PROCESO

Martinelli pide al juez que interrumpa el proceso de extradición

La defensa sostiene que actúa de buena fe y que desconoce si la contraparte.

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Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli
Ricardo Martinelli Archivo

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), detenido en Miami desde el 12 de junio pasado, necesita 30 días para preparar la apelación contra su extradición, por lo que solicitó al juez federal Edwin Torres —de la Corte del Distrito Sur de la Florida— que no remita el caso al Departamento de Estado estadounidense antes del 30 de septiembre próximo.

Si ya el juez envió los documentos que certifican la extraditabilidad de Martinelli al Departamento de Estado, los abogados del exgobernante solicitan a Torres que emita una orden suspendiendo dicha entrega por un plazo de 30 días.

Así consta en una moción presentada por la defensa el pasado viernes, un día después de que el juez falló a favor de la entrega de Martinelli a Panamá, para que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.

Según recogió Torres en su fallo, existen indicios en el expediente de que Martinelli “pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas las pruebas presentadas”.

Martinelli —se informa en la moción de “urgencia”— pretende apelar el fallo de Torres, a través de un recurso de habeas corpus ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de la Florida, que está en Atlanta, Georgia.

La defensa sostiene que actúa de buena fe y que desconoce si la contraparte —es decir, el Estado panameño, representado por la Fiscalía de Miami— se opone a sus pretensiones.

La norma indica que una vez el juez emite su certificación, el caso se traslada al Departamento de Estado, ya que corresponde al secretario Rex Tillerson emitir la resolución final en la que se concede la extradición. Una vez el Departamento de Estado envíe dicha resolución a la Cancillería panameña, hay un plazo de 30 días para proceder con el traslado de Martinelli a Panamá, bajo custodia de agentes de la Policía Nacional, acompañados por representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Cancillería.

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