Magistrado propone crear una policía judicial

Harley Mitchell envió sus sugerencias a sus colegas del pleno de la Corte Suprema de Justicia y los instó a la inmediata convocatoria del Consejo Judicial.
POBLACIÓN PENITENCIARIA. Hasta el 15 de este mes había 14 mil 626 reclusos en las 22 cárceles del país, según cifras del Sistema Penitenciario Nacional. LA PRENSA/Archivo POBLACIÓN PENITENCIARIA. Hasta el 15 de este mes había 14 mil 626 reclusos en las 22 cárceles del país, según cifras del Sistema Penitenciario Nacional. LA PRENSA/Archivo
POBLACIÓN PENITENCIARIA. Hasta el 15 de este mes había 14 mil 626 reclusos en las 22 cárceles del país, según cifras del Sistema Penitenciario Nacional. LA PRENSA/Archivo

Establecer un cuerpo de policía cuyos agentes se encarguen del traslado de los reos a las audiencias y juicios, y de su atención en situaciones urgentes de enfermedad, entre otras tareas relacionadas, propuso al pleno de la Corte Suprema el magistrado de esa corporación Harley Mitchell, como una medida para atenuar la creciente mora judicial.

En un escrito difundido el pasado martes entre sus colegas del pleno, Mitchell también sugirió convocar con carácter de urgencia al Consejo Judicial, una instancia consultiva de ese órgano del Estado, para que invite al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, y discuta con él sobre los problemas derivados de la no comparecencia de los reos a las audiencias preliminares y juicios, y en conjunto busquen soluciones puntuales e inmediatas.

Los planteamientos del magistrado Mitchell responden a una coyuntura en la que, según alertó, el problema de los traslados se acrecienta día a día y tiende a agudizarse, considerando las últimas cifras del Sistema Penitenciario Nacional, que dan cuenta de una población penitenciaria de 14 mil 626 reclusos hasta el 15 de este mes, de los cuales apenas 37% (5 mil 425 internos) tiene condenas y el restante 62% (9 mil 36 detenidos) espera en prisión por la conclusión de sus procesos.

“En estos momentos impera la necesidad de abrir los canales de comunicación con las dependencias involucradas, para hacer frente a esta problemática, que se acrecienta y que está tomando una tendencia a agudizarse si no se toman las medidas previsoras del caso”, dice Mitchell en el escrito remitido al pleno.

Según su criterio, la suspensión consuetudinaria de audiencias por el no traslado de los presos a los juzgados incrementa en estos los procesos penales de detenidos, lo que a su vez se traduce en un incumplimiento de los plazos procesales dictados por las leyes.

“Conforme lo ordena nuestra norma suprema (la Constitución) y convenciones de derechos humanos, se hace exigible la respuesta expedita a un porcentaje considerable de personas presas, que a la fecha no ha concretado ni siquiera la realización de una audiencia preliminar por motivo de una situación que escapa de su control y que obedece en gran medida a la carencia de custodios que los conduzcan a sus respectivos recintos para la realización del acto procesal”, agrega.

Mitchell acotó que el no desarrollo de las audiencias por este motivo “representa el desgaste de los esfuerzos desplegados por los juzgados, dependencias administrativas del Órgano Judicial y de las propias partes en el proceso, que ven aplazada, en más de una ocasión, el acto procesal”.

Otras propuestas

Además de la creación del cuerpo policial y de la convocatoria urgente del Consejo Judicial, el magistrado instó al pleno a que se optimicen los esfuerzos y abran los canales de comunicación con las dependencias involucradas en el tema, para conseguir opciones inmediatas que incrementen el número de custodios que se requieran para el efectivo traslado de los reos.

Asimismo, que se firme un acuerdo con el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional (PN) para mejorar los procedimientos; y que el Órgano Judicial intensifique sus esfuerzos en las acciones tendientes a descongestionar el sistema.

“De ser necesario, que se habiliten más salones de videoaudiencias, a fin de agotar todos los medios con que cuenta el sistema judicial para la evacuación de las audiencias”, apuntó.

El director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, informó la semana pasada que en mayo próximo retomarán el programa de las videoaudiencias, precisamente para atender el problema de la mora.

En principio, dicho programa, que arrancó como un plan piloto en 2012, será retomado en Panamá y luego en Colón y Chiriquí.

Cifras manejadas por el Órgano Judicial desde 2010 dan cuenta que desde esa fecha cerca de 50% de las audiencias era suspendidas por el no traslado de los reos. El mismo porcentaje de suspensiones era reportado entonces por las autoridades del Ministerio Público, en lo que respecta al traslado de los reclusos para diligencias como, por ejemplo, la toma de declaraciones indagatorias.

Sobre este problema, la PN ha dicho reiteradamente que a esa entidad le corresponde por ley la custodia externa perimetral de las cárceles, mientras que los traslados al Sistema Penitenciario y el Órgano Judicial.

El problema de fondo es social

A juicio de René Quevedo, consultor de la organización Reinserción Laboral y Autogestión Sostenible, el problema de la no comparecencia de los reclusos a las distintas diligencias de sus procesos está directamente ligado al incremento de la población penitenciaria, superior al 30% en los últimos cinco años.

Este aumento, a su vez, se relaciona con el del pandillerismo, debido, según él, a las escasas oportunidades laborales que se brinda en el país a los menores de 30 años.

Según Quevedo, entre 2007 y 2012 el empleo en Panamá creció 21% y el salario promedio en 54%, pero solo 14% de los empleos generados benefició al referido grupo de jóvenes.

Por ello, afirmó, el pandillerismo creció 441% en los últimos cinco años y con este la población penitenciaria.

De acuerdo con el analista, por “cada dos varones menores de 30 años que encontró empleo en estos cinco años, uno delinquió e ingresóa una pandilla o a un centro penitenciario”.

Al 31 de julio del año pasado, el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales reconoció la existencia en el país de por lo menos 7 mil 500 pandilleros.

Rafael Luna Noguera

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