INVESTIGACIONES INCIPIENTES NO ARROJAN IMPUTADOS TODAVÍA

MP abre 4 nuevos casos por desfalcos en el FIS

Esos casos, y otros tres en reparto, suman una lesión calculada en cerca de 800 mil dólares, de acuerdo con las auditorías de la Contraloría.

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El extinto Fondo de Inversión Social (FIS) –hoy Programa de Acción Nacional (PAN)– sigue siendo una caja de Pandora, por los supuestos manejos irregulares que se le dio durante los gobiernos de Mireya Moscoso, Martín Torrijos y el actual de Ricardo Martinelli.

El escándalo por tales ilícitos estalló en enero de 2010, luego de una serie de publicaciones de La Prensa –basada en una auditoría de la firma externa López Consultores– que pusieron al descubierto diferentes anomalías, entre estas el hallazgo de listas ficticias de asistencia social, abultamiento de precios de alimentos, compra de maquinarias desaparecidas, pago de implementos deportivos que no se entregaban y utilización de obras que no se realizaban.

Por esos hechos, que habrían ocasionado una lesión patrimonial por unos 12 millones de dólares, se señaló a unos 19 diputados de gobierno y oposición, y a una decena de particulares. El caso está en la Corte Suprema (ver nota relacionada).

Sin embargo, recientemente la Contraloría concluyó 27 auditorías puestas en práctica cuando estalló el escándalo, y remitió al Ministerio Público (MP) al menos una decena de ellas, en las que se sospecha la existencia de dolo, y dan cuenta de una lesión patrimonial de más de 800 mil dólares. El resto pasó al Tribunal de Cuentas.

Según voceros de las fiscalías anticorrupción, de las auditorías que les remitió la Contraloría cuatro ya dieron paso a la apertura de expedientes por desfalcos que suman casi 300 mil dólares, en los que se investiga a particulares y exfuncionarios del FIS, mientras que otros tres expedientes están en vías de reparto.

Los nuevos casos

La Fiscalía Primera Anticorrupción instruye dos de los nuevos expedientes. Al primero se le dio apertura el 6 de septiembre pasado y se relaciona con un supuesto desfalco por 90 mil 127 dólares cometido a través de irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Programa de Asistencia Social. No hay sindicados.

La auditoría de este caso (informe 76-003-2001) fue remitida al MP el 26 de agosto pasado y ahora la fiscalía programa realizar la diligencia de ratificación de los auditores que la produjeron.

El segundo expediente de la Fiscalía Primera Anticorrupción fue abierto el 25 de octubre pasado. Tiene que ver con un posible peculado por 105 mil 752 dólares. Se basa en un informe fechado el 13 de octubre de 2011, y por ahora la fiscalía está en el proceso de ratificación. Tampoco hay acusados.

El tercer expediente quedó radicado el 30 de agosto pasado en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción. Se sustenta en el informe número 273-003-2010, remitido al MP el 16 del mismo mes.

El caso guarda relación con el contrato para el diseño y construcción de la terminal de buses de Las Garzas de Pacora, auspiciado por el FIS. El monto del posible peculado fue calculado por los peritos contables en 59 mil 825 dólares.

Esta auditoría fue autorizada por el excontralor Carlos Vallarino el 25 agosto de 2009 y abarca el período entre el 6 de agosto de 2008 y el 25 de junio de 2009. La revisión incluyó un análisis del contrato, las adendas que se le hicieron y los pagos que se le dieron al contratista, además de la evaluación e inspección del proyecto realizadas por la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría. No hay sindicados. La fiscalía recibe actualmente las declaraciones juradas de los auditores.

Finalmente, el cuarto expediente fue remitido a la Fiscalía Novena de Circuito (con competencia en materia anticorrupción) a partir del informe de auditoría número 295-003-2011, el cual descubrió un posible desfalco por 43 mil 769 dólares en el proyecto sobre el diseño y construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Portobelo, Colón y sus alrededores, suscrito entre el FIS y la empresa Ingeniería Quiroz García S.A.

Según el informe preliminar de inspección a la obra, efectuada el 12 de enero de 2010, los inspectores de la Contraloría constataron un deterioro de los trabajos realizados, para aquel entonces calculado en 44%. El proyecto tuvo un costo de 896 mil 349 dólares, de los cuales se pudieron justificar 852 mil 579 dólares, lo que representaba un perjuicio en contra de los fondos del FIS por los citados 43 mil 769 dólares.

