ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE VENEZUELA

MP pide suspender instalación

Maduro instalará hoy, en el Palacio Legislativo, a 545 constituyentes, entre protestas opositoras y la denuncia de fraude.

Internet, un gasto suntuario

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En una reunión con los constituyentes acreditados por el poder electoral, Nicolás Maduro les dijo: ‘La mayor fuente de legalidad la va a tener este órgano plenipotenciario, nadie está por encima de este poder una vez que se instale’.REUTERS En una reunión con los constituyentes acreditados por el poder electoral, Nicolás Maduro les dijo: ‘La mayor fuente de legalidad la va a tener este órgano plenipotenciario, nadie está por encima de este poder una vez que se instale’.REUTERS
En una reunión con los constituyentes acreditados por el poder electoral, Nicolás Maduro les dijo: ‘La mayor fuente de legalidad la va a tener este órgano plenipotenciario, nadie está por encima de este poder una vez que se instale’.REUTERS

La Fiscalía General de Venezuela le pidió ayer a un tribunal de Caracas suspender la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pocas horas antes de que ese organismo inicie hoy sus actividades, de acuerdo con lo anunciado por el presidente Nicolás Maduro.

La fiscalía destacó la “presunta comisión de delitos durante el proceso electoral”, indicó el  Ministerio Público (MP) en un comunicado. Como parte de la acción la entidad también pidió la “anulación provisional e inmediata” del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los 545 constituyentes y el resguardo del material electoral del domingo 30 de julio.

La petición se produjo horas después de que la fiscal general Luisa Ortega anunció la apertura de una averiguación a cuatro de los cinco rectores del CNE tras la denuncia de la empresa de tecnología Smartmatic sobre la supuesta manipulación de los resultados.

En la solicitud presentada, el Ministerio Público hace referencia a anteriores medidas cautelares innominadas presentadas por particulares, las cuales suspendieron la proclamación de los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas (2015) y la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente de la República (2016), por supuestas irregularidades.

Ortega dijo en una entrevista con la cadena CNN en Español que es probable que en las elecciones del 30 de julio, “ni siquiera haya participado el 15% de los electores”. “Pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad”, afirmó la alta funcionaria, que por años estuvo vinculada al oficialismo y que ahora está enfrentada al Gobierno.

El pasado miércoles, el director general de Smartmatic informó desde Londres que existe una diferencia de al menos un millón de votos en las cifras de participación en los comicios. Al rechazar esa afirmación, el presidente Maduro aseguró que el directivo de la firma trató de “manchar el proceso”, debido a las “presiones” que recibió sobre el cierre de las cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos.

En tanto, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, vinculada al oficialismo, al objetar la declaración de Smartmatic, dijo que esta participó en todas las auditorías del proceso.

La instalación de la ANC, que se dará en un área que está a escasos metros del salón de sesiones de los diputados, tendrá lugar con una marcha opositora de fondo, prevista para llegar a la Asamblea. La marcha fue suspendida ayer para coincidir con la instalación de la constituyente.

Maduro adelantó que el nuevo cuerpo tendrá entre sus primeras tareas, “tomar el mando” de la fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados, así como crear un equipo que se dedique a la defensa de la soberanía del país en el exterior.

En el marco de la arremetida contra la oposición, el 1° de agosto, las autoridades judiciales revocaron el arresto domiciliario que tenían el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y los regresaron a la cárcel militar de Ramo Verde.

Asimismo, la diputada opositora Adriana D'Elia fue inhabilitada ayer por la Contraloría General para participar por 15 años en cualquier elección tras una investigación por supuestas irregularidades en la gobernación del estado Miranda, donde ocupó el cargo de secretaria de gobierno entre 2008 y 2015. Además, el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y condenó a 15 meses de cárcel al alcalde opositor de la ciudad de Mérida, Carlos García, por no cumplir una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías donde había barricadas. García es el tercer alcalde opositor en menos de un mes en ser destituido y condenado por el máximo tribunal, señalado de estar controlado por el oficialismo. Otra audiencia, contra el alcalde opositor de Chacao, Ramón Muchacho, fue suspendida por una alegada situación médica y se dio 24 horas para verificar su estado de salud.

Por otro lado, Perú informó que no descarta romper relaciones diplomáticas con Venezuela de cara a una reunión de 11 cancilleres del continente –que tendrá lugar el próximo martes– para evaluar la situación de ese país y tomar una decisión en relación al Gobierno.

En tanto, el bloque sudamericano Mercosur activará este fin de semana su cláusula democrática para suspender a Venezuela por tiempo indefinido y no permitirá su reingreso hasta que se restablezca la democracia, informó una fuente del Gobierno de Brasil. La decisión será tomada en una reunión de cancilleres, dijo un funcionario con conocimiento de las negociaciones.

Internet, un gasto suntuario

En 2009, durante una ola de reducción presupuestaria en Venezuela, entró la internet mediante el decreto gubernamental en la que se declaró como “gasto suntuario”.

A partir de ese año, los  activistas, educadores, ingenieros y hasta abogados advirtieron de un deterioro progresivo de este recurso.

 La poca o nula inversión por parte del Estado en internet  fue precisamente lo que expertos venezolanos en la materia abordaron ayer durante un foro denominado “Internet en Venezuela, preocupaciones de una comunidad”. Esto, en el marco de la décima Reunión Preparatoria de Latinoamérica y el Caribe para el  Foro de Gobernanza de Internet (Lacigf).

Durante el encuentro, los panelistas señalaron que, dejando a un lado la baja conexión a la internet,  en Venezuela estos espacios “son limitados” y los pocos a los que tienen acceso la población, “son infectados e intervenidos” por parte de las autoridades.

A esto, según los expertos, se le suma el aumento de  bloqueos  de páginas webs, en su mayoría dedicadas al mercado de divisas y medios de comunicación que evidencian la crisis social de ese país.

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