Cuando la democracia tembló

Memorias de una época oscura para el país

Hace dos años que Martinelli abandonó el país en medio de un proceso judicial. Aquí recordamos una parte de cómo era su gobierno.

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El expresidente Ricardo Martinelli partió hace dos años hacia el Parlamento Centroamericano, organismo que durante su gestión llamó‘cueva de ladrones’, para ocupar la curul de diputado. El expresidente Ricardo Martinelli partió hace dos años hacia el Parlamento Centroamericano, organismo que durante su gestión llamó‘cueva de ladrones’, para ocupar la curul de diputado.

El expresidente Ricardo Martinelli partió hace dos años hacia el Parlamento Centroamericano, organismo que durante su gestión llamó‘cueva de ladrones’, para ocupar la curul de diputado. Foto por: Archivo

El desaparecido Frente por la Democracia defendió en las calles el orden constitucional. El desaparecido Frente por la Democracia defendió en las calles el orden constitucional.

El desaparecido Frente por la Democracia defendió en las calles el orden constitucional. Foto por: Archivo

La oposición trataba de impedir el plan reeleccionista de Martinelli con la aprobación de la Sala Quinta. La oposición trataba de impedir el plan reeleccionista de Martinelli con la aprobación de la Sala Quinta.

La oposición trataba de impedir el plan reeleccionista de Martinelli con la aprobación de la Sala Quinta. Foto por: Archivo

Ricardo Martinelli sale de Panamá para una reunión en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). La noticia se dio a conocer a las 10:10 a.m. del miércoles 28 de enero de 2015.

El hombre que gobernó esta nación en el quinquenio 2009-2014 abandonaba el país en medio de una investigación que le iniciaba la Corte Suprema de Justicia, por supuestos delitos contra la administración pública, a raíz de la compra de comida deshidratada por $44.9 millones durante su mandato.

Partió a la ciudad de Guatemala, donde está la sede del Parlacen, el foro centroamericano que un día bautizó como “cueva de ladrones”. Su avión privado salió del país a las 9:19 a.m. y aparte del exmandatario llevaba como pasajeros a Alma Cortés, exministra de Trabajo; Charlote Bronzino y Sebastián González, representantes del partido Cambio Democrático (CD) en el Parlacen.

“No tengo nada de qué esconderme”, dijo a un canal de televisión regional que lo entrevistó ese día. También les aseguró que las acusaciones a su secretario privado Adolfo Chichi De Obarrio, [prófugo] eran “ilógicas e irracionales”. Por aquellos días una fiscalía anticorrupción buscaba indagar a De Obarrio, también por el caso de la comida deshidratada.

En el Parlacen no fue bien recibido. “Martinelli no tiene inmunidad. Si el parlamento panameño no da inmunidad, tampoco la damos nosotros”, manifestó Rafael Espada, el entonces vicepresidente del organismo, en una sala repleta de periodistas, y políticos que esperaban que el Parlacen se pronunciara sobre el futuro judicial de uno de sus diputados. Por ley, un presidente de la República de Panamá cuando termina su periodo, automáticamente tiene derecho a un puesto en el Parlacen.

Abandonó Guatemala la tarde del jueves 29 de enero. En el istmo los medios de comunicación seguían el rastro de su avión a través de una página en internet. La nave, con matrícula N799RM, hizo escala en el aeropuerto Opa-Locka, de Florida, después apareció en Canadá, y más adelante fue detectada en Irlanda. En Panamá, su vocero, Luis Eduardo Camacho, daba entrevistas en la televisión y en la radio, en las que decía que su jefe tenía múltiples reuniones con líderes mundiales para dar a conocer la violación a sus derechos humanos. Nunca dio los nombres de las personas con las que supuestamente Martinelli se reuniría.

Días después, el expresidente empezó a divulgar mensajes en Twitter desde Miami, Estados Unidos, lugar donde presuntamente vive hoy día. Desde allí analiza la realidad del país, reta a sus adversarios, da consejos políticos, se reúne con sus seguidores, y de vez en cuando aparece en bares y restaurantes con amistades. La Corte Suprema de Justicia, en tanto, mantiene abiertos al menos una docena de procesos en su contra.

El más adelantado es el que se le sigue por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Este caso surgió a raíz de que el Ministerio Público pusiera a consideración de la Corte un expediente de una fiscalía especial donde se da cuenta de que durante la administración pasada se habrían violado las comunicaciones de, al menos, 150 personas. Actualmente, la máxima corporación de justicia tramita su extradición.

Lo defiende un extenso equipo de abogados en el que figuran un exprocurador, varios exfiscales y juristas expertos en defender políticos con cuentas pendientes en el Ministerio Público. Sin darle la cara a la justicia desde las redes sociales le ha prometido a los panameños que su partido, Cambio Democrático, volverá a gobernar a partir de 2019. Garantiza que “el cambio” regresará. ¿Cómo era “el cambio” a dos años y medio de gobierno?

Justamente, el 26 de enero de 2012, la Asamblea Nacional, entonces presidida por el diputado de CD Sergio Gálvez, sesionó hasta la medianoche para intentar aprobar el proyecto de ley que le daba vida a la polémica Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados opositores de esa época, aglutinados en una reducida bancada del Partido Panameñista (una buena parte había saltado a las filas de CD) y un temeroso Partido Revolucionario Democrático (PRD), argumentaban que con esa propuesta legislativa Martinelli buscaba inmunidad para no rendir cuentas por los escándalos de corrupción y, además, pretendía la reelección.

