AUDITORÍAS REVELAN SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN GOBIERNOS LOCALES

Millonario despilfarro en las juntas comunales

Diputados y representantes de corregimiento se aliaron para manejar millonarios fondos entre 2009 y 2014. Salen a relucir las anomalías detectadas.

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Irregularidades en cifras. Irregularidades en cifras.
Irregularidades en cifras.

El contralor Federico Humbert confirmó ayer lo que fue denunciado después de las elecciones de 2014: el manejo irregular de millonarios fondos que los diputados de todos los partidos representados en la Asamblea Nacional traspasaron a juntas comunales y municipios del país, con el propósito de esquivar controles y usarlos, muchas veces, con criterio político.

En conferencia de prensa, Humbert informó que la Contraloría General de la República detectó el manejo de $247 millones que fueron transferidos por diputados a juntas comunales entre 2009 y 2014. “Nos quedan amplias dudas de que los dineros entregados hayan llegado a los verdaderos beneficiarios”, manifestó.

Detalló que los auditores encontraron facturas falsas, documentos alterados e incluso advirtieron el manejo de $20 millones sin sustentación alguna.

Precisó que también hallaron $50 millones producto de transacciones que no tenían factura fiscal.

Más temprano, Humbert entregó las auditorías a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell. Se trata de 220 cajas con la información que los auditores de la Contraloría examinaron.

El caso será analizado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que deberá solicitar al Juzgado Quinto de lo Penal que reabra el caso, el cual fue archivado en 2015 de manera provisional, en espera, precisamente, de estas auditorías.

CONTRALOR HUMBERT: 'TIENE QUE HABER JUSTICIA'

“En este país tiene que haber justicia”, declaró ayer el contralor de la República, Federico Humbert, al revelar algunos puntos que contienen las 186 auditorías realizadas a las juntas comunales y municipios a través de las cuales los diputados del período 2009-2014 manejaron sus partidas circuitales. 

En conferencia de prensa realizada la tarde de ayer, Humbert detalló que en las auditorías, que calificó como las más grandes que se han realizado en el país, se encontraron irregularidades, como la de un solo beneficiario que recibió más de medio millón de dólares en ayuda económica.

También citó una empresa a la que se le depositaron en un solo día seis cheques por $14 mil 900 cada uno, e hizo referencia a facturas falsas y en algunos casos con fecha de presentación anterior a la impresión; así como a documentos falsificados, entre otras anomalías.

Dijo que se auditaron $319 millones, y se verificaron casi 300 mil transacciones contables registradas entre 2009 y 2014.

Precisó que un total de $247 millones fueron asignados a los diputados del periodo anterior y quienes transfirieron esos fondos a las juntas comunales para supuestas ayudas económicas, entrega de bolsas de comida, compra de instrumentos musicales, reparaciones, entre otras asignaciones (ver tabla).

PARTIDAS PARA PARTIDOS

El contralor reveló que las auditorías determinaron que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) manejaron $158.8 millones; 7 del Molirena, $36.2 millones; y 18 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) recibieron $34.7 millones.

Otros 10 diputados de la bancada del Partido Panameñista se vieron beneficiados con partidas por $17.1 millones y un diputado del Partido Popular manejó $492 mil.

Humbert: ‘tiene que haber justicia’ Expandir Imagen
Humbert: ‘tiene que haber justicia’

“Casi todos movieron dineros y los manejaron a través de las juntas comunales y municipios”, destacó Humbert, quien señaló que también figuran actuales diputados de la Asamblea Nacional que resultaron reelectos en las elecciones de 2014. “Nos quedan amplias dudas de que los dineros entregados hayan llegado a los verdaderos beneficiarios”, advirtió.

CÓDIGO SECRETO

Detalló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) identificaba a cada diputado con un código alfanumérico, que fue descifrado por los auditores.

Aseguró que las juntas comunales cobraban una comisión del 10% del monto manejado y el resto, 90%, quedaba a disposición del diputado para gestionarlo como lo considerara.

“Encontramos facturas falsas, documentos alterados, encontramos muchas cosas que dan que decir de la forma en la que tiene que trabajar un funcionario”, dijo, y agregó que en al menos $20 millones no existía documento alguno que sustentara las transacciones.

“Encontramos 50 millones de dólares de transacciones que no tenían factura fiscal”, agregó.

Indicó que la información ha sido remitida al Ministerio Público para su investigación penal, pero también será llevada a la Fiscalía de Cuentas y ante la Dirección General de Ingresos, para que se determinen responsabilidades patrimoniales y tributarias contra el Estado.

NIEGA MATIZ POLÍTICO

El contralor negó que los resultados de estas auditorías respondan a un propósito político, debido a que se divulgan en medio de una disputa entre las actuales bancadas de los partidos políticos en la Asamblea Nacional por el control de la Comisión de Credenciales.

