El Ministerio Público (MP) solicitó vetar el artículo 3 del proyecto de ley 514, que contempla la inhabilitación para contratar con el Estado de empresas que acepten usar la colaboración eficaz en investigaciones de corrupción y otros delitos, por considerarlo contrario a la Constitución y la convención de Naciones Unidas contra la corrupción.

Julio Domínguez, fiscal superior de litigación, dijo que “lo que se requiere en este momento no es castigar a los que colaboran, sino descubrir el modus operandi y las redes de corrupción que casi se han institucionalizado en el país”.

Artículo 3, el escollo de la imprescriptibilidad

A diferencia de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) sustenta que el presidente Juan Carlos Varela debe sancionar el proyecto de ley 514 sobre imprescriptibilidad de los delitos, tal como fue aprobado por la Asamblea Nacional.

Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en un comunicado conjunto, solicitaron a Varela que vete el artículo 3 del recién aprobado proyecto, que inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos.

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“Lo que se requiere en este momento no es castigar a los que colaboran, sino descubrir el modus operandi y las redes de corrupción que casi se han institucionalizado en este país”, manifiestan las dos organizaciones.

El sustento del CNA

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Dionisio Rodríguez, opina que Varela debe sancionar el proyecto si quiere demostrar su compromiso contra la corrupción. A su juicio, el hecho de que se haya incluido un impedimento de contratar con el Estado a las empresas o a sus representantes legales que hayan aceptado convenios de colaboración eficaz significa que esa empresa tuvo alguna vinculación y que esa persona ha aceptado hechos vinculados con actos de corrupción.

Sin embargo, el artículo sigue generando inquietud en otros sectores de la población. La vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en su cuenta de Twitter opinó que: “la imprescriptibilidad de los delitos representa un avance en la lucha contra la corrupción. Llama mucho la atención la contradicción que representa el ataque hacia la colaboración eficaz. Su aprobación sería para el país un retroceso en esa lucha”.

Opinión similar tiene Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agriculturas de Panamá. “Nos preocupa que se desmotive la voluntad de cooperar de empresas y personas que puedan ayudar a esclarecer hechos de corrupción, especialmente en este momento que nuestros administradores de justicia no cuentan con los recursos para llevar muchos de los casos de alto perfil a su debida conclusión”, manifestó.

Asimismo, expresó que está en desacuerdo con que las empresas corruptas “no sean severamente castigadas”, incluso aunque colaboren con algún tipo de inhabilitacion temporal como parte de su castigo.

Galindo reiteró que apoya la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción. “Hay que mandar un mensaje alto y claro contra tales prácticas y debemos igualmente fortalecer la administración de justicia para acabar con la impunidad, tema en el que nuestra cámara está trabajando arduamente”, manifestó.

Por su parte, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, coincidió en que esto pudiera desincentivar a que las compañías involucradas en estos casos eviten colaborar y, al contrario, puedan recurrir a recursos legales que dilaten los procesos.

MP reacciona

Consultado por este medio, un vocero del Ministerio Público (MP) manifestó que resulta un tanto “inquietante” la aprobación de la norma en cuestión, ya que afectaría, “sin lugar a dudas, la disposición que pudiera tener alguna persona a realizar acuerdos de colaboración en medio de las investigaciones que aquí se adelanten”.

“Los acuerdos de colaboración eficaz representan una herramienta importante del MP para la investigación, procesamiento y juzgamiento de organizaciones pertenecientes al crimen organizado, muchas de las cuales vinculan a sus actividades delincuenciales a empresas legalmente constituidas”, manifestó Julio Domínguez, fiscal Superior de Litigación.