ANÁLISIS

Martinelli: ¿Blindaje después de 2014?

Nombramientos en puestos clave y el proyecto que reduce la prescripción en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito son algunos aspectos que hacen pensar a muchos que el Presidente quiere blindarse cuando salga del poder. ...

Ricardo Martinelli lo ha repetido hasta el cansancio: no quiere reelegirse. Se lo aclaró a sus allegados, quienes quisieron impulsar la iniciativa varias veces, y también a un sector de la ciudadanía, que teme que eso suceda. La desconfianza es tal, que incluso firmó ante 13 notarios que no se reelegiría. Desde 2010 se ha referido al tema al menos 19 veces. El mensaje, siempre es el mismo: que no le interesa reelegirse.

Tomando como cierta esa repetida aseveración –algo que opositores y sectores de la sociedad civil aún ponen en tela de duda–, hay ciertas decisiones del Presidente que dan indicios de que busca, después de 2014, blindarse y extender su influencia y control sobre el próximo gobierno. Al menos así lo advierten analistas consultados sobre el tema.

Por ejemplo, en los últimos meses realizó varios movimientos para dejar a funcionarios de su confianza en puestos importantes.

IMPUESTOS

El primer nombramiento fue el de Luis Cucalón, jefe desde 2009 de la Dirección General de Ingresos (DGI), entidad recaudadora de impuestos que ha sido catalogada por la oposición y la sociedad civil como el instrumento para perseguir a voces críticas.

El 9 de abril de 2013, Martinelli sancionó la ley que creaba la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos en reemplazo de la DGI, iniciativa del Ejecutivo para lograr independencia total en el tema. El nombramiento del director quedó como potestad del Ejecutivo.

El 10 de mayo de 2013 Martinelli designó a Cucalón por siete años: lo que resta de este gobierno, todo el próximo período y un año de la administración que asuma en 2019. La directiva la conformarán cinco miembros, todos nombrados por el Ejecutivo.

Críticos de esta administración alegan que esta decisión busca perseguir a los rivales de Cambio Democrático (CD, partido del Presidente) en los siguientes años. “El próximo gobierno no podrá tener su política para la fiscalización y auditoría de declaraciones ni para el cobro de impuestos ni para perseguir la evasión fiscal. El nombramiento por siete años garantiza una inamovilidad que podrá atar las manos del próximo gobierno y ubicar las decisiones en un nivel extraño”, opina Menalco Solís, exministro de la Presidencia.

CORRUPCIÓN, LISTO

El Ejecutivo también promovió la creación de la Autoridad de Transparencia en reemplazo del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. El 26 de abril de 2013 el Presidente sancionó la norma y el 23 de mayo nombró por siete años a Abigaíl Benzadón, quien fungía como secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

Benzadón ha sido cuestionada por su poca preparación académica y, al igual que Cucalón, por sus vínculos con el gobierno.

¿Por qué esta institución, que examina la gestión pública para informar a las autoridades sobre hechos que puedan representar posibles focos de corrupción, es clave? Para Menalco Solís, eso “podrá brindar la posibilidad de ignorar malos manejos del actual gobierno y fustigar al próximo gobierno con denuncias injustificadas”.

CONTROL DE  FRECUENCIAS

Otro nombramiento que se hizo por siete años fue el de Zelmar Rodríguez como administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), entidad que dirigía desde 2011. La Asep es la entidad que regula la operación y administración de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.

Martinelli ha asegurado tener acciones en todos los medios del país. Ha reconocido ser dueño de NexTV y accionista de Epasa, que publica los periódicos Panamá América, Crítica y Día a Día. Además, desde antes de llegar al poder ha tenido participación minoritaria en La Prensa y TVN. Esta semana también reveló haber comprado seis frecuencias radiales al Grupo Prisa.

“Teniendo él intereses en medios y habiendo demostrado el valor que le presta a la publicidad, es de esperar que esos medios sean usados” con fines no comerciales”, indica el exministro de la Presidencia.

HABLA LA EXPERTA

Nuria Marín, abogada costarricense con maestría en gobierno y especialidad en análisis internacional, sostiene que aunque fortalecer instituciones no es negativo, sí es preocupante que estas tengan como responsables a personas complacientes o parcializadas. “Si hay dudas en cuanto a la imparcialidad de cualquier nombramiento, hay que ser vigilantes. El órgano de control por excelencia es la Asamblea. Si no existe, veo a la prensa con un papel mucho más fuerte. Y si no, siempre queda el poder ciudadano”.

Para Marín, en todo caso el próximo gobierno tiene la capacidad de destituir a quien no esté cumpliendo con su deber. “En Costa Rica se hace con mucha frecuencia. Si hay alguien que no está cumpliendo con los parámetros morales o de imparcialidad, hay que poner los ojos en esa persona y fortalecer los mecanismos de remoción”, dice.

LA FISCALÍA ELECTORAL

A estos nombramientos se suma que el fiscal electoral, Eduardo Peñalosa, miembro de CD hasta que fue nombrado, y que ha sido duramente criticado por su inacción a favor del partido oficialista, estará en el cargo hasta 2018, por lo que tendrá responsabilidad importante en la investigación de futuras irregularidades.

