SEGUNDO DÍA DE AUDIENCIAS SOBRE VENEZUELA EN LA OEA

Militares develan plan

Militares en retiro narraron cómo fueron perseguidos por oponerse a actividades ilegales y que las instrucciones bajan de la Presidencia.

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Igor Nieto Buitrago, excapitán de la fuerza armada. Tomado de Flckr Igor Nieto Buitrago, excapitán de la fuerza armada. Tomado de Flckr
Igor Nieto Buitrago, excapitán de la fuerza armada. Tomado de Flckr OEA/Juan Manuel Herrera

Tres militares retirados del Ejército de Venezuela participaron ayer en la segunda audiencia que efectuó la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir si el Gobierno de Venezuela podría haber cometido delitos de lesa humanidad durante la gestión del presidente Nicolás Maduro.

La sesión fue presidida por el exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, asesor especial para este tema nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La jornada buscaba determinar la existencia de planes que puedan haber sido usados para cometer crímenes.

Igor Nieto Buitrago (excapitán) fue el primero en prestar testimonio. Explicó cómo los Planes República —que se activan para los procesos electorales— eran direccionados para manipular los resultados, en complicidad con el presidente del Consejo Nacional Electoral (entre los años 2003 y 2005), con quien el responsable militar se reunía en secreto. Aseguró que las instrucciones de sus superiores eran dadas por el propio presidente Hugo Chávez.

También detalló cómo, en 2008, por estar en contra de una acción violatoria de leyes y tratados —como era la triangulación de una venta de armas de Irán hacia un país de Suramérica, en época del bloqueo, a través de una empresa que dirigía el entonces presidente Chávez— se le abrió una investigación y fue perseguido por espacio de dos años, hasta que logró huir del país.

Al relatar las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de su caso, también denunció que la jurisdicción militar creada en 2004 mantiene una estructura piramidal en la que el presidente de la Corte Marcial tiene el control absoluto de todos los tribunales militares, lo que ejerce de facto. Aseguró que el fiscal general militar y sus fiscales responden a las instrucciones que imparte el ministro de la Defensa y que también participa la dirección de Contrainteligencia Militar que depende del presidente de la República. “Tenemos un círculo vicioso que lejos de aplicar la justicia da cumplimiento a las órdenes superiores”, afirmó.

Cuestionado por el exfiscal Moreno Ocampo cómo podía estar seguro de lo que decía, indicó, entre otras cosas, que el juez de control que llevó su caso, a cuestionamientos suyos le contestó: “Estamos cumpliendo una orden del ministro”.

Por otro lado, dijo tener certeza de que los familiares de los exiliados son perseguidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Ellos han hecho sistemático el comprometer a los familiares directos de las personas (...) son citados, son llevados a declarar”, dijo.

El segundo en relatar su experiencia fue José Gustavo Arocha (ex teniente coronel), quien detalló haber sido objeto de tres investigaciones “montadas” con el objetivo de disminuir su capacidad de liderazgo y tener la oportunidad en cualquier momento de meterlo preso, ya que de alguna manera había tenido contacto con opositores. Y así sucedió en 2014, cuando ya no era parte del Ejército —pidió la baja y tenía una empresa—; aseguró que le “sembraron” dinero en su oficina y con una pistola en la nuca lo “invitaron” a ir a una entrevista.

Ese día quedó preso en una celda del Sebin; luego, se lo llevaron hacia el sector denominado “La Tumba”—un lugar que se encuentra cinco pisos bajo tierra— con el propósito de hacerlo firmar una declaración en la que dijera que María Corina Machado y Pedro Mario Burrelli (a quienes conocía) y Antonio Ledezma estaban conspirando contra el presidente. Era mayo de 2014. Había fuertes protestas. Leopoldo López ya estaba preso.

Arocha narró cómo estando en esa tumba, de la que no existe registro en el expediente, llegó a ser interrogado varias veces por un fiscal y por el entonces director del Sebin, Gustavo González López, quien fue ascendido a general en jefe del Ejército en junio pasado.

¿Lo obligaron a firmar una declaración?, pregunta Moreno Ocampo. “Sí”, fui llevado ante un juez solamente para la declaración, después de seis meses de estar allí. ¿El fiscal fue siempre el mismo? “Sí”.

