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MP pide desaforar a esposa e hijo de Martinelli

Las investigaciones se relacionan a supuestas irregularidades en la repartición de bolsas de comida y al contrato del bingo televisado ‘Buko Millonario’.

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Marta Linares de Martinelli Marta Linares de Martinelli

Marta Linares de Martinelli Foto por: Archivo

Martinelli Linares ha sido presuntamente vinculado a las anomalías en el bingo Buko Millonario. Martinelli Linares ha sido presuntamente vinculado a las anomalías en el bingo Buko Millonario.

Martinelli Linares ha sido presuntamente vinculado a las anomalías en el bingo Buko Millonario. Foto por: Archivo

El Ministerio Público (MP) giró oficios al Tribunal Electoral (TE) para que se le despoje del fuero penal electoral a la ex primera dama Marta Linares de Martinelli y a su hijo Ricardo Alberto Martinelli Linares, en dos procesos que adelantan sus agencias de instrucción.

La esposa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal es mencionada en un expediente, a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción, relacionado con la repartición de bolsas de comida navideña adquiridas, presuntamente de forma irregular, con fondos del Programa de Ayuda Nacional en la administración de Rafael Guardia Jaén.

Mientras que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitó el desafuero para Ricardo Alberto Martinelli Linares en el caso de supuestas anomalías en el contrato del bingo ‘Buko Millonario’.

La esposa y el hijo del exmandatario -que se encuentra fuera del país desde enero pasado- gozan de fuero electoral por ser candidatos en los comicios internos de Cambio Democrático (CD).

Ex primera dama y su hijo, en la mira de las fiscalías

El Ministerio Público solicitó el levantamiento del fuero electoral de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli y de su hijo Ricardo Alberto Martinelli Linares, como parte de investigaciones relacionadas con la compra de bolsas de comida navideña a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el bingo televisado Buko Millonario, respectivamente.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que ambas peticiones ya fueron enviadas a los magistrados del Tribunal Electoral (TE). La ex primera dama y su hijo gozan del fuero electoral tras postularse a convencionales en las elecciones internas de Cambio Democrático (CD).

En el caso de Marta Linares de Martinelli, la petición fue formulada por la Fiscalía Primera Anticorrupción y surgió a raíz de la compra de 110 mil bolsas de comida navideña, que fueron adquiridas a través de contratos adjudicados por el PAN durante la administración de Rafael Guardia Jaén.

Según las fuentes, la fiscal Tania Sterling tiene previsto –por ahora– tomar declaración jurada a la ex primera dama, debido a que era la encargada de dicho despacho. La diligencia se hará cuando los magistrados del TE confirmen el desafuero de Linares de Martinelli.

En este expediente, la fiscal Sterling no ha formulado cargos a ninguna persona, ya que el proceso se encuentra en la fase de recopilar información sobre los contratos manejados a través del PAN.

La investigación, que se inició luego de una denuncia anónima, analiza posibles irregularidades en un contrato de $5 millones firmado en 2013 por el entonces director del PAN, Rafael Guardia Jaén –detenido en la cárcel El Renacer–, y que reposa en registros de la Contraloría General de la República.

Algunos empresarios a quienes se impuso medidas cautelares por su supuesta vinculación con presuntas anomalías halladas en otros contratos del PAN, también actuaron como proveedores del Despacho de la Primera Dama durante la pasada administración.

Es el caso de las empresas Suministro del Pacífico General Corp. y Hialing Corporation que, según un informe de la Contraloría General de la República, entregaron bolsas de comida y juguetes a esa dependencia para ser repartidos en todo el país.

BUKO MILLONARIO

En el caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, la petición fue hecha por la fiscal cuarta anticorrupción, Ruth Morcillo, como parte de la investigación por supuestas anomalías en el contrato para la operación del bingo televisado Buko Millonario.

En este caso –por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales– se analiza el contrato suscrito entre el Estado y el Grupo de Inversión Mundial, S.A.

La vinculación de Martinelli Linares con este proceso surgió de su relación con la empresa San Cristóbal Ltd., que poseía el 55% de las acciones de la empresa Grupo de Inversión Mundial, S.A.

En este caso, la fiscalía pidió información a 28 bancos sobre cuentas relacionadas con Martinelli Linares, y Omar Chen Chang, Jacqueline Chan de Watson y Egbert Agustín Wright, que forman parte de la empresa que obtuvo el contrato de concesión.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima, en la cual se asegura que Chen Chang y Chan de Watson se asociaron con Martinelli Linares para que este utilizara su poder político y así obtener el contrato para la operación del Buko Millonario.

Luis Eduardo Camacho González, abogado de Martinelli Linares, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales contra la orden impartida por la fiscalía para obtener informes sobre las cuentas bancarias de su cliente.

Este amparo tiene como ponente al magistrado José Ayú Prado, quien fuera nombrado en ese cargo durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

La concesión fue otorgada en la administración de Martinelli y, de acuerdo con las investigaciones y auditorías de la Junta de Control de Juegos (JCJ), la compañía nunca presentó su composición accionaria de forma correcta.

La fiscalía también solicitó a la JCJ un informe relacionado con la forma en que fue obtenido el contrato.

En este aspecto, se pidió el estado de las utilidades obtenidas por la empresa a raíz de esa actividad y establecer el posible paradero de estos fondos.

CANCELAN CONTRATO

El pasado 24 de agosto, la JCJ canceló el contrato tras detectar una serie de irregularidades en su operación.

Entre los argumentos utilizados para cancelar el contrato se encuentra la falta de calificación y competencia que son obligatorios para la administración y operación de juegos de azar.

No obstante, la empresa objetó la decisión asumida por la Junta de Control de Juegos y alegó que si bien podían haberse encontrado algunas irregularidades, estas eran subsanables, pero que dicha situación no ameritaba la cancelación del contrato. Alegaron que la empresa había cumplido con todos los requerimientos legales para operar.

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