Igualmente, la contralora Gioconda de Bianchini, que trabajaba para las empresas de Martinelli, y la procuradora Ana Belfon, que laboraba en la Presidencia antes de ser nombrada, ejercerán hasta diciembre de 2014, seis meses después de que el Presidente deje el poder. Ambas podrían tener controlde documentación importante de los actuales funcionarios.

Para el analista político Edwin Cabrera, “el problema no son los tiempos sino la gente que nombran en esas posiciones de control y fiscalización, porque quienes los nombran saben que no van a hacer su trabajo y eso es lo que les da tranquilidad a todos ellos”.

REVOCATORIA, A MANO

Pero más allá de acaparar espacios políticos en el engranaje estatal después de 2014 –este gobierno también extendió por siete años el período del director de la Autoridad de Pasaportes–, también estará disponible la revocatoria de mandato.

Esta se abolió en 2010 permitiendo el transfuguismo masivo hacia CD –y logrando mayoría en la Asamblea– y se restituyó en enero de este año para regir desde 2014, lo que permitirá aplicarla para quienes desobedezcan las líneas de su partido.

Eso, sostiene Cabrera, podría prestarse para controlar y manipular políticamente los votos en los puestos de elección.

INMUNIDAD Y GOLES

Luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional el retiro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que Martinelli había impulsado, el Presidente tendrá derecho, a partir de julio de 2014, a una curul que viene acompañada de inmunidad.

El 26 de febrero de 2013 el mandatario admitió que se extralimitó en sus fuertes comentarios hacia ese organismo y dijo que el Parlacen, pese a servir para muchos como refugio, será importante para la zona y Panamá no puede quedar aislada. No negó que allá parará cuando salga del poder.

También ha generado suspicacia el anuncio del Presidente, el 12 de mayo de 2013, de que su hijo Luis Enrique correría como suplente del diputado José Muñoz.

Ese anuncio es visto por el abogado Ebrahim Asvat como una jugada política “que en lo único que podría beneficiarlo es en la inmunidad legislativa, ya que el Presidente ha dicho que los suplentes son como llantas de repuesto”.

Si fuera panameña, dice Nuria Marín, “yo estaría igualmente vigilante a que cualquier persona que tenga cargos con inmunidad no abuse de su puesto”.

En abril de este año los diputados modificaron, en un proyecto de extradición, el Código Procesal Penal para reducir los plazos de prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad. Esto ha sido calificado como una decisión que busca institucionalizar la impunidad para los funcionarios culpables de delitos.

Para Menalco Solís, si Martinelli se integra al Parlacen y su hijo triunfa como suplente, “quedarían cubiertos por el manto de la inmunidad por cinco años. Esto, combinado con la reducción de la prescripción de delitos y con los recursos judiciales dilatorios, convertiría la inmunidad en una real impunidad en caso de que se pudiesen formular denuncias contra ellos”.

En 2004 la inmunidad como tal fue eliminada de la Constitución para que los diputados pudieran ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Pero la actual Asamblea aprobó la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012 (reformas al Código Procesal Penal) que establece que para que se acepte una denuncia contra un diputado se tiene que aportar “prueba idónea del hecho punible”. Esto, sumado al hecho de que se fija un plazo de dos meses para la investigación, fue interpretado por sectores opositores como otra forma de blindaje o inmunidad.

REELECCIÓN INDIRECTA

Actualmente el Presidente, que nombró a cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema, apoya abiertamente al candidato oficialista, José Domingo Arias, para que sea su sucesor. Desde mayo de 2012 viene alabando las bondades de la continuidad de su gestión advirtiendo del peligro de que lleguen a gobernar aspirantes distintos a los de CD. También ha pedido a la población apoyar a los oficialistas “para que podamos repetir en 2014”.

Esa estrategia, opina Solís, es muy parecida a la de la entonces candidata Dilma Rousseff aupada por el presidente saliente Lula da Silva y que se percibió en abierta campaña para un futuro gobierno de “Lula sin Lula”.

VIGILANCIA CIUDADANA

Para Solís todo este asunto es de vital importancia “frente a tanta suspicacia que se levanta sobre corrupción, sobrecostos de obras, contratos amañados, tráfico de influencias, negocios de privilegiados con el gobierno, contrataciones de a dedo sin licitaciones transparentes y casos muy cuestionados de funcionarios cuyas actuaciones no han sido debidamente escudriñadas ni sancionadas. Las denuncias presentadas contra presidentes de países muy cercanos y las condenas de algunos de ellos por malversación de fondos y corrupción son ejemplos vivos que deben preocupar a las autoridades nacionales”.

Marín agrega: “A esto hay que darle seguimiento, no hay duda. Y ojalá, sinceramente le digo, no se abra la puerta a esa reelección, que en América Latina nos ha traído más cosas negativas que positivas”.

Y recuerda: “El centro de una democracia son los frenos y contrapesos: son los únicos que verdaderamente garantizan que no hay nadie por encima de la ley”.

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