belice.

Por último –según el esquema trazado por los fiscales brasileños– los dineros eran enviados de Constructora Internacional del Sur, S.A. a otras tres sociedades panameñas, que eran las “encargadas de pagar coimas a través de bancos en Suiza y otros países”. Se trata de Quinus, Pexo y Milzart.

La mayoría de las sociedades panameñas fueron usadas para pagar “coimas y sobornos” a Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, identificados como antiguos ejecutivos de la brasileña Petrobras.

También se detalla que algunos de estos fondos fueron manejados a través de cuentas abiertas en Credicorp Bank.

Costa, Barusco y Duque habrían recibido pagos por $3 millones. Se desconoce el paradero de los restantes $47 millones “que llegaron a cuentas de Constructora Internacional del Sur, S.A. en el citado banco Credicorp y que se manejaron con otros bancos nacionales”, según la denuncia de Weeden.

La sociedad Constructora del Sur fue creada el 11 de octubre de 2006 en la Notaría Undécima de Circuito, y disuelta el 25 de agosto de 2014.

REACCIONES

Al opinar sobre el anuncio de la procuradora, Weeden indicó que mientras investiguen eso, es positivo para el sistema judicial panameño.

“Estoy contento que el Ministerio Público investigue, lo malo era que no investigaran como venía pasando”, declaró.

“Así que si están pidiendo la reapertura para investigar, me alegra mucho, porque hay una disposición de querer hacer justicia, porque todo ese sistema de coimas es a través del blanqueo de capitales”, agregó.

Indicó que estará a disposición de brindar información a la fiscalía para que se haga justicia, tras la denuncia que interpuso en septiembre del año pasado.

Mientras, el presidente del Consejo Judicial y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, opinó que el anuncio de la procuradora es lo que “el pueblo espera” de ella, que investigue.

Manifestó que “ante el hecho de que en las declaraciones que se han dado en Brasil se han dado nuevos elementos, y si así lo establece el procedimiento, se puede pedir la reapertura de un caso en el que se había dictado un sobreseimiento provisional”.

“Esperamos que, efectivamente, en esta reapertura se incorporen los nuevos elementos que puedan determinar si hay hechos delictivos que sean tipificados en Panamá, y que sean procesados debidamente en Panamá los posibles responsables”, agregó.

Acotó que desde que se destapó este escándalo de corrupción en Brasil, la ciudadanía está preocupada de que en Panamá no se haya dado una investigación que realmente diera las pistas necesarias para que se determine si ocurrió algún hecho delictivo que amerite un proceso contra los responsables de quienes recibieron las supuestas coimas de la constructora brasileña por las obras que se adelantan aquí.

LAS REVELACIONES

El 12 de este mes, la revista brasileña Istoé publicó en exclusiva las declaraciones del expresidente del consorcio Marcelo Odebrecht, quien reveló que ocultó a través de la filial de la constructora en Panamá las pruebas que delatarían las coimas que pagó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la publicación, Marcelo Odebrecht, quien cumple una condena de 19 años de prisión por corrupción, reveló que pagó $2 millones en coimas al expresidente Lula da Silva y que ocultó en Panamá las pruebas que delatarían estas transacciones.

Esta semana, el diario brasileño Estadao reveló que Marco Antonio Vasconcelos Cruz, expresidente de Odebrecht en República Dominicana, dio a entender en un correo electrónico enviado a Marcelo Odebrecht que uno de los pliegos de las licitaciones para las obras del saneamiento de Panamá“haría sido montado [armado] por la misma empresa”.

Vasconcelos Cruz y André Rabello, jefe de Odebrecht en Panamá, figuran en la lista de los delatores de la empresa que cooperarán con los fiscales de Brasil en el caso Lava Jato.

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