Azuero, Veraguas y Chiriquí

Migración de la población ocasiona cierre de escuelas

Datos del Meduca dan cuenta de que este año tuvieron que cerrar centros escolares en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas. Los educadores fueron reubicados en otras áreas de esas regiones.

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En Los Santos, unos 65 centros escolares han cerrado en los últimos 20 años. En Los Santos, unos 65 centros escolares han cerrado en los últimos 20 años.
En Los Santos, unos 65 centros escolares han cerrado en los últimos 20 años. Archivo

La migración de la población en el interior del país durante los últimos años viene causando el cierre de varios centros escolares en las provincias de Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Herrera por falta de matrícula.

De acuerdo con informes estadísticos del Ministerio de Educación (Meduca), en la región de Azuero (Herrera, Los Santos y Veraguas) fueron cerradas unas 15 escuelas en los últimos 5 años, mientras que entre las provincias de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé suman otros 6 centros, aunque en el caso de la comarca el cierre se debió a razones de “seguridad”.

PERSONAS SE TRASLADAN

El director general de Educación, Miguel Bazán, subrayó que este fenómeno se percibe más en los centros escolares de atención primaria, los cuales se quedan sin alumnos, porque los padres se trasladan hacia otros lugares en busca de mejores oportunidades laborales.

Bazán expresó que esta migración también se observa con frecuencia en comunidades “muy rurales”; es decir, donde la población no es numerosa y las escuelas tienen pocos alumnos.

Además, explicó que el movimiento migratorio no se observa solo en la población adulta, sino también en los adolescentes, quienes abandonan la escuela para buscar oportunidades de empleo en otros sitios.

DISTRITOS AFECTADOS

Los distritos de Macaracas, en la provincia de Los Santos; Las Minas y Pesé, de la provincia de Herrera; y Barú, en la provincia de Chiriquí, son los lugares con mayor incidencia de infraestructuras escolares vacías por falta de alumnos.

Por ejemplo, las cifras del Meduca precisan que este año cerraron tres escuelas en el distrito de Macaracas.

Además, en los últimos cinco años sucedió algo similar con seis centros escolares: dos en Barú, Chiriquí, y cuatro en Las Minas y Los Pozos, de Herrera.

La directora regional de Educación en la provincia de Los Santos, Bélgica de Ayarza, coincidió con Bazán en que la migración es lo que está afectando el funcionamiento de las escuelas.

De Ayarza dijo que este comportamiento demográfico es causado por la necesidad de los cabezas de familia de buscar una mejor calidad de vida para los suyos.

“Una de las causas frecuentes por las que las personas de estas comunidades, sobre todo de los campos, abandonan sus hogares, es por falta de empleo”, indicó la funcionaria.

Sostuvo, empero, que no se trata de un fenómeno nuevo, porque durante los últimos 20 años el número de centros escolares que fueron cerrados asciende a unos 65 en Los Santos.

Un caso distinto que terminó con el cierre de un centro escolar ocurrió en el área de Ño Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé. Allí, clausuraron la escuela Alto de Corrales, porque cuando llegaron los cuatro educadores que impartirían clases se percataron de que la propiedad estaba invadida por los propios indígenas, en medio de una disputa territorial.

Para brindar seguridad a los docentes y los estudiantes, el Meduca decidió trasladarlos a otras escuelas.

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Migración de la población ocasiona cierre de escuelas

LAS ESTRUCTURAS VACÍAS

La directora regional de Educación de la provincia de Los Santos dijo que en el caso de esa región planifican un proyecto para darle mantenimiento preventivo a las escuelas vacías, lo que incluye la limpieza total de las estructuras.

Añadió que en otros casos el centro es entregado a la comunidad, para que sean los residentes los que lo mantengan y lo utilicen como centro de reuniones.

Por su lado, el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, lamentó que las escuelas de estas áreas estén cerrando, sobre todo en Los Santos, donde el fenómeno se siente con mayor fuerza.

Vásquez indicó que junto al Meduca trabajan en un convenio para utilizar estas estructuras y desarrollar otros proyectos de carácter social y comunitario.

Sin embargo, resaltó que los trámites “burocráticos” están atrasando el proceso, porque deben contar con documentos legales que los faculten para su uso.

El ministro expresó que en la provincia de Los Santos ubicaron cinco instalaciones que pueden utilizar para poner en marcha iniciativas como la construcción de un centro social, que desarrollarán con el apoyo de la diócesis de Chitré y Los Santos.

Este centro estará ubicado en El Macano de Guararé y fue inspeccionado por el equipo técnico de arquitectura e ingeniería del Ministerio de Desarrollo Social.

A su vez, el Consejo Municipal de Guararé ya dictó una resolución para favorecer la creación del centro social, pero aún no concluyen los trámites para usarlo.

Por su lado, el presidente de la Confederación de Padres de Familia de la República de Panamá, Eliazar Gómez, sostuvo que el cierre de las escuelas es un situación que los “inquieta”, debido a los efectos que tiene en la población.

Gómez agregó que facultaron a todos los presidentes de comités de área para que realicen un recorrido por las escuelas de su responsabilidad, a fin de conocer cómo terminó el año escolar y las condiciones de los centros escolares.

Al justificar este fenómeno demográfico, el activista indicó que los padres de familia siempre procuran dar las mejores oportunidades a sus hijos, pero aportó que, a veces, esas oportunidades no se encuentran en sus lugares de origen.

El informe de la Contraloría General de la República Migración interna reciente en Panamá reveló que entre los distritos donde se hizo evidente la pérdida de población joven (15 años a 29 años de edad) están Barú, en la provincia de Chiriquí, y Soná, en Veraguas.

Mientras, los distritos de Macaracas, en la provincia de Los Santos, y Los Pozos y Las Minas, en Herrera, aparecen con las mayores tasas de migrantes, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, elaborado por la Contraloría.

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