En una segunda inspección, el 23 de abril de 2010, los auditores comprobaron que el contratista había abandonado el proyecto en mayo de 2009, cuando tenía un avance de 69%, incluyendo modificaciones no autorizadas. Para entonces se le había invertido 1 millón 348 mil 450 dólares.

En este caso, la fiscalía investiga a Bernardo García Acosta, Francisco Israel Rodríguez e Ivanhoe Ruiz De León. La fiscal Irma Fernández evalúa la posible formulación de cargos a los implicados.

No hay conexión

La fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, explicó que estos cuatro casos y los otros tres que están en proceso de reparto son el resultado de las únicas auditorías que ha remitido la Contraloría al Ministerio Público este año, en relación con el desfalco a los recursos del FIS.

Destacó que el comienzo de las sumarias se fundamenta en dichos informes, y aunque en principio se sospecha la comisión de delitos, aún así se debe citar a los auditores para que se ratifiquen en sus conclusiones.

También indicó que no se ha probado que estos cuatro casos estén relacionados entre sí y, por ello, se abrieron expedientes separados.

“La única conexión que hay hasta el momento es que el FIS es el único afectado, pero esto no es suficiente para pedir una acumulación de los casos”, recalcó.

Dijo que esperan cumplir con lo que estipula la ley, que le otorga cuatro meses para instruir los expedientes, y si es necesario solicitarán una prórroga de dos meses para completar dichas averiguaciones.

UN CASO PARADO Y DOS EN PROCESO

Entre los mencionados a partir del escándalo surgido en 2010 están los diputados José Muñoz, Héctor Aparicio, Dalia Bernal, Abraham Martínez, Carlos Afú, de Cambio Democrático; José Luis Varela y Alcibiades Vásquez, del panameñismo; y Leandro Ávila, Juan Carlos Arosemena y Yassir Purcait, del PRD.

Basado en las publicaciones de esa época, el abogado Iván Montalvo, a título personal, presentó una denuncia por delitos contra la administración pública en perjuicio del FIS, la cual quedó radicada en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, pero el entonces fiscal Ramsés Barrera (hoy secretario general de la Procuraduría) remitió el caso al pleno de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los artículos 155 y 206 (numeral 3) de la Constitución, que determinan que los diputados solo son investigados por magistrados del máximo tribunal. Desde ese momento, el caso se encuentra en el despacho del magistrado Harley Mitchell.

Sin embargo, una parte del extenso caso pasó a la Fiscalía Primera Anticorrupción, en la que se investigaba la supuesta utilización, con fines personales y políticos, de casi un millón de dólares del FIS destinados para el Monasterio de la Visitación de Santa María de Panamá, ubicado en Las Cumbres.

Por este caso, la fiscal primera Anticorrupción, Rosa Elvira Pinzón, consideró en su vista fiscal de septiembre de 2010 que había suficientes pruebas para llamar a juicio al exdiputado Francisco Ameglio y a otras 18 personas.

Además de Ameglio, también se pidió el encausamiento criminal para su asistente Guadalupe del Carmen Alvarado, y de la madre de esta, Florimarcia Bonilla.

Asimismo, para Guadalupe del Carmen Guardia, Orlando Medina, Félix Sánchez, Lincoln García, Guillermo Campos, Mauricio Sánchez, Orlando Bonilla, Maribel Crespo, Elisa Almanza, César Almanza, Jorge Alvarado, José Devandas y Benjamín Hernández, todos beneficiarios de los cheques procedentes del Fondo de Inversión Social.

También solicitó un sobreseimiento provisional para Roger Hermel Conte Samudio.

El 31 de marzo pasado, el Juzgado Cuarto Penal devolvió el expediente a la fiscalía para una ampliación.

En septiembre pasado, los abogados de Ameglio presentaron ante el juzgado un incidente de nulidad del caso, basados en que los peritos de la Contraloría que realizaron estas auditoría no eran idóneos.

Otro caso relacionado con posibles desfalcos a los fondos del FIS tuvo su audiencia preliminar el pasado 14 de noviembre en el Juzgado Décimo Penal. En este caso están implicados siete exfuncionarios de la entidad con el manejo irregular de viáticos por un monto de 2 mil 55 dólares, entre el 1 de septiembre de 2004 y el 30 de junio de 2005. La Fiscalía Novena Anticorrupción, que dio inicio a estas sumarias en 2010, pidió encausamiento criminal paratodos los implicados.

José Otero

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