reformas al sistema de derechos humanos

Maratónica sesión en la OEA

Los países del Alba amenazaron con salirse del sistema, al no lograr apoyo para cambios radicales en instancias que tutelan los derechos humanos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue sometida ayer a una prueba crucial en su capacidad para cohesionar a los países del hemisferio, al abordar las reformas por introducir en el funcionamiento y recursos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela estuvieron a punto de abandonar el organismo regional al ver cómo sus esfuerzos porque se aprobaran reformas radicales en las instancias que tutelan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no lograban consenso entre las 34 delegaciones asistentes a la Asamblea Extraordinaria. Los cuatro países eran apoyados por Haití.

La reunión de ayer transcurrió en dos escenarios en la sede de la OEA: arriba, en el salón Las Américas, los ministros que integraron el pleno, a cuya cabeza se eligió al costarricense Enrique Castillo, hacían gala de eufemismos diplomáticos para no incomodar a sus homólogos. Abajo, en el Salón Bolívar, los miembros de la Comisión General del Consejo Permanente, presidida por el hondureño Arturo Corrales Álvarez, se jugaban, entre argumentos políticos y tecnicismos idiomáticos, la suerte de la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

El Consejo tenía la responsabilidad de consensuar la resolución final de la Asamblea, que sería aprobada por el pleno de los cancilleres.

PROPUESTA ALTERNATIVA

Hasta el día jueves, los representantes habían avanzado en la redacción de un posible texto de consenso. Pero sorpresivamente ayer, antes de la apertura de la asamblea, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua presentaron una propuesta alternativa, según la cual, dado que el Consejo Permanente no había logrado instrumentar el mandato de la Asamblea llevada a cabo en Cochabamba, Bolivia, relativo a aspectos como el financiamiento de la Relatoría, su capacidad para emitir medidas cautelares, Venezuela, al hablar por este grupo, planteó que de ninguna manera la asamblea podía concluir dando la impresión que estas propuestas eran cosa del pasado, ya que el tema debía permanecer abierto, puesto que el Consejo no había logrado su propósito.

Este argumento fue rebatido por Chile, cuyo representante fue apoyado por Colombia, República Dominica, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Todos estos países se plegaron a una iniciativa de las naciones reunidas en la Comunidad del Caribe (Caricom), relativa al financiamiento de la Relatoría a través del presupuesto de la OEA, sin que ello vaya en detrimento de sus otros programas.

Veintitrés países se adherían al proyecto de resolución inicial, 4 se mostraban contrarios y 3 recomendaban la conveniencia de dar más tiempo

Llevada la situación ante el pleno, Argentina propuso un texto, incorporado como punto 2 a la resolución original, según el cual, “en el espíritu del mejoramiento constante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con la participación de todas las partes involucradas”, se mandata al “Consejo Permanente a continuar el diálogo sobre dicho sistema”.

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) pidieron del pleno un receso para considerar el texto argentino.

Fueron acompañados entonces por Haití, Brasil, Perú y Uruguay. Al regresar, y a través del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, el grupo manifestó haber acogido de manera positiva la propuesta argentina, ya que antes de esta estaban dispuestos a ir a una votación, pese a que estaban convencidos de perder en dicha consulta.

Sometida a la consideración del pleno, la resolución del cuadragésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobada por unanimidad.

El documento resalta, entre otros aspectos, “la responsabilidad, el interés y el compromiso de los Estados miembros con el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Reconoce que la CIDH ha hecho importantes esfuerzos y ha logrado progresos para aplicar las recomendaciones de la Asamblea General para el fortalecimiento del Sistema y reafirma su compromiso de lograr el pleno financiamiento del Sistema a través del presupuesto regular de la OEA y que, mientras se alcanza ese compromiso, se invita a los Estados miembros, a los Estados observadores y a otras instituciones, a que continúen realizando contribuciones voluntarias”.

Este ha sido “un extraordinario resultado de todo el proceso de discusión”, se congratuló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al hablar a los periodistas tras la clausura del encuentro, al aseverar que casi todas las peticiones de los países del Alba fueron tomadas en cuenta.

PANAMÁ APOYA a LA RELATORÍA

Durante el desarrollo de la asamblea, y a través de su embajador ante el organismo, Arturo Vallarino, Panamá hizo una sólida defensa de la CIDH y de la Relatoría para la Libertad de Expresión.

Vallarino expresó preocupación por el hecho de que propusieran fórmulas o mecanismos que pueden erosionar el importante papel de la única relatoría especial en la comisión, establecida por mandato de los jefes de Estado y de Gobierno en las reuniones de las cumbres de la Américas y ratificada en la Asamblea General de la OEA.

En ese sentido, el embajador subrayó que en ausencia del derecho a la libre expresión, todos los demás derechos humanos pueden ser atropellados.

LATINOAMÉRICA

La sede de la CIDH fue otro tema de discusión. Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela pidieron que la sede de la CIDH dejara de estar en Estados Unidos, ya que este país no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, ayer habló a favor de que la sede se traslade a Costa Rica, donde también se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También pidió que los Estados aumenten los fondos que destinan a las relatorías si realmente los miembros de la OEA quieren financiar los organismos.

Miembros de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Américas leyeron una declaración antes de que empezara la reunión de la OEA, en la que expresaron “mucha preocupación” si el proceso de reflexión para reformar la CIDH se alarga más allá de la Asamblea General Extraordinaria.

“El proceso no ha resultado en un aumento del financiamiento de la Comisión y de la Corte. Por el contrario, los Estados, por medio de la OEA, solo proveen el 55% del presupuesto de la CIDH, y además varios Estados quieren limitar a la CIDH en su capacidad de recibir fondos externos”, dijo Tirza Flores, miembro de la coalición, a los periodistas. “Esto implicaría que casi todas las relatorías y la propia CIDH perderían cerca del 45% de su financiamiento, el cual proviene de fuentes externas”.

(Con información de agencias de prensa).

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