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EL PROCESO POR BLANQUEO DE CAPITALES SEGUIDO A JEAN FIGALI

Magistrado cuestiona actuación de la fiscalía

El Segundo Tribunal, con ponencia de Adolfo Mejía, sentenció que el empresario no está vinculado a actividades relacionadas con drogas.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada no acreditó el delito precedente de narcotráfico, indispensable para demostrar que el empresario Jean Figali y el gerente de una de sus empresas, Mario Virzi, incurrieron en la comisión del delito de blanqueo de capitales, como se los imputó el Ministerio Público.

La anterior es la conclusión a la que llegó el magistrado del Segundo Tribunal Superior Adolfo Mejía, en el fallo del 17 de octubre pasado a través del cual confirmó el sobreseimiento provisional dado a ambos por el Juzgado Decimosegundo Penal el 21 de noviembre de 2011, luego de procesarlos por lavado de dinero y falsedad.

El proceso se inició a finales de 2009, a partir de un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que daba cuenta de movimientos sospechosos de dinero desde cuatro empresas de Figali.

En el fallo, al que este diario tuvo acceso, Mejía señala que el informe de la UAF es un documento administrativo que “no demuestra por sí solo que Figali y Virzi pertenezcan a una organización criminal dedicada especialmente a cometer el delito de blanqueo de capitales, con dineros obtenidos de delitos relacionados con drogas”.

“Dicho informe hace referencia a operaciones sospechosas y no establece que la persona está blanqueando dinero proveniente del tráfico de drogas, debido a que no se investigó sobre otros bienes ni se indagó sobre los depósitos o pagos a otros proveedores por servicios a las empresas de Figali”, indica la sentencia.

Además del documento de la UAF, Mejía detalló que a pesar de que el informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), basado en la documentación de UAF, indica que entre los años 2000 y 2009 las cuatro empresas de Figali manejaron más de 55 millones de dólares, no concluye que los depósitos, transferencias e ingresos de dinero sean de procedencia ilícita.

Mejía cita, asimismo, la conclusión de los dos peritos de auditoría forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según la cual los documentos de la UAF presentaban inconsistencias en las sumas aritméticas, y aseveraciones equivocadas.

Por esas irregularidades y “por falta de documentación sustentadora de las transacciones de las empresas de Figali, es imposible arribar a consideraciones y opiniones sobre ello [...] como dicho informe no reflejó lo que se esperaba, lo cuestionan y ponen en duda la diligencia y conocimientos científicos de los peritos”, añadió Mejía

PIDE MÁS ACCIÓN DEL MP

El magistrado también cuestionó la “poca actuación” de la fiscalía para investigar.

Este proceso fue instruido por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, inicialmente en manos del hoy procurador de la Nación, José Ayú Prado.

“Se está en presencia de un informe financiero incompleto, que lejos de probar el delito, como asevera el Ministerio Público, lo que exige es más actividad por parte del agente instructor para probar estos hechos”, indicó.

Explicó que al fiscal le correspondía practicar todas las diligencias necesarias para acreditar el delito y vinculación, al menos indiciaria, de los imputados.

El fallo destaca que no se puede asegurar que las empresas de Figali tengan nexos con actividades relacionadas con drogas, por el hecho de haber mantenido relaciones comerciales con otras personas que tienen procesos penales.

En ese sentido, Mejía mencionó el depósito que hizo Figali de $20 mil a la empresa Cubiertas y Mecanizados de Panamá, S.A., nueve días después de que fuera creada en 2001 para la compra y venta de piedras preciosas, y que en 2006 fuera escenario del decomiso de 2 mil 800 kilos de droga.

Según el magistrado, para la fecha del decomiso de la droga, Figali ya no estaba vinculado con esa empresa.

Detalla la sentencia que tampoco se puede vincular a Figali con drogas por el hecho de haber recibido dos pagos por más de 20 mil dólares de parte de Espectáculos y Promociones Artísticas, S.A. cuya propietaria es Aurora Rivera, acusada en un caso de narcotráfico. Dicho pagos eran por el alquiler del Figali Convention Center de Amador, para realizar dos conciertos con los artistas colombianos Shakira y Jorge Celedón, ambos en 2006.

