FISCALIZACIÓN

Alfredo Martiz, frente a los diputados

El director de la Caja de Seguro Social reiteró que se encuentra impedido para revelar los nombres de las empresas involucradas en posibles desfalcos a dicha entidad y aseguró que no está de acuerdo con que se privatice la institución.

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Alfredo Martiz habló durante cuatro horas en el pleno de la Asamblea Nacional. Alfredo Martiz habló durante cuatro horas en el pleno de la Asamblea Nacional.
Alfredo Martiz habló durante cuatro horas en el pleno de la Asamblea Nacional. Archivo - LP

Las querellas, denuncias y procesos administrativos a “empleadores infractores” suman $74.7 millones hasta el 27 de julio de este año, informó el director de la Caja de Seguro Social, Alfredo Martiz, quien compareció ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Martiz, quien dio la cara a los diputados casi cuatro meses después de ser citado, explicó que los procesos, querellas, denuncias y casos administrativos que la CSS ha abierto a “empleadores infractores” suman 8 mil 541, de los que el 60% se hicieron bajo su administración.

Adelantó que 20 nuevas auditorías se encuentran en proceso, cuyos resultados pondrá a consideración de las autoridades correspondientes, a fin de que lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

El fraude

En abril pasado, Martiz anunció al país que un sofisticado esquema fue utilizado por empresarios para evadir el pago de la cuota obrero patronal, lo que habría afectado el sensitivo programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Pero, ¿cómo se configuró el fraude o lesión patrimonial a la CSS? El funcionario explicó lo siguiente: “presumimos un vacío en la parametrización a partir de las facturaciones de oficio. Este permitía hacer modificaciones de planillas previamente pagadas”.

“Como están los estados financieros de la entidad [actualmente], en 2022 empieza el colapso”.

Ana Matilde Gómez Diputada independiente de la Asamblea Nacional.

En ese sentido, recordó que las falencias del Sistema de Ingresos y Prestaciones (SIPE), que comenzó a operar en el año 2012, permitía a los empleadores pagar la cuota obrero patronal de forma electrónica.

Recordó que le solicitaron al proveedor del SIPE los informes sobre los movimientos que se hacían en las planillas y quiénes los hacían, pero aseguró que solo recibieron información parcial, que luego fue enviada a la Dirección Nacional de Auditoría para que hiciera las investigaciones.

Indicó que en lo analizado por su administración, entre 2017 y 2018, “disponemos de 2 mil 223 querellas penales en concepto de retención indebida del pago de cuotas, inscripción y créditos fraudulentos”.

Martiz expresó que, por ahora, la investigación sobre estas irregularidades con el SIPE no han finalizado y se encuentran en diferentes etapas.

Auditorías especiales

También dio a conocer que la Dirección Nacional de Auditoría elabora auditorías especiales relacionadas con correcciones de planillas, que van de enero de 2014 a marzo de 2018, y confirmó que por recomendación de la Dirección Ejecutiva Nacional Legal retrocederá en el periodo de investigación hasta agosto de 2012.

Martiz no suministró los nombres de las empresas involucradas en estas irregularidades, pues argumentó que se encuentra impedido por la ley orgánica de la CSS. Lo que sí contó el funcionario es que hay cuatro colaboradores de la institución destituidos por estos casos.

Una vez Martiz contestó las preguntas por las que fue citado al pleno legislativo, los diputados empezaron a consultarle sobre otros temas relacionados con la entidad.

¿Cómo están los estados financieros del IVM?, le preguntaron.

El director de la CSS contestó que en este momento la Contraloría General de la República audita los números desde 2012 a la fecha, y precisó que la auditoría se inició en diciembre de 2017.

Durante su disertación, Martiz apeló por un presupuesto “multianual” y por un pacto por la salud.

Médicos, al banquillo

A las 8:30 p.m., cuando solo quedaban unos cuantos diputados en el pleno, Martiz contó que la Contraloría le dio una lista con los nombres de médicos que no cumplen con su trabajo en la CSS, ya que tienen compromisos con clínicas privadas.

Añadió que pedirá una investigación sobre este aspecto al Ministerio Público.

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