POLÉMICO PROYECTO DE LEY

Médicos temen privatización

Mientras que 200 médicos del hospital Santo Tomás decretaron un paro de labores, el director de la CSS informó que se opone al proyecto.

Los médicos especialistas del hospital Santo Tomás (HST), y el ministro de Salud, Franklin Vergara, se reunieron ayer para tratar el proyecto de ley 349 que establece la Asociación Público Privada.

El encuentro entre médicos del HST y el Gobierno se da después de que los primeros decretaran un paro indefinido de labores desde ayer, por considerar que la iniciativa promoverá la privatización de los servicios públicos del país.

Néstor Vega, coordinador de los médicos especialistas, dijo que la Asociación Público Privada abre las puertas para la externalización, privatización o tercerización de los servicios en las instituciones públicas. “Esta ley pone en juego nuestra estabilidad laboral y en peligro todas las conquistas que se han dado”, agregó.

Vega explicó que esa norma permitiría a las empresas unirse al Gobierno para contratar o prestar servicios, lo que afectaría de una u otra manera la gestión de los bienes públicos, ya que “actividades como la educación y la salud solo se verían como un negocio y no como un servicio”.

No obstante, durante la reunión Vergara planteó a los médicos la intención de los diputados de la Asamblea Nacional de modificar el artículo uno, en el que se excluiría de esta ley al Ministerio de Salud.

A pesar de ello, los médicos coincidieron en que no se trata solamente de un asunto que debe excluir a la salud, sino también a la educación, al agua y otros servicios.

Los especialistas sostendrán hoy una asamblea con sus bases con el propósito de definir el futuro del paro. Aunque, según Vega, lo más probable es que este se mantenga hasta que se suspenda la discusión del proyecto en segundo debate en la Asamblea y se hagan las consultas ciudadanas.

Por su parte, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, indicó que su institución no puede ser parte de este proyecto, ya que contrasta con normas expresas y consagradas en la Ley 51 de 2005 orgánica de la institución. Para Sáez-Llorens, el artículo 70 de la Ley 51 prohíbe “externalizar servicios que la CSS provea para sí y sus asegurados”.

El director envió una misiva al Ministerio de Economía y Finanzas para dar a conocer estas inquietudes.

Un proyecto que abre paso a la ´privatización´

Las Asociaciones Público Privadas (APP) serían una alternativa al régimen tradicional de contratación, en el cual el sector público y el sector privado podrán contratar la construcción, el financiamiento, la operación, el mantenimiento o la prestación de servicios del Estado utilizando mecanismos no tradicionales mediante la ejecución de un contrato de prestación de servicios al Estado.

El artículo 22 es el que más preocupa a los gremios médicos, docentes y de trabajadores. Según ellos, con esto se abriría las puertas a la privatización de la educación, la salud, el abanderamiento de naves, el Registro Público, e incluso el servicio que presta el Canal de Panamá y otros servicios públicos.

El artículo 22 (sin excepción de servicios que prestan entidades públicas) establece los siguientes requisitos de un proyecto de prestación de servicios bajo el esquema de las APP:

1. Su naturaleza debe implicar la celebración de un contrato de servicios de largo plazo, entendiendo por tal aquel cuyo plazo no sea inferior a cinco años.

2. Los servicios que se presten a través de un contrato de servicios de largo plazo bajo el esquema de APP deberán justificarse mostrando que se logran mejores estándares de servicio, se disminuyen los costos y se cumplen de manera más eficiente los objetivos institucionales que la entidad contratante tiene asignados.

3. La prestación de servicios debe hacerse con los activos que el contratista construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o del sector público, o que provea por sí, o por un tercero o por el sector público con base en lo requerido por la entidad contratante y de conformidad con el contrato de servicios de largo plazo”.

El proyecto se discute en segundo debate en la Asamblea.

Gustavo Aparicio O.

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