Martinelli manda en la Corte y en la Asamblea

La más reciente encuesta de Quantix señala que la mayoría opina que el Presidente dicta órdenes a diputados y magistrados.

No importa lo que diga la Constitución en cuanto a la separación de poderes. La mayoría de la población considera que el presidente, Ricardo Martinelli, controla los tres órganos del Estado.

La Carta Política en su artículo 2 señala que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial actuarán “limitada y separadamente”. Pero el 69.6% de los encuestados por Quantix Panamá opinó que Martinelli dicta órdenes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Lo mismo pasa en la Asamblea. El 75.8% señaló que el mandatario ejerce su influencia en los diputados (ver gráficas).

La encuesta fue aplicada a mil 28 personas el pasado fin de semana, y tiene un margen de error de 2.8%.

Tres en uno

Sergio Gálvez era un diputado que, hasta hace cuatro años, ostentaba un dudoso récord: el de más ausencias. Nunca había presentado un anteproyecto de ley y estaba en permanente “licencia”. Luego de las elecciones de 2009 y Martinelli presidiendo el país, prometió que sí cumpliría sus tareas de diputado.

Con una asistencia intachable, logró lo impensable: presidir la Asamblea. Y por dos períodos consecutivos. Lo malo es que los proyectos que ahora llegan al pleno que él preside son, en su mayoría, presentados por el Ejecutivo. A principios de mes, las sesiones plenarias no pasaban del período de incidencias, porque en agenda no había proyectos para discutir en segundo y tercer debate.

Gálvez también ha servido de escudo protector. Se niega a citar a funcionarios del Ejecutivo, argumentando que la Asamblea no es “una pasarela”. También se ha manifestado, en varias oportunidades, a favor de la reelección presidencial inmediata, algo que prohíbe el Código Electoral.

Moncada Luna no será –como Gálvez– copartidario de Martinelli. Tampoco es que le haga falta.

Exdirector de la Policía Técnica Judicial en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), fue miembro del PRD hasta inicios de 2009. En su carta de renuncia explicó que se iba a buscar votos para Martinelli. A finales de ese año, ya desde el Palacio de las Garzas, Martinelli lo nominó como magistrado, pese a que en campaña prometió que no colocaría a sus allegados en la Corte, alegando que “quien no la debe, no la teme”.

La documentación que debía presentar Moncada Luna para acreditarse como magistrado fue expedida a una sospechosa velocidad. En dos días se logró que la Sala IV de Negocios Generales le otorgara la certificación de idoneidad para ejercer como abogado, que el Ministerio de Gobierno firmara una resolución que lo declaraba apto para el puesto y que dicha resolución fuera publicada en Gaceta Oficial, como debe ser.

La esposa del hoy presidente de la Corte, María del Pilar, es funcionaria de la Presidencia de la República y labora en el Despacho de la Primera Dama.

Además, en enero de 2012, Moncada Luna conminó a Martinelli a que nombrara a los tres integrantes de la llamada Sala Quinta o de Garantías Constitucionales, luego de que un fallo declarara inconstitucional la derogación de este ente por parte de la presidenta Mireya Moscoso (1999- 2004). El repudio ciudadano que despertó dicha posibilidad obligó luego a que el propio Moncada Luna presentara un proyecto para formalizar, por esa vía, el cierre de la Sala Quinta.

Grupos de la sociedad civil organizada han advertido de que el país vive una debilidad institucional, ante la concentración de poderes por parte del Ejecutivo. En el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, elaborado por la fundación Konrad Adenauer y divulgado el pasado mes, Panamá registró un retroceso: de 6 puntos en 2012 a 5.2 en 2013 en desarrollo democrático (en una tabla en la que 1 representa “bajo desarrollo” y 10 es “alto desarrollo”).

Los resultados completos de la encuesta de Quantix Panamá están en el suplemento Pulso de la Nación, que circula hoy.

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