ENTREGA AUDITORÍAS

A primeras horas de la mañana, Humbert entregó a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, las 186 auditorías. 

Personal de la Contraloría ingresó en el edificio de la Procuraduría de la Nación, en Calidonia, las 220 cajas que contienen las auditorías y que fueron transportadas en un camión de la institución.

 

Las 220 cajas con los documentos llegaron a la Procuraduría General de la Nación en la mañana de ayer. Expandir Imagen
Las 220 cajas con los documentos llegaron a la Procuraduría General de la Nación en la mañana de ayer. LA PRENSA/Ana Rentería

“Nuestra responsabilidad era entregarlas al Ministerio Público para que en su momento evalúe los hallazgos y proceda cuando consideren necesario abrir procesos penales o mandarlos a la Corte, de encontrar vinculación de algún diputado”, expresó .

Entre las auditorías entregadas al Ministerio Público (MP) se encuentran las efectuadas a las juntas comunales de Nombre de Dios, Parque Lefevre, Mateo Iturralde, Betania, El Coco, Nuevo Emperador, Burunga, Bastimentos y Bella Vista.

También están las practicadas en las juntas comunales de Juan Demóstenes Arosemena, Chicá, Bahía Honda, Aguadulce, Soná, Santiago, Calobre, Sajalices, Belisario Porras, Dolega, 24 de Diciembre, Barrio Balboa, San Francisco y Río de Jesús, en Veraguas.

Por su parte, fuentes del MP explicaron que los informes de auditoría serán remitidos a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que luego de analizar los documentos evaluará si solicita la reapertura de la investigación, cuyas sumarias, adelantadas en 2014 por la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción, fueron calificadas con un sobreseimiento provisional por el juez quinto penal, Enrique Paniza.

En fallo del 5 de mayo de 2015, Paniza dictó el sobreseimiento provisional, en espera de las auditorías de la Contraloría. En esa época, la investigación giró sobre el presunto manejo irregular de $240 millones que se suponía fueron transferidos a 153 juntas comunales. 

EL ORIGEN

La investigación de este caso se inició el 13 de junio de 2014, tras publicaciones del diario La Prensa que dieron cuenta de la reaparición de “partidas circuitales” manejadas por diputados, las cuales fueron transferidas a las juntas comunales.

Fue el entonces ministro de Economía y Finanzas Frank De Lima quien reveló en el programa Lo Mejor del Boxeo, en junio de 2014, la lista de los diputados a quienes se había asignado las partidas circuitales: cerca del 80% pertenecía a la entonces bancada oficialista, conformada en ese período por CD y Molirena, que sumaban cerca de 43 diputados.

Para esa fecha surgieron las denuncias de que varios diputados habían obtenido su reelección por el uso de fondos públicos a través de las partidas circuitales que también sirvieron, según denunció la oposición política de esa época, para el transfugismo de diputados.

Según la lista que divulgó De Lima, entre los diputados de CD que lograron reelegirse y que transfirieron partidas están Mario Lázarus, Héctor Aparicio, Aris De Icaza, Fernando Carrillo, Sergio Gálvez, Noriel Salerno, Nelson Jackson, Vidal García, Rony Araúz, Rubén Frías, Edwin Zúñiga, Marylín Vallarino, Yanibel Ábrego, Raúl Hernández, Carlos Afú, Mario Miller, Dana Castañeda, Manuel Cohen y José Muñoz.

En la bancada del PRD se le asignaron partidas a los reelectos Elías Castillo, Crescencia Prado, Rubén De León, Leandro Ávila, Raúl Pineda, Crispiano Adames y Benicio Robinson.

Por la bancada panameñista gestionaron partidas los reelegidos Adolfo Valderrama, Luis Eduardo Quirós, Jorge Iván Arrocha, Miguel Salas, Carlos Santana, José Blandón y José Luis Varela.

En el Molirena recibieron partidas Miguel Fanovich, quien se reeligió en 2014, y Francisco Alemán.

También figura el diputado Jorge Alberto Rosas, que en los pasados comicios se reeligió por el Partido Panameñista.

LAS QUE MÁS RECIBIERON

Las juntas comunales que más dinero manejaron fueron la de Playa Leona, en La Chorrera ($6 millones) y la de Río de Jesús, en Veraguas, que recibió ($8.2 millones).

A la de Río de Jesús transfirieron partidas los actuales diputados de Cambio Democrático (CD) Carlos Afú, ($1 millón) y Noriel Salerno ($2 millones).

Freidi Torres y Rubén De León (reelecto), del PRD, también depositaron partidas en ese municipio.

A Playa Leona llegaron los depósitos de los entonces diputados oficialistas Marcos González (San Miguelito); Absalón Herrera (comarca Guna Yala); Rubén Frías (reelecto) y Luis Corbillón (La Chorrera).

La Corte Suprema de Justicia sería la encargada de investigar a los diputados y el Ministerio Público a los exdiputados y particulares.

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