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Mayoría de detenidos en Punta Coco, ligada a clan Úsuga y cartel de Sinaloa

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El Gobierno panameño reabrió a finales de 2018 el penal de Punta Coco, luego de que efectuó adecuaciones al centro ubicado en la Isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico. Cortesía El Gobierno panameño reabrió a finales de 2018 el penal de Punta Coco, luego de que efectuó adecuaciones al centro ubicado en la Isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico. Cortesía
El Gobierno panameño reabrió a finales de 2018 el penal de Punta Coco, luego de que efectuó adecuaciones al centro ubicado en la Isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico. Cortesía

La mayoría de los 13 detenidos en Punta Coco, en Isla del Rey, están presuntamente vinculados a los carteles del clan Úsuga en Colombia, y al de Sinaloa en México, según las autoridades policiales.

Siete de los 13 recluidos en Punta Coco fueron detenidos en el extranjero por presuntamente traficar la droga desde Colombia hacia Panamá y desde aquí despacharla a México para el cartel de Sinaloa.

El clan Úsuga o clan del Golfo es el principal cartel de la droga de Colombia que opera en 17 departamentos de ese país y que, según las autoridades, cuenta con más de 3 mil hombres.

El cartel de Sinaloa, también conocido como el cartel del Pacífico, opera en la mayoría de los estados de México.

Los 13 detenidos en Punta Coco

Un total de 7 de los 13 detenidos que hay actualmente en la cárcel de Punta Coco -ubicada en la Isla del Rey, en el Pacífico panameño- fueron detenidos en el extranjero por su supuesta vinculación con los carteles de la droga de Colombia y México.

Los restantes también figuraban en la lista de los más buscados y de alta peligrosidad por la Policía panameña por sus presuntas vinculaciones a crímenes, pandillerismo y narcotráfico.

Uno de los detenidos de mayor peligrosidad de ese grupo es Moisés Murillo Barberena (alias Moi), quien fue detenido en Panamá en una operación conjunta con la Policía colombiana.

A Moi se le vincula a una de las pandillas que tiene su radio de acción en la ciudad de Panamá y también se le atribuye ser el cabecilla de la red criminal Kill the Nasty, que según las autoridades dejó de ser una pandilla para convertirse en una organización criminal ligada al clan Úsuga, uno de los más importantes carteles de la droga en Colombia.

Informes de la Policía colombiana detallan que Murillo, de 42 años de edad, tenía estrechos vínculos con los cabecilla del clan Úsuga.

De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, Murillo coordinaba el envío de drogas desde Colombia hacia las costas de Panamá, en donde era entregada a los miembros de Kill the Nasty y luego era transportada hacia el Cartel de Sinaloa en México.

Murillo fue detenido tras la Operación Omega, en la que se capturaron cuatro toneladas de droga. En ese operativo se descubrió que la droga llegaba a Panamá a través de los puertos de Manzanillo, Cristóbal (en el Atlántico) y Balboa (en el Pacífico). De allí eran enviados a México.

Murillo fue detenido junto a otras 18 personas.

También fue investigado por su presunta participación en la muerte de una profesora en Río Abajo en 2012, pero en 2015 se declaró ilegal su detención.

El pasado 6 de febrero, Murillo enfrentó una audiencia en el Juzgado Segundo Penal por delitos relacionados con drogas por su presunta participación en una red criminal asentada en Río Abajo, la cual fue desmantelada. En esa acción se detuvo a 33 personas y se decomisaron dos toneladas de cocaína.

Otro detenido en Punta Coco es José Cosio, considerado por las autoridades como uno de los delincuentes más buscados. Fue detenido el 30 de abril de 2015 en Costa Rica y deportado a Panamá.

Sus antecedentes penales señalan que el 15 de agosto de 2005 se le vinculó con el hurto de $2.5 millones al Banco de China en la Zona Libre Colón. Por este delito se le condenó a seis años de prisión, pero salió de la cárcel un año antes.

En 2010 es detenido en Estados Unidos y condenado a la pena de 72 meses por el delito de intención de distribución de cocaína y asociación ilícita. En este caso el procesado solicitó culminar su condena en Panamá, por lo que fue enviado a la cárcel La Joya. De ese penal fue trasladado a la cárcel de Nueva Esperanza, en Colón, donde privó de libertad a un subteniente de la PN y es nuevamente llevado a La Joya.

El 30 de septiembre de 2014 se fuga de la cárcel La Joya y se refugia en Costa Rica, donde meses después es capturado y deportado.

