Proceso judicial

Ministerio Público pide llamamiento a juicio en caso de fincas ‘sacapresos’

Se imputan a 13 personas vinculadas a la presunta comisión de los delitos de falsedad de documentos en general y estafa agravada, en perjuicio del Estado.

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Muchas de las fincas se encuentran ubicadas en terrenos inaccesibles en el distrito de Aguadulce en Coclé. Archivo Muchas de las fincas se encuentran ubicadas en terrenos inaccesibles en el distrito de Aguadulce en Coclé. Archivo
Muchas de las fincas se encuentran ubicadas en terrenos inaccesibles en el distrito de Aguadulce en Coclé. Archivo

El Ministerio Público (MP) solicitó el llamamiento a juicio de 13 personas por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y falsedad de documentos, a quienes acusa de ofrecer fianzas de excarcelación en procesos penales en los que se ofrecía como garantía fincas con registros y avalúos supuestamente irregulares.

La Unidad de Fe Pública del MP, que adelantó las investigaciones, considera que los imputados evadían las restricciones del Registro Público y de los juzgados penales y civiles con estas fianzas. Con ello lograban sacar de la cárcel a sospechosos de diversos delitos.

Entre los imputados figuran Ramsés Agrazal Castillo, Luminado Flores Batista, Gilberto Ávila Saldaña, Juan Kanelo Filópulos Cornejo, Serafín Ignacio Crooks y Luis Noriega Urriola. Completan la lista Crecencio Rodríguez González, Edwin Guerrero Mendoza, Juan Filópulos Wellizotis, Aurea Caballero Medina, Samantha Bush, Rodrigo Muñoz Sánchez y Yahir José Dupuy.

Según la vista fiscal del MP, fechada el 16 de octubre de 2019, los imputados parcelaban las fincas, a las que les incrementaban artificialmente su valor, con el fin de ofrecerlas como respaldo en fianzas en procesos penales y civiles.

Por ejemplo, una finca de 29 hectáreas registrada a nombre de Reforestadora San Cristóbal, S,A, ubicada en Aguadulce, Coclé, valorada en $400 mil, fue segregrada en 193 lotes y a cada uno se le colocó un valor de $400 mil.

Estas supuestas irregularidades se detectaron en 2014, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, remitió una nota a la entonces procuradora general de la Nación, Ana Belfon, en la que le informó de estos indicios que dan inicio a las pesquisas.

Al pasar dos años de investigación, entre recursos y diligencias practicadas por las partes, el caso no tuvo muchos avances por falta de nuevos elementos. En febrero de 2016, la Fiscalía Segunda de Circuito de Panamá solicitó, mediante vista fiscal, un sobreseimiento provisional de carácter impersonal. En agosto de 2017, el Juzgado Tercero de Circuito Penal decretó el sobreseimiento.

Pero en diciembre de 2017, la Fiscalía Tercera de Descarga pidió reabrir el caso al obtener nuevos elementos.

Como parte de las pruebas, la fiscalía aportó notas periodísticas que reportaban el uso de estas fincas en casos judiciales como garantías de fianzas de excarcelación en casos de alto perfil.

El 21 de septiembre de 2017 este diario publicó un reportaje titulado “Fincas, la gran estafa al Estado”. Allí se informaba que, al menos, ocho fincas sin acceso a electricidad, agua o vías de acceso pavimentadas, que no son más que potreros o montes, estaban siendo aceptadas como aval en el Órgano Judicial para dejar en libertad bajo fianza a numerosos sospechosos de delitos de alto perfil.

Entre los que usaron estas fincas como garantías hay figuras envueltas en escándalos por compras irregulares con fondos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) y en el fallido proyecto Riego de Tonosí.

Por ejemplo, el coordinador político de Cambio Democrático (CD), Porfirio Bolita Ellis; su pariente Julio Ernesto Terrientes Ellis, el empresario coclesano Juan Carlos Marciaga, entre otros.

Las pesquisas apuntan a las sociedades Reforestadora San Cristóbal, Ysidro, S.A., Inversiones La Auxiliadora, S.A., Juan Palito, S.A., Inversiones Kristian, S.A., Ioannis, S.A. y Easy Cash, S.A.

Tras una serie de diligencias, la fiscalía concluyó en su vista fiscal que las fincas fueron ofrecidas como garantías en distintos tribunales civiles y penales.

Agrega la vista fiscal que estas fincas garantes de fianzas de excarcelación y fianzas hipotecarias no “cuentan con las descripciones reales”. Es decir, la información es falsa y se introdujo a través de un documento público.

También se muestra en la vista fiscal información de paz y salvos de la Dirección General de Ingresos que fueron utilizados para sustentar ante diversos tribunales que las fincas se encontraban al día en el pago de impuestos.

Así sucedió en el caso de Reforestadora San Cristóbal, Ysidro, S.A., Inversiones La Auxiliadora, S.A., Juan Palito, S.A., Inversiones Kristian, S.A., Ioannis, S.A., y Easy Cash, S.A. Se detectó que ocho certificados de paz y salvo correspondían a otros contribuyentes.

Sobre el delito de estafa, el MP indicó que se encuentra debidamente acreditado debido a que se ingresó información falsa sobre las fincas en el Registro Público con el propósito de que estas sirvieran de garantía.

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