EXTRADICIÓN

Expresidente Ricardo Martinelli cambia su estrategia de defensa

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Ricardo Martinelli está recluido en el Centro de Detenciones Federales; en febrero pasado estuvo a punto de ser beneficiado con una fianza de excarcelación. Archivo-LP Ricardo Martinelli está recluido en el Centro de Detenciones Federales; en febrero pasado estuvo a punto de ser beneficiado con una fianza de excarcelación. Archivo-LP
Ricardo Martinelli está recluido en el Centro de Detenciones Federales; en febrero pasado estuvo a punto de ser beneficiado con una fianza de excarcelación. Archivo-LP

El expresidente Ricardo Martinelli retiró “voluntariamente” los recursos que había presentado en tribunales estadounidenses para –de ese modo– facilitar su extradición a Panamá desde Miami, donde está detenido desde el 12 de junio de 2017.

Así consta en la moción que su abogado John Byrne presentó a última hora de la tarde de ayer ante la Corte Federal de Apelaciones del 11° circuito estadounidense, con sede en Atlanta.

La decisión de entregar a Martinelli a Panamá dependería del Departamento de Estado estadounidense.

Martinelli despeja la vía para su extradición

John Byrne ha sido abogado de Martinelli desde su detención y le acompañó en las cinco audiencias. Mónica Palm - Expandir Imagen
John Byrne ha sido abogado de Martinelli desde su detención y le acompañó en las cinco audiencias. Mónica Palm - LP

Ricardo Martinelli cumple hoy 347 días detenido en Miami –y 3 años y 4 meses desde que salió de Panamá–. Y parece decidido a que eso cambie: ayer, a última hora de la tarde, presentó una moción para retirar “voluntariamente” todos los recursos legales que había presentado en tribunales estadounidenses, facilitando así su extradición.

En las últimas dos semanas, tres hechos habrían influido en esta decisión: la convocatoria a primarias de su partido Cambio Democrático (CD), que serán el 12 de agosto –aunque constitucionalmente él no puede aspirar a la candidatura a presidente de la República-; las declaraciones de John Feeley, embajador de Estados Unidos hasta marzo pasado, que le contó a la revista New Yorker algunos detalles de la captura de Martinelli, en junio pasado, y –por último– la imposibilidad de adelantar la audiencia oral que la Corte Federal de Apelaciones del 11º circuito estadounidense, con sede en Atlanta, decidió celebrar el próximo 19 de julio.

El pasado miércoles, Martinelli anunció el despido de Marcos Jiménez –un exfiscal que hasta entonces lideraba su equipo legal en Estados Unidos- y la “renuncia” a los recursos presentados por sus abogados y que no habían sido resueltos aún por la Corte Federal en Atlanta: una apelación en contra de la decisión de la jueza Marcia Cooke, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, de negarle un habeas corpus en febrero pasado, y una solicitud para no ser extraditado hasta tanto se resolviera dicha apelación.

“Me estoy acogiendo a lo que dice el tratado de extradición de 1905 con su cláusula de especialidad”, comunicó Martinelli a través de una nota que escribió hace dos días, desde el Centro de Detenciones Federales de Miami, donde permanece desde su captura, el 12 de junio de 2017, cerca de su mansión en Coral Gables.

La moción fue presentada por John Byrne, que desde el principio ha trabajado con Jiménez en la defensa.

La decisión de entregar al expresidente a Panamá estaría ahora en manos del Departamento de Estado estadounidense.

La extradición fue gestionada a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, que lo procesa por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional en los dos últimos años de su mandato.

A Martinelli lo investiga la Corte Suprema -y no el Ministerio Público– por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque no participa en las sesiones del organismo desde enero de 2015, cuando decidió autoexiliarse y establecerse en Miami.

Martinelli cambia su estrategia de defensa Expandir Imagen
Martinelli cambia su estrategia de defensa

En Washington

El Departamento de Estado ya conoce el caso, porque Steven M. Larimore, secretario de la Corte del Distrito Sur de la Florida, le envió el 7 de marzo pasado el expediente junto a una copia certificada de la orden de extradición firmada por el juez federal Edwin Torres.

Los documentos fueron enviados al despacho del secretario de Estado, que ahora es Mike Pompeo, en reemplazo de Rex Tillerson.

El 31 de agosto de 2017, el juez Torres certificó la extraditabilidad por considerar que “siguen existiendo indicios de fiabilidad en este expediente de que Martinelli pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas las pruebas presentadas”, señaló en su fallo.

La decisión de Torres fue apelada por Martinelli a través de un habeas corpus, pero la jueza Marcia Cooke, también de la Corte del Distrito Sur de la Florida -aunque de una instancia superior a la de Torres–, negó sus pretensiones y avaló la entrega a Panamá.

¿Por qué el caso fue a Atlanta?

Porque la jueza Cooke consideró que Martinelli, aunque debe ser extraditado, no tiene por qué esperar encarcelado a que dicho proceso concluya. De ese modo, el 13 de febrero pasado le otorgó una fianza a cambio de un depósito de $1 millón y la obligación de permanecer en su residencia, bajo monitoreo las 24 horas, entre otras condiciones.

La reacción de los fiscales de Miami no se hizo esperar. Presentaron una moción de emergencia para impedir la excarcelación de Martinelli, advirtiendo que incrementaba el riesgo de fuga. Al día siguiente, Cooke dejó sin efecto la fianza, cuando se enteró de que los fiscales presentaron una apelación.

Martinelli también apeló en Atlanta. En su caso, cuestiona la decisión de la jueza de negarle el habeas corpus.

Para que la nueva estrategia de la defensa tenga mayor efectividad, tendría que haber algún entendimiento con los fiscales para que estos, a su vez, desistan de su apelación.

De lo contrario, el 19 de julio se celebraría la audiencia oral.

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