¿Cuando lo trasladan a ‘La Tumba’ su familia es informada? “No”.

¿Y en el expediente judicial queda una constancia? “No. La tumba queda en la sede principal del Sebin. No, de eso nadie sabe nada, es totalmente arbitrario”, aseguró.

¿El fiscal le pedía lo mismo que el Sebin? "Era una copia al papel carbón", indicó.

¿Con quién acuerda su declaración? “Con el director de Contrainteligencia”, responde, y añade que cuando le pidió qué garantía tenía de que si firmaba saldría de allí, este le respondió que “el presidente lo garantizaba”.

Añadió que luego de firmar lo pasaron directo de “La Tumba” a su casa, acompañado de tres custodios. Poco después huyó del país.

El último militar en retiro en declarar fue Herbert García Plaza, exmayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que terminó su carrera de 31 años como viceministro de la Defensa para los Servicios, entre 2010 y 2013, año en que asume la presidencia Nicolás Maduro.

García Plaza hace una presentación en la que explica cómo se politizan las ayudas del gobierno, comenzando con los alimentos subsidiados, que la justicia en Venezuela solo obedece a la estructura de gobierno y que es el “Ejecutivo nacional el que ordena abrir o cerrar procesos” y cómo el Plan Zamora, puesto en marcha en el marco de las protestas que se desarrollaron a partir de abril pasado, tenía el objetivo de convertir el territorio nacional en “un teatro de operaciones”, a partir de lo cual se abría la posibilidad jurídica de aplicar la justicia militar. 

En el caso de las cadenas de alimentación detalló cómo el procedimiento de entregar alimentos subsidiados a personas en pobreza y pobreza extrema fue modificado para priorizarlo de forma política con base en dos indicadores: la población electoral y el grado de simpatía o de adhesión de la persona al proceso ideológico que lidera el gobierno. 

¿Qué ocurría con las parroquias donde había pobreza extrema y no se cumplían los criterios?, preguntó Moreno Ocampo. 

Los inventarios se veían mermados y las estructuras del Mercal, que era una bodega que estaba para atender a 100 familias, tenía inventario solo para 10 o 12, indicó. “Cabe destacar que la discusión sobre la no posibilidad de la aplicación de este plan de alimentos subsidiados fue discutido directamente, vía telefónica, con el presidente Maduro”, advirtió García Plaza, a quien el mandatario llamó porque había recibido denuncias de diputados oficialistas de que él había eliminado los mercados populares.

Yo le dije, agregó, que eso no era cierto, que había que cubrir las estructuras creadas durante el gobierno de Chávez y con personas en pobreza y pobreza extrema. El presidente dijo que estaba de acuerdo, pero que tenía que ser flexible en la posibilidad de cumplir ambas misiones, añadió. 

Por otro lado, García Plaza aseguró que el objetivo de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia fueron generar una alteración del orden público a fin de aplicar el Plan Zamora por una supuesta vulneración de la seguridad de la nación y llevar entonces a la supuesta necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para lograr la paz. 

García Plaza detalló que en la estructura del Plan Zamora la cabeza es el presidente Maduro, así como lo es en el llamado Comando Antigolpe, que fue creado ante “la suposición de que estaba en marcha un golpe de Estado”, y donde las órdenes eran ejecutadas por el Sebin y el Comando Nacional Antisecuestro. Al dar ejemplo de algunas de las acciones desarrolladas mencionó una operación hecha en un edificio donde estaban reunidos opositores y otra en la que militares violentaron portones de edificios con tanquetas e hicieron allanamientos sin órdenes porque las personas estaban protestando. 

¿Cuál es el impacto que tiene establecer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en materia de orden interno?, cuestionó Moreno Ocampo. 

El ex mayor general concluyó: Hacia esa constituyente todos los poderes que hoy existen deben estar subordinados. ¿Qué pasa en las elecciones del 15 de octubre anunciadas y los que resulten electos? Tendrán que ir a la ANC y rendir subordinación, quien no lo haga tendrá la posibilidad de ir a un proceso jurídico por desacato que pudiese terminar en que tengamos no solo a la decena de alcaldes presos que tenemos, sino a unos cuantos gobernadores presos o fuera del país. Lo mismo sucederá en 2018 cuando elijamos al presidente, porque la ANC estará en vigencia supuestamente por dos años. 

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