Azael Ramos De Gracia, de 35 años de edad, está en el grupo de detenidos en el penal de máxima seguridad.

Está presuntamente vinculado a la comisión de delitos de tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y homicidio.

Ramos también tiene en su registro dos fugas, una de ellas fue el 20 de octubre de 2008 cuando, junto a otros cinco internos, se escapó de la cárcel La Joyita, pero fue recapturado el 23 de septiembre de 2009.

Luego, el 26 de marzo de 2010, durante un traslado al Hospital Santo Tomás, él y otros internos hieren a uno de los custodios y se escaparon. Pero dos años después fue recapturado y llevado nuevamente a La Joyita.

Carlos Enrique Mosquera es otro de los reos de alta peligrosidad. Se le vincula con la incautación de 320 kilos de cocaína, varias armas de guerra y autos de lujo en una finca en Sajalices, Chame. La incautación se produjo en el marco de la Operación Calitín.

A Mosquera se le vincula con el diputado del Partido Revolucionario Democrático Alfredo Pérez, porque ambos aparecen como directivos de la empresa Versage International, Co. S.A. Además, ambos son dignatarios en Rapid Cash, S.A. y Agro Darién, S.A.

El otro reo es Ricaurte Villasanta, quien fue capturado en Cartagena, Colombia, el 21 de marzo de 2016, tras ingresar ilegalmente a ese país por la región del Chocó, Darién.

Según las autoridades colombianas, se encontraba en ese país coordinando el envío de drogas hacia Panamá por esa región.

El interno se había fugado de la cárcel El Renacer el 20 de junio de 2008 y tiene pendiente una condena en Costa Rica de 41 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.

También está en Punta Coco Germán Eliécer Chanis, alias Fakir, quien fue detenido en Tapachula, México, en enero de 2018 y extraditado a Panamá.

A Chanis se le vincula con delitos relacionados con drogas. El detenido enfrenta varios procesos relacionados con droga y homicidio.

Las autoridades estiman que Fakir actúa como enlace entre organizaciones criminales colombianas y mexicanas dedicadas al narcotráfico para facilitar el transporte de droga.

En el penal también está Juan Sebastián González Varela, quien fue detenido y expulsado de Colombia por su presunta vinculación al tráfico de drogas. Fue arrestado en el municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia, en donde mantenía contactos con redes del narcotráfico.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Drogas, se presume que González viajaba con frecuencia entre Panamá y Colombia para coordinar los envíos de drogas.

Carlos Enrique Candanedo Yau, mejor conocido como Chino Candanedo, es otro de los recluidos en el penal insular. Estaba prófugo desde 2015 y fue detenido en Colombia junto a Ismael Cueto Bethancourt, en julio de 2017. A ambos se les requería en Panamá por su vinculación al delito de pandillerismo. A la vez, se les vincula con el Cartel de Sinaloa, México.

Candanedo Yau usaba en Colombia el nombre de Isaac David González y se le vincula como presunto cabecilla de la pandilla El Trébol, que fue desarticulada el 13 de enero de 2017. Tras ser deportado a Panamá, fue puesto a órdenes del Órgano Judicial para ser procesado.

Ismael Cueto Bethancourt, otro de los detenidos, tiene investigaciones por presunto pandillerismo y narcotráfico.

Según las autoridades colombianas, Cueto Bethancoourt mantenía contactos con miembros del clan Úsuga.

Luis Manuel Hernández Ureña, Eliécer Aikam Chanis Zaldívar y Gamaliel Isaí Cooper Pineda figuran entre los detenidos en Punta Coco presuntamente vinculados a casos de pandillerismo y narcotráfico.

El último en ingresar a Punta Coco, el jueves 7 de febrero pasado, fue Manuel Domínguez Walker, detenido en 2018 en la operación El Gallero.

Según la investigación llevada por la Fiscalía de Drogas, la red liderada por Domínguez Walker introducía la droga por las costas de la provincia de Los Santos y luego la sepultaba en lugares seguros, para posteriormente enviarla por tierra en vehículos con doble fondo hacia Centroamérica. Las autoridades separaron al alcalde del distrito de Los Santos Eudocio Pany Pérez por su presunta participación en esta red. Sin embargo, después un tribunal ordenó su reintegro.

A la red se le vincula con el decomiso de 2.1 toneladas de drogas, de 1.2 millones de dólares, 28 vehículos de lujo, 4 residencias y un local comercial para eventos bailables.

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