PINCHAZOS

Juez Jerónimo Mejía: el demandado es Ricardo Martinelli, no el Estado

Cuatro querellantes presentaron solicitudes de resarcimiento económico por más de $55 millones por daños y perjuicios tras los pinchazos.

¿Quién paga?

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El expresidente Ricardo Martinelli acudió ayer a una cita con un oftalmólogo, por lo que la audiencia fue suspendida a las 11:27 a.m. por el juez de garantías, Jerónimo Mejía. El expresidente Ricardo Martinelli acudió ayer a una cita con un oftalmólogo, por lo que la audiencia fue suspendida a las 11:27 a.m. por el juez de garantías, Jerónimo Mejía.
El expresidente Ricardo Martinelli acudió ayer a una cita con un oftalmólogo, por lo que la audiencia fue suspendida a las 11:27 a.m. por el juez de garantías, Jerónimo Mejía. Ana Rentería - LP

El expresidente Ricardo Martinelli provocó una nueva polémica al culminar ayer otra sesión de la audiencia por los pinchazos.

Cuando salía de la sala del Segundo Tribunal Superior, gritó a los periodistas : “Si me condenan políticamente, es el Estado panameño el que tendrá que pagar, porque yo era el presidente de la República”.

Lo señalado por Martinelli también fue ratificado por su defensa en la audiencia. El abogado Sidney Sittón anunció: “En el evento de que mi representado sea declarado penalmente responsable”, solicitará que la causa sea trasladada a la  Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo  de la Corte.

Estos planteamientos surgen luego de que cuatro de los seis querellantes en la acusación contra el expresidente Martinelli presentaron solicitudes de resarcimiento que suman unos $55.9 millones por supuestos daños y perjuicios causados por la interceptación de sus comunicaciones y las violaciones a su intimidad.

Piden resarcimiento

El abogado Eliodulfo Palacios, en representación de la excandidata presidencial perredista Balbina Herrera, dijo que la indemnización por daños y perjuicios morales y emocionales ocasionados a su cliente alcanzan $30 millones.

En tanto, al sustentar su solicitud de indemnización, el también perredista Mitchell Doens afirmó que se trata de $20 millones, ya que, por órdenes de Martinelli, se subieron a las redes sociales conversaciones de él con familiares, amigos y clientes, que le causaron daños a su imagen y honra, y pérdidas económicas en su actividad laboral.

Por su parte, Yovan Jaramillo, abogado del periodista Rubén Polanco, calculó que los daños y perjuicios a este suman $5 millones, tomando en cuenta que después de lo sucedido padece de un trastorno persecutorio delirante, según lo revelan exámenes sicológicos.

David Cuevas, en representación del querellante autónomo Rosendo Rivera, dijo que el monto de la afectación a su cliente alcanza $955 mil.

Los querellantes Mauro Zúñiga y Juan Carlos Navarro no presentaron acción resarcitoria, aunque comunicaron al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, que posteriormente podrían presentar una demanda civil contra el exmandatario Martinelli.

Martinelli, responsable

Frente a los alegatos de la defensa, Mejía recordó que el demandado es “Ricardo Martinelli y no el Estado”. 

Aclaró, empero, que la posible responsabilidad del Estado no necesariamente tiene que ser ventilada en la Sala de lo Contencioso Administrativo, como lo planteó Sittón, y, más bien, podría debatirse ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia si se llegase a dictar un fallo condenatorio.

También dijo que es potestad de los querellantes interponer demandas civiles una vez acabe el proceso penal.

Balbina Herrera y Mitchell Doens precisaron que sus solicitudes de indemnización están dirigidas directamente a la persona de Ricardo Martinelli porque, a su juicio, él era responsable directo del Consejo de Seguridad Nacional y dio las órdenes para los seguimientos y pinchazos.

A su vez, el abogado David Cuevas detalló que en ningún momento su cliente –Rosendo Rivera– ha pensado en demandar al Estado en este caso y que el responsable de pagar cualquier indemnización es Martinelli.

¿Limpio?

Martinelli, además, escribió una nota –repartida a los periodistas tras concluir la audiencia–, en la que aseguró que no tiene “un real” para pagarle indemnización a las víctimas, en caso de que resulte condenado en el proceso de las escuchas.

