MINISTRA DE GOBIERNO HABLA DE SITUACIÓN EN RECLUSORIOS para ADOLESCENTES

Méndez asegura que hoy no ocurriría otra tragedia

Mejoras a la infraestructura, capacitación del personal y aplicación de programas para reducir la violencia figuran entre las acciones ejecutadas.

LA PRENSA/Archivo LA PRENSA/Archivo
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Pasados 10 meses desde el motín ocurrido el 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, en el que se quemaron siete adolescentes encerrados en una celda y cinco de ellos murieron, el Ministerio de Gobierno afirma haber hecho los correctivos necesarios para evitar que un hecho como ese vuelva a ocurrir.

Tras responder esta semana un cuestionario enviado por este medio a finales del pasado mes de octubre, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, confirmó que ya fueron elaborados los manuales de procedimiento y protocolo para afrontar emergencias que antes de los sucesos del 9 de enero no existían, y además informó que se ha capacitado al personal administrativo y de custodia para responder en situaciones como las descritas.

En términos generales, la ministra aseguró que desde 2009 el Instituto de Estudios Interdisciplinarios puso en marcha un plan estratégico para los seis reclusorios de menores que hay en el país, pero reconoció que, pese a los esfuerzos e inversiones, los resultados no han sido tan acelerados como consecuencia del considerable nivel de deterioro que registraba la infraestructura y por el estancamiento propio del sistema.

Detalló que hasta la fecha se ha invertido un millón 174 mil dólares en la rehabilitación de tres centros y 11.5 millones de dólares más en la construcción del nuevo reclusorio de Pacora, este último con recursos del Programa de Seguridad Integral.

Y en relación con el hacinamiento en los internados, que era uno de los principales problemas del sistema –tal como lo es en las cárceles para adultos–, Méndez precisó que en el presente hay 315 adolescentes detenidos ( Ver tabla) y que la capacidad de los seis reclusorios del país es para 272 jóvenes; es decir, hay 43 jóvenes de más.

Después del incendio del 9 de enero, el Ministerio de Gobierno anunció que revisaría los protocolos de actuación de los estamentos de seguridad dentro de las cárceles en general. ¿Cómo va este proceso?

Desde agosto de 2009 el Ministerio de Gobierno elaboró su plan estratégico para cada una de las dependencias que dirige, de las cuales el Instituto de Estudios Interdisciplinarios forma parte. Su plan operativo se sustenta en cuatro ejes que abarcan la infraestructura, los programas de rehabilitación y reinserción de los adolescentes, la capacitación de los recursos humanos y la seguridad.

Es necesario aclarar que las acciones que ejecuta el Instituto en los seis centros de custodia y cumplimiento a nivel nacional han sido debidamente planificadas; sin embargo, las condiciones de deterioro en las que se encuentran los centros, generadas por la ausencia de mantenimiento de la infraestructura y de una considerable inversión atendiendo las necesidades reales no permiten avanzar de manera vertiginosa en los planes, pues es necesario atender las urgencias e imprevistos.

Con relación a los protocolos de actuación de los estamentos de seguridad dentro de las cárceles en general, ya se cuenta con manuales de procedimientos y protocolos ante emergencias, pues la institución no contaba con ellos. En la actualidad se encuentran en una etapa de revisión y validación.

¿En qué quedaron las investigaciones administrativas hechas luego de estos acontecimientos y los ocurridos en el centro de custodia en junio?

Los sucesos ocurridos el mes de enero en el Centro de Cumplimiento de Tocumen son categorizados por el Ministerio de Gobierno y por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios como un hecho criminal en el que participaron funcionarios internos y externos a la institución, y por tal razón todos se pusieron a órdenes de las autoridades judiciales.

Como parte de las medidas administrativas adoptadas, los tres funcionarios involucrados fueron separados de sus cargos y puestos a órdenes de la autoridad competente, que hace la investigación de rigor ante la esfera penal.

Actualmente, la investigación penal por esta causa se encuentra en fase conclusiva, por lo que se está a la espera de la elaboración y emisión por parte de la Fiscalía [Primera Superior] de la vista fiscal.

Contra la directora del centro, Iris Cedeño, fue emitida una medida cautelar de detención preventiva que luego fue sustituida por una menos gravosa, consistente en la comparecencia a notificarse cada 15 días ante el despacho judicial. Esta decisión fue apelada y está para su revisión ante el Segundo Tribunal Superior.

