homicidios en san carlos

Marcha en busca de justicia

La comunidad hindú de Panamá solicitó a las asociaciones de derechos humanos y a la ciudadanía en general acompañarlos a la manifestación.
LA PRENSA/Archivo. LA PRENSA/Archivo.
LA PRENSA/Archivo.

La comunidad hindú de Panamá marchará hacia la Presidencia de la República mañana lunes para pedir justicia por el asesinato de dos menores ocurrido en San Carlos, el pasado 23 de octubre. También solicitarán la derogatoria de la Ley 74 de octubre de 2010, que modifica el artículo 127 de la Ley 18 de 1997 que rige a la Policía Nacional.

Lal Dayalda Chatlani, representante de la comunidad hindú, dijo a este medio que la marcha saldrá desde la estatua de Mahatma Gandhi en la 5 de Mayo, a las 4:00 p.m., hasta el Palacio de las Garzas. Chatlani solicitó a todas las organizaciones de derechos humanos y a otras asociaciones del país, así como a la ciudadanía en general acompañarlos en este movimiento.

Pidió a todo el que asista a la manifestación llevar vestuario y vela de color blanco como símbolo de paz.

La comunidad solicitará una investigación transparente sobre lo ocurrido con los dos menores, y por lo cual hay dos policías detenidos, así como la derogación de la Ley 74 de la Policía Nacional. “La comunidad no quiere dinero, solo que se haga justicia y que los implicados expliquen por qué hicieron eso”, agregó.

Chatlani anunció que ese día todos los comercios de esta comunidad estarán cerrados para poder asistir a la movilización. También en otras provincias y en San Carlos los ciudadanos saldrán a las calles.

Piden justicia

El representante exhortó a la ciudadanía a participar de la manifestación, a la que ya han confirmado su asistencia miembros de la comunidad china y musulmana radicadas en Panamá.

El miembro de la comunidad hindú, que aglutina a más de 5 mil personas en el país, reveló que no ha habido hasta ahora un acercamiento por parte de la Policía Nacional luego del hecho.

Chatlani pidió a las autoridades que dejen de estar jugando con tantas mentiras, a través de versiones que se dan sobre la cantidad de policías que se hallaban en la operación de seguimiento y vigilancia.

Expresó que la derogación de la Ley No. 74 de 2010 es necesaria, porque esta exime de detención preventiva a los miembros de la Policía cuando cometen delitos.

“Todos unidos pedimos que se derogue la ley maligna, que se le corrijan los errores que contiene y que no son para beneficio de la comunidad”, agregó.

La ley

La Ley 74 de 2010, que modifica el artículo 127 que rige la ley de la Policía Nacional, según el Colegio Nacional de Abogados, fue impulsada por la secretaria de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, la hoy procuradora de la Nación, Ana Belfon.

“Yo me encuentro en otra posición como Procuradora y tengo que actuar de acuerdo con lo indicado en el Código Judicial, por lo que cualquier referencia a nuestra actuación anterior o posiciones no tiene influencia”, dijo la jefa del Ministerio Público al ser cuestionada sobre la modificación de la ley.

Destacó que en el Ministerio Público se actuará apegado a lo que establece el Código Judicial, y las medidas cautelares que se les impongan a los investigados, serán acordes con este sistema.

Las investigaciones

Fuentes de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar de la República manifestaron ayer que tanto la agente como el teniente, detenidos tras su vinculación con el asesinato de los menores, se encuentran en el sistema transitorio de cárcel de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Los dos pertenecían a la unidad sensitiva de la Dirección de Información Policial (DIP).

Ambos policías decidieron no declarar en la diligencia de indagatoria que se realizó el viernes pasado, acogiéndose al artículo 22 de la Constitución Política que indica que nadie está obligado a declarar sin la presencia de un abogado, por lo que esta semana empezarán la indagatoria.

El jefe de la Unidad de Homicidios de Panamá oeste, Rafael Baloyes, también solicitó la separación del cargo de estos policías.

Los policías fueron acusados por la comisión del delito contra la vida e integridad personal (homicidio doloso), luego que los investigadores analizaran las trayectorias de los disparos, determinando que fueron ellos quienes hicieron los tiros.

En tanto, el director de la Policía Nacional, Julio Moltó separó del cargo a cuatro policías: un teniente, un sargento y dos agentes. Dos de ellos son los detenidos tras la muerte de los menores en San Carlos. De acuerdo con Moltó, con su actuar los funcionarios cometieron “faltas gravísimas”, contempladas en el reglamento disciplinario de la institución.

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