Sin embargo, en septiembre de 2015, cuando se autoexilió en Miami, Estados Unidos (EU), Martinelli dio declaraciones a medios internacionales, se desligó de los casos de corrupción en su gobierno que para esa fecha se descubrían y afirmó: “Siempre he sido un hombre rico, siempre he tenido... todo el pueblo conoce quién soy, lo que he hecho y de dónde viene mi dinero, no tengo necesidad de robar”.

Después de que fue detenido por agentes federales en Miami en junio de 2017, comenzaron a descubrirse en su mansión de Coral Gables más de sus lujos y propiedades en ese país.

El expresidente y su familia están ligados a mansiones y apartamentos en Estados Unidos con un valor de, al menos, $10.5 millones; y tres vehículos de lujo, entre ellos, un Bentley valorado en $216 mil, según una publicación de este diario.

Por la mansión de Coral Gables Martinelli pagó $8.2 millones. Además, es dueño de un apartamento en el piso 19 del edificio Atlantis, en el número 2025 de Brickell Avenue, zona conocida por sus condominios de lujo.

También tiene otros dos apartamentos en la lujosa avenida Brickell Avenue.

Asimismo, el expresidente propuso al juez federal Edwin Torres una millonaria fianza para salir en libertad cuando estaba detenido en Miami durante el proceso de extradición.

Martinelli propuso un paquete consistente en el 10% de una fianza de $5 millones, más otra fianza personal de $2 millones. Adicionalmente, ofreció entregar en garantía su avión privado.

Escrito de acusación

En la audiencia de ayer, el juez Mejía dio por terminada la fase de corrección del escrito de acusación, luego de que el abogado de Rosendo Rivera concluyera con la adecuación de una serie de observaciones hechas por la defensa de Martinelli.

Hoy, la audiencia será reanudada a las 3:00 p.m., ya que los magistrados Harry Díaz, fiscal, y Jerónimo Mejía deben asistir a la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema, que se inicia a las 9:00 a.m.

Para hoy está programado tratar la pertinencia de los testigos de la fiscalía.

¿Quién paga?

Enfoque. Las acciones resarcitorias y reclamos por daños y perjuicios supuestamente causados por el caso de los pinchazos, presentan el cuestionamiento jurídico de ¿quién responde por las afectaciones causadas por un servidor público?

Este análisis es para efectos didácticos, y no constituye una afirmación de responsabilidad penal del expresidente de la República.

La responsabilidad civil del Estado puede ser de dos clases: contractual y extracontractual. La primera se genera por el incumplimiento de una obligación adquirida por el Estado en razón de algún contrato, por ejemplo, la falta de pago a un proveedor de medicamentos. La otra clase de responsabilidad, la extracontractual, se genera por acciones u omisiones del Estado que afectan a terceros. Por ejemplo, la mala praxis de los médicos de instituciones de salud públicas.

Como en muchas situaciones, existen importantes vacíos legales sobre esta temática. Quizás si la Asamblea Nacional dedicara más tiempo a su verdadero trabajo, y no a los almojábanos y a las planillas, el país tendría el cuerpo legal completo y sistemático que merece. En ausencia del mismo, hay que recurrir al vetusto Código Civil (1916), cuyas normas generales de responsabilidad civil extracontractual se aplican al Estado, en particular los artículos 1644 y 1706.

La esencia del debate jurídico de este tema es determinar si el Estado responde cuando la conducta que ocasionó el daño es un delito. La jurisprudencia más reciente, por ejemplo, en un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, reiteró, el 13 de mayo de 2015, que la responsabilidad civil del Estado se origina cuando el servidor público ejerce sus funciones en propiedad.

El tipo de daño ocasionado por un delito es denominado como daño antijurídico. Lo usual ha sido que el Estado no responda por este tipo de afectación. Sin embargo, en los casos en que el Estado es considerado como responsable por daños y perjuicios extracontractuales por la acción u omisión de un funcionario, el Estado mantiene el derecho a repetir, es decir, cobrar lo que se haya pagado como indemnización por daños y perjuicios a la persona que causó el daño. En Colombia, la Constitución en su artículo 90 sí hace responsable al Estado por el daño antijurídico. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas...”

El autor es abogado

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