MP no probó ilícitos en ´Mi Primer Empleo´

LA PRENSA/Archivo. LA PRENSA/Archivo.
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La Fiscalía Segunda Anticorrupción pidió al Órgano Judicial archivar el proceso por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en el programa Mi Primer Empleo, abierto a partir de una denuncia penal presentada en abril pasado por la Contraloría General de la República, que daba cuenta de una posible lesión patrimonial de $173 mil.

La fiscal Lizzett Chevalier envió al Órgano Judicial las conclusiones del caso el pasado lunes y solicitó su archivo provisional por no encontrar evidencias que probaran las anomalías señaladas en la auditoría de la Contraloría, que abarcó el período entre julio de 2009 y finales de 2011, cuando el programa era tutelado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Según la vista fiscal, en el proceso fueron entrevistados 50 capacitadores contratados por el programa y, contrario a lo denunciado por la Contraloría, se determinó que estos sí estaban capacitados profesionalmente para dictar los cursos.

Asimismo, el documento indica que la Fiscalía practicó inspecciones en Chiriquí, Veraguas, Coclé y Herrera, y aunque constató que algunas de las capacitaciones fueron impartidas en escuelas e instituciones públicas, también determinó que los contratos no prohibían dicha práctica.

En la vista fiscal, Chevalier destaca que el informe de auditoría no precisa cómo se provocó la lesión al patrimonio del Estado señalada en la denuncia penal.

Por ello, solicitó a la Contraloría ampliar la auditoría y remitir un nuevo informe, con el que eventualmente se pediría la reapertura del proceso, en caso de que se determine cómo se causó la aludida lesión patrimonial por $173 mil.

La auditoría inicial dio cuenta de la contratación de personal no calificado para las capacitaciones y del pago de alquileres por locales en los que se impartirían los seminarios, pero que al final fueron dictados en escuelas públicas.

La titular del Mitradel, Alma Cortés, dijo ayer que el resultado de la investigación confirma que nunca hubo ilícitos en el programa, el cual pasó a ser coordinado desde 2012 por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

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