El proyecto finalmente fue aprobado tiempo después, pero una vez convertido en ley tuvo que ser derogado por la presión ciudadana que en las calles se opuso a la medida.

Para entonces el país reclamaba conocer detalles del acuerdo con el conglomerado italiano Finmeccanica para adquirir equipo de seguridad por $250 millones. El ministro de Seguridad Pública de la época, José Raúl Mulino, quien se negaba a dar información sobre la millonaria compra por considerar el pacto de carácter confidencial por asuntos de seguridad, denunció lo que consideraba una “campaña” por parte de los medios de comunicación y de opositores.

Precisamente, la sociedad civil era el blanco constante de los ataques. Por ejemplo, el empresario I. Roberto Eisenmann libraba una batalla jurídica con la Dirección General de Ingresos (DGI), que estaba al mando de Luis Cucalón (hoy en arresto domiciliario) luego de que se le acusara de evadir impuestos en perjuicio de la Autoridad de Turismo de Panamá. Eisenmann, crítico de la gestión de Martinelli, denunció que se trataba de “una auditoría política” por decir que Martinelli se había convertido en “un destructor de instituciones”.

Ese enero también tuvo relevancia la construcción de la cinta costera tres, un proyecto que estaba a cargo de la empresa Odebrecht. Federico Suárez, ministro de Obras Públicas, pasó por alto la Ley de Transparencia al negar información sobre el desglose de los costos y el diseño de la millonaria obra. Para entonces, a la constructora se le habían aprobado tres estudios de impacto ambiental para distintos componentes: un rompeolas turístico, la nueva avenida de Los Poetas, y la interconexión de la avenida de Los Poetas con la Balboa.

El M inisterio de Obras Públicas (MOP) incluso pagó más de un cuarto de millón de dólares a la empresa Cinco Sentidos Publicidad para que divulgara el plan de reordenamiento vial. El MOP licitó un túnel y se construía un viaducto. Suárez tampoco le dio respuesta a esta interrogante sobre la megaobra, que dos años después en la campaña presidencial de 2014, el llamado gurú del mercadeo, el brasileño Joao Santana (hoy investigado por el caso Odebrecht), se encargaría de promocionar.

“Era el rey”. Así se autoproclamó un día, y tenía todos los motivos para sentirse así. Su partido CD tenía el control de la Asamblea, luego de que se consolidara el transfuguismo masivo. Diputados que eran del PRD y de su exaliado Partido Panameñista terminaron en las filas del colectivo del presidente de la República. Sin esfuerzo aprobaban leyes, mientras calladamente había millonarios fondos de las partidas circuitales, dinero que hasta hoy no se sabe cómo fue invertido, ya que se está a la espera de auditorías de la Contraloría para saber si los 71 diputados se gastaron, al menos, $700 millones. Esta cifra la dio a conocer el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.

Pero Martinelli también controlaba la Corte, y se le acusaba de usar a instituciones como la DGI como instrumento para perseguir a sus detractores. La Conferencia Episcopal Panameña, que no suele hacer referencia a asuntos políticos, se pronunció incluso para advertir que el país no estaba a salvo del regreso del autoritarismo. Se les unieron los partidos políticos de oposición y grupos de la sociedad civil, quienes manifestaron que la democracia y la institucionalidad estaban en peligro. Advirtieron también del deseo del Ejecutivo por controlar el Tribunal Electoral, único organismo al que los tentáculos de Martinelli no alcanzó. “Este es un país que no merece un gobierno del estilo de Ricardo Martinelli. Es un gobierno autoritario, y cuyo único fin, por más que lo niegue, es perpetuarse en el poder, y todo lo que está haciendo es para lograr ese objetivo. El próximo paso es tomarse el Tribunal Electoral”, dijo, el 14 de enero de 2012, Francisco Sánchez Cárdenas, entonces presidente del PRD.

Uno de los escándalos que a comienzo de 2012 aún estaba en el imaginario colectivo fue el que se originó luego de que se diera a conocer que el Estado había cedido un terreno en Paitilla al vendedor de flores César Segura. Pero detrás de la transacción estaban dos comerciantes miembros del círculo cero de Martinelli: Gabriel Btesh (prófugo) y Felipe Pipo Virzi (con impedimento de salida del país mientras se investiga por varios casos). Segura pactó vender el terreno a Btesh y Virzi en $2 millones, pero, los medios de comunicación advirtieron del caso, y luego de un largo proceso judicial, la finca fue devuelta al Estado.

También estaba vivo el denominado caso Juan Hombrón, en el que estuvo directamente implicado Demetrio Jimmy Papadimitriu, el que era considerado la mano derecha de Martinelli. Resulta que Anabelle Villamonte, directora de Titulación, de la Autoridad Nacional de Tierras, adjudicó gratuitamente 54 hectáreas con frente de playa en Juan Hombrón (Coclé) a sociedades anónimas vinculadas a la familia de Papadimitriu.

Son solo algunos de los capítulos que vivió Panamá durante el gobierno de Martinelli, el hombre de las megaobras, de la danza de los millones, de las grandes promesas. El que una vez dijo que “se podía meter la pata y no la mano”.

Infografía de Ricardo Martinelli Expandir Imagen
Infografía de Ricardo Martinelli

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