A juicio del magistrado, los medios de prueba ideal para acreditar el blanqueo de capitales son “los informes financieros elaborados con claridad por personas idóneas, para que el juez, que no es experto en esa materia, pueda entender cuánto dinero recibió el imputado, qué fue lo que depositó en sus cuentas, qué negocios manejaba, qué dinero, títulos, valores u otros bienes convirtió o transfirió a sabiendas, para encubrir el origen ilícito”.

También reflexionó y dijo que “de seguir así, se tendrán procesos en los que se dará por acreditado el blanqueo de capitales con supuestos informes financieros incompletos, que solo hacen un listado de los bienes y dinero del imputado, sin describir y sin ilustrar al juez en qué consisten las operaciones financieras”.

“Parte del problema consiste en que la Fiscalía de Drogas le otorga al informe de la UAF el carácter de informe financiero, cuando en realidad ese informe no tiene ese carácter”, puntualizó Mejía.

No es falsificador

Jean Figali fue detenido el 6 de julio de 2010 en el puesto de control policial de Guabalá, Chiriquí, por una orden de conducción en su contra y cuando supuestamente iba a salir del país hacia Costa Rica.

Al día siguiente, su pasaporte fue hallado en San Carlos, parcialmente quemado y con sellos del Servicio de Migración falsos.

Basado en lo anterior, las autoridades acusaron a Figali de falsificación de documento público.

Y a pesar de que los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal acreditaron la falsedad del pasaporte, Mejía advirtió que no se probó que Figali fuera el autor material del documento.

Sustentó, asimismo, que no hay constancia de que el empresario haya pasado por Migración de Paso Canoas para ir a Costa Rica.

Además, dijo que las autoridades del vecino país no registraron movimientos migratorios de Figali desde o hacia territorio costarricense en el período del 1 de enero de 2004 al 16 de noviembre de 2010.

Reacciones

Consultado sobre el dictamen de Mejía, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, dijo que está en trámite de notificación y solicitó el fallo del Segundo Tribunal.

Afirmó que analizará el contenido de la sentencia y en su momento anunciará las acciones a interponer.

Añadió que no comparte, pero respeta el argumento de Mejía en cuanto a que no se probó el delito precedente de narcotráfico para acreditar el lavado de dinero.

Por su parte, el abogado de Figali, Carlos Carrillo, dijo que evalúan las acciones legales a aplicar en el futuro.

“Todas las operaciones comerciales del señor Figali fueron investigadas y se comprobó que no tenían relación con ilícito alguno. Así lo certificaron los auditores del Ministerio Público”, precisó.

A su vez, Jorge Zúñiga, abogado de Virzi, opinó que este caso revela la falta de coordinación operativa y funcional entre la UAF y el MP, que insiste en atribuirle valor de prueba e informe pericial a informes financieros de transacciones sospechosas.

Detalló que eso provoca que este y otros casos de blanqueo de capitales corran el riesgo de tener los mismos resultados judiciales.

Tres procesos de alto perfil, tres fracasos judiciales

Los tres casos de más alto perfil por blanqueo de capitales que ha instruido la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, inicialmente en manos de José Ayú Prado, hoy procurador de la Nación, fueron sobreseídos porque no se probó el delito precedente.

Se trata de los sumarios seguidos a Jean Figali, al ex ingeniero municipal Jaime Salas y al expresidente Ernesto Pérez Balladares. En el caso de Pérez Balladares, el Juzgado Noveno Penal dio un sobreseimiento definitivo, que luego fue confirmado por el Segundo Tribunal Superior, porque no se probaron los delitos precedentes de corrupción y peculado que acreditaran el blanqueo de capitales por supuestos movimientos sospechosos de dinero a raíz de las concesiones de máquinas tragamonedas a Lucky Games, S.A. Este caso está pendiente de casación en la Sala Penal.

En el proceso a Jaime Salas, el Juzgado Segundo Penal determinó que no se probó el delito precedente de corrupción que acreditara el blanqueo, por supuestamente obtener contratos a favor de sus dos empresas cuando era ingeniero municipal. El juzgado le dio sobreseimiento provisional a Salas y el Segundo Tribunal debe resolver la apelación de la fiscalía.

Igual sucedió con Figali, al que no se le probó el delito precedente de narcotráfico, razón por la que el Segundo Tribunal confirmó el sobreseimiento provisional por lavado y falsedad.

Rubén Polanco

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