En tanto, a los custodios Guillermo Ábrego y Alexander De Gracia se les aplicó una medida cautelar consistente en la detención preventiva, que se mantiene.

En cuanto a los sucesos del mes de junio en el Centro de Custodia de Arco Iris, el personal de seguridadresponsable fue destituido y se presentaron denuncias penales ante la DIJ [Dirección de Investigación Judicial].

La sociedad civil hizo inspecciones en los centros de custodia y cumplimiento de Tocumen luego de los sucesos del 9 de enero pasado y concluyó, entre otros aspectos ,que “las condiciones de reclusión de los menores son infrahumanas, incompatibles con el respeto de los derechos humanos y contraproducentes para el conjunto de la sociedad”. ¿Ha habido alguna mejora desde esa fecha hasta el presente?

Como parte de las acciones planificadas para mejorar las condiciones de los jóvenes recluidos se han invertido 279 mil dólares en mejoras para la infraestructura del Centro de Custodia y Cumplimiento de Chiriquí; otros 252 mil dólares en el Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera; y 643 mil dólares en el Centro de Custodia Arco Iris de Tocumen, 334 mil dólares de estos para reparar losdestrozos después de los hechos de junio pasado.

En materia de rehabilitación, y sobre todo para resolver los problemas generados por las pandillas, se estableció un alianza estratégica con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y con la Fundación Jesús Luz de Oportunidad, una inversión de 19 mil 500 dólares. También se aplican dos programas dirigidos a desarrollar habilidades para la vida y el rescate de los valores de los menores, y 30 líderes espirituales desarrollan acciones para disminuir la violencia.

Además, se han acondicionado las áreas de estudio y capacitación para mejorar las condiciones y hacerlas propicias para la formación, y se ha suplido con equipamiento de materiales didácticos y juegos para la ejecución de programas con metodologías innovadoras de atención a población en condiciones de privación de libertad y vinculación con pandillas.

En lo que respecta al recurso humano, se ha incrementado el personal de seguridad capacitado en la Academia de Formación Penitenciaria, y afianzado la preparación de los custodios antiguos. Asimismo, se ha contratado a psicólogos, trabajadores sociales y educadores para completar el equipo técnico.

Sobre la seguridad, se construyen cercas perimetrales, corredores para la circulación del personal de seguridad externa y torres de vigilancia, y se han adquirido implementos básicos para el trabajo de los agentes, así como detectores de metales.

El hacinamiento en los reclusorios para menores era uno de los principales problemas que confrontaba el sistema. De hecho, entre 2008 y 2010 hubo un aumento de 70% en la población penitenciaria. ¿Cuál es la realidad actualmente?

La superpoblación en los centros de custodia y cumplimiento es de 15.8%, destacándose el Centro Aurelio Granados hijo de Chiriquí, con 64%; el Centro de Custodia Arco Iris en Panamá, con 62.6%; y el Centro de Cumplimiento de Tocumen, con 3%. Los otros 3 centros de Colón, Herrera y Chiriquí no están hacinados.

El nuevo centro de reclusión de Pacora podría convertirse en la principal solución a los problemas del sistema de detención de menores. ¿Ya está listo?

La infraestructura de este centro –cuya construcción está en su fase final– tendrá los estándares adecuados para garantizar la ejecución de programas de atención integral para la rehabilitación, el respeto por los derechos humanos y las especificaciones de seguridad adecuadas para la contención de la población.

Su capacidad será de 192 adolescentes y estos deberán estar condenados y ser menores de 18 años.

Si hoy ocurriera una tragedia en un centro de menores como el sucedido en el de Tocumen en enero pasado, ¿el Ministerio está listo para afrontar la situación y evitar un desenlace como el visto en aquellos hechos?

Sí. Tanto el personal de seguridad como el técnico ha sido entrenado por los organismos de atención de emergencias del país y contamos con protocolos y manuales.

DESEMPEÑO.

Roxana Méndez, psicóloga, trabajó con Casa Esperanza desde 1992 hasta 2009, cuando resultó elegida vicealcaldesa de Panamá y se le nombró asesora de la comuna capitalina, pero al poco tiempo renunció por diferencias con el alcalde Bosco Vallarino. Desde 2010 es ministra de Gobierno. Preside el frente femenino de Cambio Democrático.

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